NUEVO ATENTADO CONTRA EL SISTEMA DE JUSTICIA
EN VENEZUELA: Caso José Amalio Graterol
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Caracas, 13 de Junio de 2012
Thelma Fernández
El día 4 de junio de 2012 un nuevo episodio empañó la dignidad del Poder Judicial venezolano: Un abogado venezolano, parte del sistema de justicia de este país, fue encarcelado en una sala de juicios del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por negarse a realizar un juicio sin la presencia del imputado, invocando el contenido del artículo 125.12 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe la realización de juicios en ausencia de los imputados, disposición legal que está íntimamente ligada a los principios rectores del sistema penal acusatorio que existe en Venezuela, como por ejemplo, el principio de inmediación, y asimismo a derechos del justiciable que se encuentran consagrados, tanto en el referido texto adjetivo penal, como en la Constitución Nacional, como son el derecho a la defensa y el derecho a ser oído en cualquier fase del proceso, derechos que por ser de tal importancia, son irrenunciables. No era la primera vez que la Juez de la causa YALITZA DOMINGUEZ, Juez del Juzgado Cuarto de Juicio del Edo. Vargas, violentaba el debido proceso y los derechos del sometido a juicio LEONARDO COLMENARES, anteriormente la precitada Juzgadora había incurrido en irregularidades de tal magnitud que eran constitutivas de delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, por lo cual había sido previamente denunciada penal y disciplinariamente por quien suscribe y el Dr. José Amalio Graterol, defensores del precitado ciudadano; no obstante lo anterior, esta sistemática violación del debido proceso concluyó con la detención del abogado JOSE AMALIO GRATEROL, quien curiosamente es uno de los abogados de la Juez María Lourdes Afiuni Mora, quien fue encarcelada y se encuentra sometida a juicio actualmente en Venezuela, por haber dictado una decisión ajustada a derecho y en el ejercicio de sus funciones como Juez y cuya decisión no fue del agrado del Ejecutivo Nacional, y por otra parte este profesional de derecho a menos de 24 horas de su detención, había dado una entrevista a través del canal Globovisión en el programa “Yo Prometo”, conducido por la periodista Nitu Pérez Osuna, en donde hacia fuertes cuestionamientos en relación al funcionamiento del Poder Judicial en Venezuela, haciendo una claro señalamiento a la falta de autonomía del mismo. En virtud de todo lo anterior, el abogado JOSE AMALIO GRATEROL, como se señaló al principio, por orden de la referida Juez YALITZA DOMINGUEZ, quien considero que la negativa por parte del abogado Graterol de realizar un juicio en ausencia del imputado configuraba el delito de obstrucción a la justicia, fue esposado y sacado de la sala de juicio, provisto de su toga, indumentaria utilizada por los abogados en Venezuela para llevar a cabo los juicios orales, a la par que en mi caso, fuí agredida y lanzada al suelo por parte de un funcionario alguacil del Circuito Judicial Penal, que impedía mi intervención ante tal atrocidad. Siendo así, el abogado JOSE AMALIO GRATEROL, fue recluido preventivamente en el Reten Policial de Macuto, Edo. Vargas, conjuntamente con presos comunes que permanecen detenidos allí, no pasaron muchas horas para que organismos nacionales e internacionales que luchan a favor de los derechos humanos, alarmados ante tal situación, elevaran sus pronunciamientos para exigir la inmediata liberación del abogado. En fecha 07 de juicio el abogado JOSE AMALIO GRATEROL, fue sometido a una audiencia oral de calificación de flagrancia ante el Juzgado Segundo de Control del mencionado Circuito Judicial, en donde el Juez RAMON MARTINEZ, en un desaguisado jurídico, acogió la solicitud efectuada por el Ministerio Público y decretó un procedimiento abreviado que ordena el pase directo de la causa a un juicio oral y público, acogió la precalificación jurídica por el delito de OBSTRUCCION A LA JUSTICIA, cuya pena es de seis (6) meses a tres (3) años de prisión, e impuso medidas cautelares sustitutivas de libertad, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, la presentación cada 15 días ante la sede del Tribunal, prohibición de salida del País, la presentación de una fianza personal y la prohibición de hablar ante los medios de comunicación sobre las causas llevadas en el Estado Vargas; ocho (8) días transcurrieron para que se hiciera efectiva el día de ayer 12 de junio del corriente año, la libertad del Dr. JOSE AMALIO GRATEROL previa constitución de la citada fianza personal.
Lo anterior es a todo evento repudiable y así debe expresarlo todo el gremio de abogados en Venezuela, encarcelar y someter a juicio penal a un abogado en el ejercicio de su profesión es criminalizar el desempeño de los profesionales del derecho a quienes en esta función y en caso de algún acto de indisciplina en un Tribunal, sólo les corresponde la aplicación de medidas de carácter disciplinario, como expresamente dispone la parte in fine del artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, pero nunca una sanción penal, como ocurrió en este caso.
Esta decisión obviamente será impugnada a través del recurso de apelación que la ley pone a disposición de las partes y esperamos que la sala única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, restituya la situación jurídica infringida y anule la decisión dictada por el Juzgado de Control, lo contrario traería como consecuencia, una vez más, un precedente terrible para la Justicia Venezolana que nuevamente pone en tela de juicio la integridad del Poder Judicial de nuestro País, porque ya no sólo se estaría criminalizando la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones al encarcelar y someter a juicio a una Juez venezolana por dictar una decisión conforme a derecho y en el ejercicio de sus funciones, sino que ahora se estaría criminalizando la actividad del abogado en ejercicio, quienes por temor a ser apresados y sometidos a juicio penal, no podrán defender a sus representados con la vehemencia y la pasión que debe caracterizar al profesional del derecho.
Thelma Fernández es abogado venezolana con Post Grado en Derecho Penal, ex Defensora Pública Penal y Juez Suplente en Material de Resposabilidad Penal del Adolescente. Abogada defensora de José Amario Graterol y de la Presa Política María Lourdes Afiuni.
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