Esta semana en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, nuevamente el Estado venezolano es llevado a juicio.
Esta semana en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, nuevamente el Estado venezolano es llevado a juicio por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Se trata de dos casos: el asesinato de Néstor Uzcátegui a manos de los cuerpos policiales del estado Falcón, y el del hasta hace poco preso político Raúl Díaz Peña, quien huyó del país para salvar su vida. Los dos expedientes están siendo ventilados en audiencia pública para determinar las responsabilidades del Estado.
Néstor Uzcátegui era un joven de 21 años de edad que, en 2001, fue asesinado presuntamente por organismos policiales del estado Falcón. Su hermano Luis Enrique Uzcátegui, con el fiel respaldo de la ONG Cofavic, no ha cesado en el esfuerzo de llevar a los tribunales a los responsables de la muerte de Néstor. Hasta la fecha no han podido lograr justicia en nuestro país y por este motivo han acudido a las instancias internacionales.
Raúl Díaz Peña es un joven venezolano que estudiaba ingeniería cuando fue acusado por agentes de seguridad del Estado de cooperar en la colocación de bombas en las sedes de unas embajadas en Caracas, por lo cual fue detenido y luego presuntamente torturado y vejado por los cuerpos policiales.
Se trata del único preso político venezolano cuyo caso ha llegado a instancias internacionales con el apoyo de la organización Venezuela Awareness Foundation, radicada en Miami, pero que desde allá apoya las causas de los perseguidos políticos.
En la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están todos los involucrados en el caso, incluyendo a los representantes del Estado venezolano que, aunque desconocen las sentencias cuando son desfavorables a sus intereses, acuden con todo un equipo profesional a defender las actuaciones de los organismos oficiales y a justificar sus formas de proceder.
Con estos dos nuevos juicios ya suman más de una docena de casos por los que Venezuela ha sido llevada a juicio a la Corte Interamericana en la última década, en su mayoría con sentencias condenatorias contra el Estado venezolano. El gobierno bolivariano se ha negado a aceptarlas y se ha colocado en total desacato ante las decisiones del máximo organismo de derechos humanos del hemisferio.
El Estado venezolano el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según nuestra Constitución nacional, en su artículo 31, todas las decisiones de los organismos internacionales en los que Venezuela haya aceptado su competitividad son de obligatorio cumplimiento. De manera que no hay excusa ni argumentos de soberanía que nos exoneren de cumplir con sus decisiones.
Aguardamos con paciencia y confianza las sentencias que dictará, en su debido momento, la Corte Interamericana sobre la trágica muerte de Néstor Uzcátegui en Falcón y del ex preso político Raúl Díaz Peña, que denunció haber sido torturado por cuerpos de seguridad.
