Febrero 15, 2016.-Adriana tenía 28 años y cinco meses de embarazo cuando la mataron de un disparo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2014. Al pie de su tumba, Manuela clama: “¡Soy una madre y una abuela que pide justicia”.
Agotada de que le pregunten si culpa al gobierno o a la oposición, Manuela Pérez confía en que el homicida no sea amparado por una ley de amnistía que la mayoría opositora parlamentaria planea aprobar en primer debate el martes, aunque el presidente Nicolás Maduro afirmó de antemano que la vetará.
“Siempre he insistido en no politizar este asunto (…). El crimen de mi hija no es un crimen político”, dice a la AFP mientras vierte agua en tres cuencos donde deposita flores frescas.
En estos días se cumplen dos años del inicio de las revueltas que dejaron 43 muertos y 878 heridos, entre opositores, chavistas, y gente de ningún bando como Adriana, que aquel día sólo pasaba por una barricada, a las afueras de Caracas.
La amnistía “no puede amparar a un delincuente como el que mató a mi hija”, insiste Pérez, quien piensa apelar la pena de 17 años de cárcel contra el homicida. Para ella sólo habría justicia si le dan la máxima de 30 años.
La polarización política que vive Venezuela ha creado confusión sobre a quiénes amparará la amnistía.
La oposición dice buscar la libertad de unos 75 políticos presos, entre ellos el opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado por el gobierno de llamar a la violencia en las protestas que exigían la salida del poder de Maduro.
El oficialismo rechaza el proyecto al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos” -como califica a López- responsables de las llamadas “guarimbas”, barricadas que obstruyeron calles y avenidas en las protestas entre febrero y mayo de 2014.
“Víctimas de la represión”
Nancy Márquez apoya la propuesta porque dice que excluye a funcionarios violadores de derechos humanos, como los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) imputados por el homicidio de su hermano. El problema, afirma, está en la impunidad.
“Los que golpearon a mi hermano están evadidos de la justicia (…) están identificados pero libres”, declaró a la AFP en el apartamento que habitó José Alejandro Márquez (45) hasta el día de su muerte.
Sin pista alguna de quién asesinó a su hijo de 26 años, Derek Redman espera que la oposición “no se equivoque” al escoger a quiénes beneficiará la ley.
“Quisiera que los jóvenes salieran a la calle con libertad plena para ejercer su derecho a expresarse”, comentó Redman en la sala de su casa, donde levantó un altar con imágenes de San Judas Tadeo, el Espíritu Santo y la bandera venezolana que Roberto llevaba en el bolso el día que murió de un tiro en la cabeza.
En la misa para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Bassil Da Costa (24), el pasado viernes, su madre Jeneth Frías oró para que sean condenados los uniformados de la policía política imputados por el homicidio.
La esposa de López, Lilian Tintori, y su madre Antonieta Mendoza, asistieron a la liturgia.
Márquez, Redman y Frías integran el Comité de Víctimas contra la Represión, un grupo que comenzó a pasearse por los pasillos de la Asamblea Nacional cuando la oposición asumió la mayoría en enero.
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