Octubre 7, 2011
El Gobierno de Venezuela defendió hoy su historial en la defensa de los derechos fundamentales ante la ONU, donde varios países cuestionaron la situación de la libertad de expresión y de la independencia del poder judicial.
Venezuela puso todo su músculo diplomático para presentar ante el Consejo de Derechos Humanos el Examen Periódico Universal (EPU), al que se someten de manera cuatrienal todos los países de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en el país.
Caracas envió a Ginebra una nutrida misión oficial, encabezada por el canciller, Nicolas Maduro, que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Tareck El Aissami, la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, entre otros.
Todos ellos intervinieron, pero Maduro llevó la voz cantante y señaló que el principal logro del Gobierno del presidente Hugo Chávez en materia de derechos humanos ha sido reducir de manera sustancial la pobreza extrema y la desigualdad social en Venezuela.
El informe presentado hoy ante la ONU, explicó, “da cuenta de lo que es una realidad contundente, irrebatible y certificada por justicia, que el Estado venezolano (…) ha cumplido con éxito la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es disminuir a la mitad el número de hogares en pobreza extrema”.
Maduro presentó datos como la disminución en un 58% del índice de desnutrición infantil, que pasó del 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009, “lo que ubica a Venezuela entre los cinco Estados de América Latina con menores cifras de desnutrición en niños de hasta 5 años”.
Venezuela “es el país con menos desigualdad en América Latina”, según los indicadores internacionales, agregó el canciller, que también defendió sus antecedentes en materia de derechos civiles.
“El Estado venezolano garantiza la información veraz, oportuna, imparcial y sin censura”, dijo el canciller, quien aseguró que en Venezuela “no hay códigos” para limitar la libertad de expresión, aunque recordó que este derecho implica también obligaciones.
“Correlativamente, quien ejerce esta libertad tiene que asumir la correspondiente responsabilidad”, sustentó el ministro venezolano, que rechazó que haya una política deliberada de silenciar a los medios críticos con Chávez mediante el cierre de medios.
La intervención de Maduro fue seguida también por ONGs de defensa de la liberad de expresión y los derechos humanos, críticas con el Gobierno de Chávez, que denunciaron que desde el Estado se busca deliberadamente una “extrema polarización de la sociedad”.
Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, recordó en declaraciones a Efe que “solo entre 2007 y 2010 se han registrado 449 casos de ataques y limitaciones contra medios y periodistas, la mitad de ellos implicando violencia física”.
“Como la mayoría de los casos permanecen sin ser investigados, se teme una escalada en los ataques contra el periodismo crítico, sobre todo de cara a las elecciones del año 2012″, denunció Scharfenberg.
La libertad de expresión, junto a la independencia judicial y el alto grado de violencia en Venezuela, fueron los asuntos principales de preocupación y crítica expresado por las delegaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la República Checa.
La embajadora estadounidense, Betty King, dijo que Washington sigue “preocupado por medidas concretas adoptadas por el Gobierno venezolano para limitar la libertad de expresión y criminalizar la disidencia, incluido el empleo de pretextos administrativos”.
La representante estadounidense acusó a Caracas de “cerrar medios y hostigar a propietarios de medios de comunicación y a miembros de la oposición política mediante las acciones judiciales”.
King también criticó “la falta de la independencia necesaria” para el ejercicio equitativo de la justicia y pidió la puesta en libertad de la jueza María Lourdes Afiuni, “cuyo arresto y encarcelamiento demuestra una implicación inapropiada del Ejecutivo (…) y constituye una violación de sus derechos humanos”.
La embajadora instó por último a Caracas a “aceptar las solicitudes de visitas de los relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para poder realizar un examen independiente sobre la situación en el país. EFE
