Diputados opositores rechazan suspensión
Viernes, 26 de Abril de 2013
Los legisladores del CLEB que fueron suspendidos, catalogaron la prohibición del derecho de palabra como una actitud de “desespero” del oficialismo. A lo que se suma la persecución política e ideológica a los empleados del sector público.
Ramsés Ulises Siverio
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Foto Aníbal Barreto
Una olla, una cucharilla, un megáfono y la voluntad de cumplir con su mandato. Esas fueron las “armas” con las que los diputados de oposición del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB) acometieron el “delito” de exigir su derecho de palabra en el parlamento regional. Es ése el “pecado” por el que hoy pagan “condena” de suspensión por 8 sesiones en el hemiciclo y el retiro del salario correspondiente.
Con esta sátira introductoria, el parlamentario regional, Luis Dimas, repudió la represión de la que fueron víctimas por parte de la directiva del CLEB, quien les cercenó el derecho de palabra por no reconocer la legitimidad del presidente de la República, Nicolás Maduro.
“Cercenarle el derecho de palabra a un diputado es cernearle el derecho de palabra a miles de venezolanos que votaron por una opción distinta y que representamos nosotros”, puntualizó el diputado, recordando que la fuerza política que representan pasó a ser mayoría en el estado en las pasadas elecciones presidenciales.
De ahí la reiteración de su rechazo a este tipo de medidas, por lo que exhortó a la bancada oficialista del CLEB, y a todos los parlamentos regionales del país, a restablecer el diálogo para ejercer sus funciones y darles respuestas a los ciudadanos.
“Nos podrán quitar las 8 sesiones de las que fuimos suspendidos, nos podrán quitar el salario, pero nunca nos podrán quitar la pasión de tener una Venezuela segura y un estado Bolívar donde abunde el progreso”, finalizó el diputado.
Los signos del “desespero”
La situación de censura no es solo en los parlamentos regionales. El ejemplo máximo proviene de la Asamblea Nacional, como lo recordó el diputado de ese hemiciclo, Andrés Velásquez.
El parlamentario se refirió a la crisis política que vive al país, evidenciada -a su juicio- no solo en la censura hacia los diputados opositores, sino en las amenazas y la persecución política contra los empleados públicos. Sin embargo, el mayor indicio del “desespero”, y que a su parecer les permite confirmar el triunfo de Capriles en las presidenciales del 14 de abril, es la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de celebrar la auditoría con la cual se comprometieron.
Esta última debe incluir todos los puntos acordados: conteo de papeletas, cotejo de actas y cuadernos de votación, aseveró Velásquez, quien rechazó los intentos del CNE de evitar la revisión de este último instrumento de sufragio. Supuso que si el ente comicial se negaba a hacer la auditoría estarían confirmando la existencia de un fraude electoral, frente a lo cual seguiría la introducción de un recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Llamo al pueblo a tener paciencia. Esta no es una lucha corta. Esta es una lucha que quizás nos tome mayor tiempo porque como ven, no quieren hacer auditoría. Esto también implicará que acudamos a organismos internacionales para poner en entredicho estos resultados electorales. Esa es la batalla que tenemos por delante”, consideró.
“Dejen el show”
El diputado de la Asamblea solo ve desespero en las filas oficialistas, ante la presión política que mantienen como fuerzas de oposición. Lo ratificó al conocer la creación de una comisión parlamentaria para investigar a Capriles, por lo que instó a la bancada roja a “dejar el show” en el parlamento.
Frente a esa situación, y ante las amenazas gubernamentales de encarcelar al candidato presidencial, Velásquez enfatizó “sin ánimos de guapetonería”:
“¡Échenle pichón, pues, échenle pierna. A meter preso a Henrique, para que vean a todas las madres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes y a todos los trabajadores, y a más de 8 millones de venezolanos en la calle defendiendo a su líder!”, manifestó Velásquez, quien criticó la negativa del gobierno de buscar la paz y la conciliación, sino de “trancar el juego” y a perseguir a la disidencia.
Al cierre de esta edición, el CNE no se había pronunciado sobre el ultimátum de Capriles, quien ya había advertido medidas de protesta en caso de no obtener respuesta. Hasta ahora todo es cuestión de tiempo.
Denuncia internacional
El diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez, informó que sus homólogos del CLEB introducirán un recurso de amparo para exigir la restitución de sus derechos políticos; esto además de un conjunto de movilizaciones populares hasta el Palacio Legislativo, en Ciudad Bolívar, para exigir el derecho a la representación.
Comentó que el caso lo presentarán los diputados de la Asamblea Nacional ante la Organización Interparlamentaria Mundial, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo, para lo cual ya están designadas las comisiones.
Velásquez agregó que la gravedad del caso del CLEB no solo radica en la suspensión de los diputados opositores, sino que esta se produce el mismo día en que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, debía presentar su memoria y cuenta en el parlamento.
“Se trataba de una estrategia montada, para que los diputados (opositores) no hicieran ningún tipo de denuncia sobre las irregularidades que llevan documentadas. Y si no las podemos presentar a nivel regional las vamos a presentar a nivel nacional”, finalizó Velásquez, destacando entre sus investigaciones la legitimación de capitales de empresarios con fondos públicos de la Gobernación.
