“En Venezuela la práctica de tortura sigue siendo cotidiana. Se ha incrustado dentro de la cultura de los cuerpos policiales que es necesaria la violencia para combatir la inseguridad y proteger los derechos humanos”, aseguró en una rueda de prensa Alfredo Ruiz, miembro de la Red.

Añade que esa cultura de los entes de seguridad es un contrasentido: “no se puede garantizar la seguridad violando los derechos humanos”, destacó.

“No se justifica de ninguna forma la tortura”, dice el vocero y añade que “hay que proteger los derechos humanos, aún de las personas que son sospechosas de cometer un delito”.

Las cifras

Desde su creación en 1985 la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha trabajado el asunto de las torturas. Ruiz dice que desde entonces “hemos atendido a más de 500 familias que alguno de sus miembros fue detenido arbitrariamente, torturado gravemente, con graves problemas de salud y en ninguno de esos 552 casos se ha logrado llevar ante la justicia a los responsables de la tortura”.

Comenta que en muchos de los casos “las víctimas se han cansado de pedir justicia”.

Por otra parte, desde el año 2003 al 2013 la Red ha atendido 274 víctimas de tortura o maltrato, de ellos 221 son hombres y 53 mujeres.

De las víctimas, el 43,8% están en una edad entre 18 y 28 años. “Los jóvenes varones de sectores populares acusados de formar parte de un grupo delictivo o de tener alguna información importante para los órganos de seguridad, constituyen la mayor cantidad de víctimas de tortura”, dice Ruiz.

En el 26,28% de los casos estuvo involucrado el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en el 13,87% la Guardia Nacional, en 10,95% la extinta Policía Metropolitana, en el 4,74% el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, antigua Disip) y en el 3,65% la Policía del Municipio Libertador. Además, el 48,18% ocurrió en el Distrito Capital, el 12,04% en el estado Miranda, 7,30% en Lara y 4,38% en el estado Sucre.

A pesar de esta realidad, la Red destaca como un avance la aprobación el 4 de junio pasado por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.

Explicó que el Estado tenía el compromiso de aprobar ese instrumento legal desde 1991 cuando Venezuela firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre ese tema y luego, en la Constitución de 1999 se dio un plazo de un año para que fuera aprobada por el Parlamento.

Alfredo Ruiz señala que en ese tema, “hay una mora del Ministerio Público”, pero que espera se atienda con la promulgación de la Ley.

CASOS DE LA CUARTA Y LA QUINTA