Corte IDH condena al Estado venezolano por trato en prisión a Díaz Peña
20 de julio de 2012 • 19:26
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Venezuela por la violación del derecho a la integridad personal de Raúl Díaz Peña, acusado de terrorismo y recluido durante más de seis años en condiciones precarias que afectaron su salud.
“El Estado de Venezuela es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”, dictaminó la Corte en una setencia dada a conocer este viernes en San José, donde se encuentra su sede.
Díaz permaneció recluido del 25 de febrero de 2004 hasta el 13 de mayo de 2010 en el Control de Aprehendidos, ubicado en El Helicoide de Caracas, acusado de participar en atentados terroristas perpetrados en 2003 contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas.
La Corte IDH consideró que durante el período de reclusión “las condiciones de detención eran sumamente deficientes”, entre otras cosas, por “la falta de acceso a la luz y ventilación natural, las salidas restringidas al aire libre, así como el encierro en las noches y con éste las restricciones de acceder al único baño disponible”, apuntó la sentencia.
“Asimismo, los servicios de asistencia médica durante su detención no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa, contribuyendo al deterioro progresivo de su salud”, estimaron los jueces.
“En definitiva, la Corte consideró que las condiciones de detención del señor Díaz Peña no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno”, afirma un comunicado de este tribunal internacional, un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre las medidas reparatorias, los jueces de la Corte regional ordenaron a las autoridades venezolanas publicar íntegramente la sentencia y pagar al demandante la suma de 15.000 dólares por daños materiales e inmateriales, así como 3.000 dólares por gastos legales a la organización Venezuela Awareness Foundation, que representó a Díaz.
Díaz Peña, actualmente de 38 años e inicialmente sentenciado a nueve años, ha negado cualquier vinculación con actividades terroristas y asegura ser víctima de persecusión del gobierno por sus posiciones políticas.
En setiembre de 2010, tras ser trasladado a un régimen de prisión abierta, Díaz salió clandestinamente del país y buscó refugio en Miami, Estados Unidos, donde tiene pendiente una solicitud de asilo político.
El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos por este caso y ha invitado a otros países latinoamericanos a “desmontar esa estructura decadente de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, según declaraciones recientes del canciller, Nicolás Maduro.
