Gritos y susurros en el Consejo Permanente de la OEA

Domingo, 03 de junio de 2012 | 4:30 am

LaRepública.pe

Ricardo Uceda/INFOS/

Uno de los enigmas de la Asamblea General de la OEA que mañana comienza en Cochabamba es la reacción de los cancilleres ante un planteamiento del secretario general, José Miguel Insulza, para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Una parte de los Estados está harta de la CIDH, pero no encuentra cómo sacársela de encima. Insulza también, y para tal efecto el 21 de mayo entregó un informe a los embajadores de la OEA en Washington.

El secretario general urgía a los Estados definir si la CIDH tenía atribuciones para dictar medidas cautelares o no. Las viene dando desde los años ochenta, como se sabe, pero Insulza hace notar que para ello carece de base explícita en la Convención Americana, el tratado que creó la CIDH y le confirió autonomía para administrarse. Mediante una cautelar, la CIDH puede detener la decisión de un Estado, manteniendo su brazo ejecutor en el aire hasta que se resuelva algún reclamo pendiente. A ningún gobierno le gusta eso.

Este año, la medida cautelar más llamativa fue la que pidió a Ecuador suspender los efectos de una sentencia judicial que, ante una demanda del presidente Rafael Correa, impuso el pago de 40 millones de dólares a los dueños del diario El Universo. Consideró la CIDH que, de consumarse el fallo, se produciría un daño irreparable a la libertad de expresión de los sancionados. Poco después, Correa desistió del juicio y quedó en evidencia que la medida cautelar había jugado un papel fundamental. Daño irreparable: esa es la situación que estas disposiciones buscan evitar en una  urgencia. Al Perú la CIDH se las pidió dieciséis veces en los últimos doce años. No es mucho en comparación con otros países.

El último extraditable

La más reciente fue en el 2010: le solicitó proteger a trescientos pobladores de Puerto Nuevo, que aducen ser víctimas de la contaminación causada por el plomo que Trafigura almacena en el Callao para ser embarcado. El 11 de abril pasado la CIDH le escribió al canciller Rafael Roncagliolo pidiéndole informes de lo que hizo desde entonces el Estado. Poco o nada según las evidencias y los  afectados, entre ellos niños del colegio María Reiche. De modo que el reclamo persiste, al igual que en el caso de una medida cautelar inmediatamente anterior, requerida por la CIDH en 2009 para evitar la extradición del ciudadano chino Wong Ho Wing.

Acusado de contrabando, Wong puede ser condenado a muerte de acuerdo con la legislación de su país, y desde que pisó Lima libra una desesperada batalla judicial para impedir que el gobierno peruano lo extradite como es su deseo. La CIDH admitió el caso para pronunciarse sobre el fondo, y mientras tanto solicitó al Perú abstenerse de resolver. La Corte Interamericana adoptó, por su parte, hasta seis resoluciones de medidas provisionales en el mismo sentido, renovando los plazos en la medida que se vencían. Y está a punto de emitir una séptima porque, pese a que el Tribunal Constitucional ya le dio la razón a Wong, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quiso que la Corte Suprema, vía una reinterpretación del fallo del TC, lo enviará de todos modos a China, donde, según arguyó, un reciente cambio legislativo ya no permitiría su fusilamiento. La CIDH lo ha puesto en duda, porque estos cambios se interpretaron a partir de textos parciales y mal traducidos.  En fin, no se sabe si Jiménez insistirá en su postura ni tampoco cuál será el sentido del informe de fondo de la CIDH, a conocerse en los próximos días. Wong deshoja margaritas en el penal Sarita Colonia.

