Publicado el martes 26 de junio del 2012

La Corte Suprema de Estados Unidos suavizó el lunes parcialmente la polémica ley de inmigración SB1070 de Arizona, al permitir que la policía les pregunte a detenidos si están legalmente en el país pero prohibiéndoles que arresten a inmigrantes indocumentados bajo cargos criminales por no tener papeles.Esto significa que los policías en Arizona, o cualquier estado que tenga una ley similar, podrán detener y verificar el estatus migratorio de los extranjeros pero no podrán imponerles cargos en caso de no tenerlo, como contemplaba originalmente la ley aprobada por la legislatura estatal en Arizona.

Florida no tiene una ley como la de Arizona, pero los expertos consideran que la decisión de la Corte Suprema podría llevar a que los policías de cualquier parte del país exijan saber el estatus migratorio de sospechosos que les parezcan extranjeros.

Hasta ahora en la Florida los policías han podido preguntar sobre el estatus migratorio si piensan que el detenido ha cometido algún crimen. En episodios recientes, algunos policías en Miami-Dade y otros condados han contactado a las autoridades federales migratorias cuando han detenido a personas que no pueden probar que están legalmente en el país.

En Miami, varios activistas que defienden los derechos de los inmigrantes se dieron cita frente a la Torre de la Libertad, sobre Biscayne Boulevard, para protestar contra el dictamen del máximo tribunal del país.

“La Corte Suprema habló en forma hipócrita”, dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición Inmigrante de la Florida (FIC), que convocó a la protesta, . “La Corte Suprema no ha decidido completamente si desea situarse al lado correcto de la historia”.

La decisión de la corte también incluyó la impugnación de otras partes claves de la ley de Arizona. Por ejemplo, los magistrados eliminaron las cláusulas que exigían que todos los extranjeros lleven consigo papeles migratorios y que sea una acción criminal buscar trabajo sin tener papeles que autoricen empleo.

Altos funcionarios federales que administran las leyes migratorias dijeron que esperan un aumento en el número de llamadas de la policía tratando de verificar el estatus migratorio de extranjeros, principalmente en Arizona. Pero indicaron también que el gobierno federal no proyecta alterar la política actual que busca deportar principalmente a inmigrantes con antecedentes penales o que hayan sido deportados anteriormente y que han regresado ilegalmente.

Los funcionarios anunciaron además que han decidido suspender kis acuerdos entre autoridades policiales de Arizona y el gobierno federal bajo los cuales se autorizaba, en ciertos casos, que organismos policiales locales pudieran hacer cumplir las leyes migratorias. Estos arreglos son conocidos como acuerdos 287 (g).

El presidente Barack Obama expresó consternación por la decisión de permitir que la policía pregunte sobre el estatus migratorio, pero satisfacción de que se eliminaran otras cláusulas.

“Ningún estadounidense debe de vivir bajo la sombra de la sospecha sólo por lo que parece ser”, dijo el mandatario en una declaración escrita.

El presidente estadounidense agregó que la policía de Arizona no debe de hacer cumplir la cláusula de una forma que viole los derechos civiles de las personas.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien apoyó la ley ferozmente, calificó el dictamen de la corte como un triunfo.

“Es una victoria para el imperio de la ley”, dijo, al tiempo que agregaba que es “también una victoria para todos los estadounidenses que creen en el derecho inherente y la responsabilidad de los estados de defender a sus ciudadanos”.

La decisión de la Corte Suprema provocó reacciones entre activistas a favor y en contra de los derechos de los inmigrantes indocumentados.

Dan Stein, presidente de la Federación en pro de la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) de Washington D.C., que se opone a la inmigración ilegal, dijo que la decisión representa una victoria importante para los residentes de Arizona y todos los ciudadanos del país porque protege sus empleos y sus contribuciones fiscales frente al la inmigración ilegal.

“La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dejado muy en claro que los gobiernos estatales y locales tienen un papel importante que jugar en cuanto a hacer cumplir la ley federal de inmigración”, dijo Stein. “Aun si la administración Obama rehúsa hacer cumplir las leyes migratorias, los estados tienen la autoridad de prevenir y desalentar a los extranjeros ilegales de permanecer dentro de sus jurisdicciones”.

Por su parte, el Centro de los Derechos Constitucionales también en Washington D.C., dijo que permitir a la policía exigir papeles a los inmigrantes representa una violación de sus derechos.

“Estamos extremadamente decepcionados de que la corte apoyara la política perjudicial que exige que la policía detenga e interrogue a cualquiera que sospeche que esta ilegalmente en el país”, indicó un comunicado del organismo. “Al apoyar esta sección de la ley SB 1070, la Corte Suprema ha legitimizado ordenanzas estatales reaccionarias que alientan la discriminación racial generalizada”.

A pesar de los desacuerdos ideológicos, algunos funcionarios federales adoptaron una postura más neutral.

“Me satisface que la Corte Suprema de Estados Unidos haya confirmado que las leyes estatales no pueden dictar la forma en que el gobierno federal hace cumplir las leyes migratorias”, dijo Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que supervisa las agencias que manejan la administración de la ley migratoria. “La decisión de la corte de no neutralizar [la sección que autoriza a la policía a pedir papeles] hará que la labor de DHS sea más difícil”.

Lideres hispanos, por su parte, expresaron su deseo de que la decisión de la corte impulse al Congreso a aprobar una ley integral de reforma migratoria que otorgue estatus legal a los millones de inmigrantes indocumentados.

“La Corte Suprema claramente instruyó al estado de Arizona, y a estados con leyes antiinmigrante similares, que la inmigración es de exclusiva competencia del gobierno federal”, dijo el presidente del Caucus Hispano del Congreso, el representante demócrata Charles González de Texas. “Ahora, mas que nunca, está claro que nuestro país necesita una solución permanente y que el Congreso debe aprobar la reforma migratoria integral”.

El dictamen de la Corte Suprema marca la culminación de una confrontación legal entre Arizona y el gobierno federal que data del 2010 cuando Brewer firmó la ley que había aprobado la legislatura estatal.

El gobierno federal se opuso a la ley de Arizona y demandó a la administración de Brewer en la corte federal desde donde el caso llegó a la Corte Suprema.