Una mujer que no quiere pasar a la historia y ser recordada únicamente como «la enfermera de Hugo Chávez». En distintas oportunidades, se ha escuchado a Claudia Patricia Díaz Guillén (47 años) reprochar a la prensa cuando la califica de esa manera porque su repertorio académico del que saca pecho va más allá de una simple sanitaria.
En un trabajo publicado por ABC, se destaca que Díaz compaginó su carrera militar con otras dos carreras universitarias la de abogada y la de enfermería.
Su extraordinaria preparación académica, algo que se le cuestiona reiteradamente, fue su puerta de acceso en 2003 al equipo privado de médicos y enfermeras de Chávez, donde estuvo hasta 2011, año en el que fue diagnosticado con cáncer y los cubanos decidieron llevar con hermetismo su delicada situación de salud.
Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Díaz Guillén fue reubicada inmediatamente en un puesto de altísima responsabilidad económica en el país, la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, donde desempeñó funciones entre 2011 y 2013.
Desde esa oficina administraba un fondo multimillonario, Fonden, creado para depositar los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado por la Asamblea Nacional –en ese momento bajo el poder chavista–.
Desde allí se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a tasas favorables a cambio de cuantiosos sobornos.
El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de EE.UU. la acusó junto a su marido por los delitos de sobornos y lavado de dinero, por su presunta participación en una red «de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares» donde estarían vinculados el empresario Raúl Gorrín y el extesorero Alejandro Andrade.
Fortuna oculta en oro
Durante esos tres años al frente de Fonden, Claudia Patricia habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares, razón por la cual la Fiscalia de Venezuela la reclama y la acusa de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público.
La creatividad para ocultar la supuesta fortuna sorprendió al mundo cuando a principios de este año, la agencia AP reveló que la ex enfermera habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas.
Díaz habría comprado 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por AP. Su plan era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein y que estuviesen disponibles para ella y su hijo, una vez que él cumpliera los 18 años de edad.
Pero las investigaciones arrojaron años después que una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero se habría depositado en un banco suizo.
Una vez muerto Chávez, Nicolás Maduro la destituyó del cargo, según ella, por negarse a firmar unos documentos cuando el líder chavista estaba en su lecho de muerte. Su marido Adrián Velásquez, que fue edecán del presidente, también sintió las afiladas garras del régimen después de su fallecimiento. La enfermera llegó a decir que «lo amenazaron de muerte» y fue ahí cuando tomaron la decisión de huir del país.
Tras varias paradas, el matrimonio finalmente llegó a Madrid, una ciudad que es sabido ha acogido a tantos chavistas y familiares como sus fortunas. Sin embargo, sus tranquilos paseos por el parque del retiro se acabaron cuando fue detenida brevemente en 2018 por una orden cursada por el Gobierno de Venezuela donde pedían su extradición por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.
Después de cuatro meses de que la Audiencia Nacional hubiera dado luz verde para la extradición, un pleno compuesto por una veintena de magistrados rechazaron por mayoría su entrega por posible vulneración de derechos fundamentales que implicaría torturas y tratos crueles e inhumanos por parte del régimen de Maduro. Hoy en día, un informe de la misión de Observación de la ONU, señala al presidente venezolano y a otros altos cargos como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en el país.
La exresponsable del Tesoro venezolano y su esposo también están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de blanqueo cometido en España a consecuencia de la compra de una vivienda por 1,8 millones de euros en el lujoso barrio de Salamanca, donde tienen su residencia en la calle del Monte Esquinza.
Con información de ABC