El pasajero imprevisto

Para urgencias de ese calibre sirven las medidas cautelares. Aunque en ocasiones responden a pedidos de protección alarmistas, en muchas otras han salvado vidas y detenido la manaza del  Estado contra un ciudadano a punto de ser víctima de una injusticia. Es de ver, en estos dos casos del Perú, que los gobiernos pueden incumplirlas. Venezuela no solo las ignora sino que ataca sistemáticamente a la CIDH desde que empezó a pedirle proteger a medios de comunicación. En el 2003, el gobierno venezolano logró infiltrar un miembro en la Comisión, Freddy Gutiérrez, quien no tuvo empacho en declarar que sus medidas cautelares no eran de obligatorio cumplimiento. Lo dijo en México, produciendo el abandono del país de un peticionario para el que la CIDH acababa de pedir  garantías. Pero a nadie le sorprende que Venezuela ataque a la Comisión. Célebres son las palabras que dedicó Hugo Chávez a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón: Excremento puro, purito.

Por distintos motivos, otro Estado muy disconforme es Colombia, en conflicto interno y con cuatro millones de desplazados, al que le llueven medidas cautelares, algunas de ellas difíciles de cumplir
–como proteger a todo un pueblo– y para lo que gasta una millonada. Lo que más le disgusta, sin embargo, es figurar al lado de Venezuela y Cuba en el famoso Capítulo IV del informe sobre derechos humanos de la CIDH, dedicado a los países problemáticos. Un tercer Estado resentido resultó Ecuador, desde que la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es parte de la CIDH, empezó a requerirlo por sus atropellos contra periodistas. Este grupo, en el que se podría incluir a Honduras, con múltiples llamados de atención por los excesos posteriores al golpe, y a Nicaragua, por su seguidismo a Venezuela, nunca puso realmente en aprietos a la CIDH. El sistema tembló cuando subió al carro de los quejosos un pasajero imprevisto: Brasil.

En abril del 2011 la CIDH  dictó una medida cautelar para paralizar la construcción de la gigantesca represa de Belo Monte –la niña de los ojos de Dilma Rousseff– porque no se había consultado debidamente a las poblaciones indígenas afectadas. Brasil retiró a su embajador, dejó de pagar sus cuotas a la OEA y paralizó una donación al sistema interamericano de derechos humanos. Lo hizo con perfil bajo, al punto de que la mayor parte de los medios de comunicación brasileños no le dio importancia. En Washington, en cambio, fue como si hubiera estallado una bomba. En enero pasado Insulza no tenía cómo pagar sueldos en la OEA.

Tablero de ajedrez

Con Brasil entre bambalinas  comenzó un proceso para reformar la CIDH, en el que se colaron los más diversos intereses: Venezuela para quitarle poderes, Colombia para eliminar el capítulo IV, Ecuador para inutilizar la Relatoría para la Libertad de Expresión, Perú –también subido al carro por el juicio Chavín de Huántar– para eliminar toda posibilidad de que la CIDH actuara excepcionalmente si la causa está abierta en sede nacional, cuando cualquier estudio demostraría que esta excepcionalidad, como en el caso de Wong Ho Wing, es la única forma de impedir daños irreparables por actuaciones erróneas de los poderes judiciales. Se conformó un grupo que produjo recomendaciones adoptadas por unanimidad en el Consejo Permanente. Vistas con amplitud, no modificaban el estatu quo de la CIDH, autónoma para gobernarse y solo pasible de recibir consejos de los Estados. Pero en la letra chica estaba el detalle.

Las restricciones recomendadas a las Relatorías torpedeaban a la más dinámica y fuerte, la de Libertad de Expresión, que no podría tener más dinero que sus pares, ni emitir informe anual propio,  ni recibir donaciones directas de Estados, ni opinar claramente. Por acción propia, Catalina Botero recauda un millón de dólares anuales para proyectos de su Relatoría –a las otras las mantiene la OEA–, que en el igualitarismo insinuado tendría que devolver. Por eso estas recomendaciones causaron más de cincuenta artículos de protesta en medios del continente en favor del sistema interamericano que monitorea la libertad de expresión. La cifra hubiera sido mínima si se trataría de defender a la propia OEA.

