A los siete recintos penitenciarios de la entidad (Inof e Internado Judicial, en Los Teques; El Rodeo I y II, en Guatire, y Yare I, II y II en San Francisco) llegan desde Caracas y distintos estados del país cargadas con bolsos de ropa, medicinas, alimentos preparados, víveres, artículos para el aseo personal y agua.
Cada vez que suspenden las visitas, como ocurrió recientemente en Yare, quienes llegan del interior pagan de 20 a 100 bolívares a residentes de la zona para que les refrigeren los productos perecederos, y si no tienen parientes cerca, pasan la noche en pensiones.
Afirman que, además de aguantar a la intemperie para ingresar a los recintos carcelarios, son sometidas a requisas que catalogan de vejatorias.
“Nos desvisten, nos hacen saltar y nos revisan hasta la cédula. No podemos pasar ni siquiera un chip de teléfono”, relata Desireé Navas, quien viaja cada 15 días desde Maracaibo para ver a su esposo que está preso hace dos años.
Sonia Moncada deja a sus siete muchachos al cuidado de parientes, en San Casimiro, para visitar a su cónyuge, encarcelado hace más de un año. “Es injusto que nos sometan a esto. Tenemos que mover también los traslados para audiencias y juicios. Todo se complica por el retardo procesal”, dijo.
Pedro Rondón pasa el trago amargo junto a sus hermanas, una de ellas invidente, para llegar desde Caracas al penal yarense donde está recluido un hermano. “A los hombres nos dan el mismo trato que a las mujeres“, asegura.
La mayoría se queja de agresiones de efectivos de la Guardia Nacional que custodian las prisiones. “Nos rompen los jugos, se quedan con las frutas y con la plata que uno tiene encima. Aquí violan los derechos humanos”, dijo una dama.
Al respecto, afirma Valdez que el ministerio tiene un convenio con la Universidad Nacional de Seguridad (Unes), para formar al personal de custodia. “Tenemos la primera promoción de los penitenciaristas que darán un trato digno al interno y a sus familiares”, acotó la funcionaria.