Ahora bien, no todos los Estados tienen el mismo propósito. En el debate del 25 de enero, Uruguay, Panamá y Costa Rica defendieron a la Relatoría. Chile no lo hizo, pues no desea enojar a Ecuador por su diferendo con el Perú, pero en los días siguientes le entregó a Botero una donación de diez mil dólares, acto que las recomendaciones pedían no hacer. Colombia tampoco, pero le envió una carta a las organizaciones de prensa de su país asegurando que respetaría a la Relatoría. En privado el Canciller peruano le dijo lo mismo a la prensa, aunque el embajador Walter Albán no se refirió al tema en Washington. De lo cual se concluye que Venezuela y, especialmente, Ecuador son los enemigos declarados de Botero. En realidad, enemigos de la CIDH.

Estados Unidos y Canadá, aunque defienden a la Comisión, carecen de predicamento porque no firmaron el Pacto de San José y no le alcanzan sus decisiones. En cuanto a Brasil, no desea que le impongan grandes decisiones. Su Tribunal Federal Supremo se resiste a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana que ordenó al Estado sancionar setenta asesinatos de miembros de la Guerrilla de Araguaia entre 1972 y 1974, y anuló los efectos de la ley de amnistía de 1979. El gobierno tampoco quiere admitir que es un país peligroso para los periodistas, pese a que este año mataron a cuatro en cuatro meses y se cuentan 21 desde 1992. El 22 de mayo, en Texas, Marcelo Moreira, editor de TV Globo en Río de Janeiro y presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI), sorprendió al Austin Forum –una reunión anual que analiza la problemática de la prensa de las Américas– al revelar que su gobierno rechazó un plan de acción para proteger periodistas aprobado por la Unesco en abril pasado. Con el argumento de que en Brasil eso no es problema, se alió con  la India y Pakistán para bloquearlo.

–Brasil está detrás de las reformas planteadas a la CIDH  –dijo un miembro del Consejo Permanente–, pero no sale a decirlo. Para eso están Ecuador, Venezuela… y José Miguel Insulza.

El 25 de mayo se celebró en Washington una reunión informal en la que el secretario general presentó a los miembros del Consejo Permanente de la OEA su propuesta para reformar el estatuto de la CIDH. En realidad, era un informe de seguimiento a las recomendaciones acordadas hace cuatro meses. Venezuela, Ecuador y Brasil estuvieron enfáticamente a favor. En el resto de delegaciones, especialmente en la de Perú, se percibió disconformidad. Es que las medidas cautelares –el foco de atención de Insulza–, si bien no tienen base convencional, ya fueron legitimadas en la práctica.

La voz arrepentida

Aunque colgado del saco de Brasil, es posible que Insulza no consiga aprobar sus reformas en Cochabamba. Entonces continuará la tensión. ¿Por qué juega así Insulza? En los corrillos de la OEA hay evidencias de que desde sus inicios, en 2005, le molestó que la CIDH se resistiera a su influencia. Esto le quitaba toda capacidad de intermediar entre ella y los gobiernos en algunos asuntos peliagudos. Tampoco tiene posibilidad de imponer a los funcionarios principales. Por ejemplo, nombra pero no elige –lo hace la CIDH– al secretario ejecutivo, un tema que se volvió irritante. Su antecesor, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, quien tuvo que renunciar al mes de asumir el cargo para afrontar acusaciones de corrupción en su país, no pudo sacarse de encima a Santiago Cantón. Tampoco destituir, como lo anunció a la CIDH, al entonces Relator para la Libertad de Expresión Eduardo Bertoni. En cambio,  César Gaviria (1994-2004) jamás quiso intermediar entre los Estados y la Comisión y aprobó todos los nombramientos de funcionarios que esta le propuso. Acaso Insulza, con otro estilo, sienta que no es un verdadero jefe del sistema. Cuando los gobiernos van a la OEA en Washington es generalmente para hablar con la CIDH y no con el secretario general.

El 29 de marzo, en una reunión del Consejo Permanente, el embajador de Venezuela, Roy Chaderton, le recriminó a Insulza no haber destituido a Santiago Cantón, como lo ofreció a su gobierno en una reunión privada en Washington. Fue a cambio de su voto para que sea secretario general en el 2005. Chaderton recordó que, como hubo sucesivos empates entre Insulza y su competidor, el mexicano Luis Ernesto Derbez, podía pensarse que en realidad su elección se la debía a ellos.

–Nos arrepentimos de haber votado por usted –dijo Chaderton.

Insulza no desmintió al venezolano. Finalmente,  Cantón renunció por su voluntad, el año pasado, y transcurren sus últimos días en el cargo. Hay cinco finalistas en el concurso para reemplazarlo, entre ellos el actual Relator para la Libertad de Expresión de la ONU Frank La Rue y la peruana Sofía Macher.  Insulza ha declarado que “no aceptará presiones externas” para designar quién ocupará la secretaría ejecutiva de la CIDH, pero según el procedimiento establecido la Comisión elegirá y él pondrá su firma. Salvo que las cosas cambien en Cochabamba.

Gremios peruanos envían una carta al canciller Roncagliolo

Los gremios de periodistas y medios de comunicación peruanos le dirigieron ayer una carta al canciller Rafael Roncagliolo a propósito de la celebración de la 42ª Asamblea General de la OEA en Cochabamba, para solicitarle que defienda explícitamente la autonomía de la CIDH para evaluar las recomendaciones que le hizo el Consejo Permanente y se oponga a cualquier iniciativa que debilite a la Relatoría para la Libertad de Expresión. Mencionan recomendaciones que afectarían los recursos de esta, recordando que es la única que no recibe financiamiento de la CIDH ni de los fondos generales de la OEA, sino que recauda sus propios fondos exitosamente.
También defiende la atribución de esta oficina para hacer su informe anual. Firmaron los presidentes del Consejo de la Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas, Gonzalo Zegarra, Mirko Lauer y Roberto Mejía, respectivamente.

PERSONAJES

Roy Chaderton. Embajador de Venezuela en la OEA.
En una reunión del Consejo Permanente le recordó a Insulza que para ser elegido secretario general les prometió destituir al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón. Citó el lugar de la promesa: la residencia de la representación de Venezuela en Washington. La situación política de Venezuela será un tema principal en la OEA y de la CIDH si Hugo Chávez deja el poder por muerte o enfermedad. Puede haber violencia y extrema polarización.

Ruy de Lima Casaes e Silva. Embajador de Brasil
en la OEA.
Fue retirado como Representante Permanente de Brasil cuando la CIDH aprobó una medida cautelar para que suspendiera la construcción de la represa de Melo Monte hasta que el gobierno de Dilma Rousseff  no consultara adecuadamente a las poblaciones indígenas. Además, Rousseff dispuso el corte de las erogaciones de su país a la OEA. La medida cautelar se levantó, pero Brasil, si bien ya paga sus cuotas e impulsa los cambios, aún no reintegra al embajador.

Ricardo Patiño. Canciller de Ecuador.
Lidera los ataques contra la Relatoría de la Libertad de Expresión desde que en 2011 tuvo una deslucida presentación ante la CIDH en Washington. Asistió con una enorme delegación gubernamental y no pudo responder satisfactoriamente las preguntas de la Relatora. En su exposición se pasó largamente del tiempo permitido, al punto que la presidenta de la CIDH, la canadiense Dinah Shelton, se sacó los audífonos en los que seguía la traducción.

Walter Albán. Embajador del Perú en la OEA.
Realizó observaciones al informe presentado por José Miguel Insulza el 25 de mayo. Había recibido el encargo de hacer el seguimiento de las recomendaciones y su informe ni siquiera mencionó la respuesta que a esas recomendaciones hizo la CIHD. Tampoco se refería a las propuestas hechas a los Estados y al propio secretario general. Albán tuvo la intervención más crítica a la CIDH a fines de enero por su intervención el caso Chavín de Huántar.

Catalina Botero. Relatora para la Libertad de Expresión.
Las presiones contra la Relatoría comenzaron inicialmente por Venezuela, cuando Hugo Chávez comenzó a agredir a periodistas y a medios de comuniación, pero luego Ecuador tomó la posta con mayor ímpetu. Es la oficina de su tipo en la OEA que más colaboración recibe de gobiernos y fundaciones, pero porque su titular trabaja para buscar los fondos, incluso para su propio salario. Ha recibido un amplio apoyo en los medios del continente.