provea e país avanza olp-696x392Diciembre 28, 2015.-Hasta el 10 de diciembre, las investigaciones del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) contabilizaban 220 personas ejecutadas durante hechos ocurridos en los Operativos Liberación del Pueblo (OLP), pero ese día otros 12 muertos se sumaron a la lista.

“Al cierre de 2015, la situación de derechos humanos se ha tornado preocupante”, afirma Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea.

Rodríguez sostiene que hay estancamiento y regresividad en materia de derechos sociales. “A este panorama viene a sumarse el hecho de que los derechos políticos están amenazados”, agrega.

El investigador observa una marcada diferencia entre la gestión del presidente Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que en 2014 la pobreza aumentó, pero la cifra que precisa el número de familias pobres que hay en el país para 2015 ha sido omitida por el ente oficial. Provea sostiene que a estas alturas del partido, el número de las familias pobres es similar a la que había en 2000.

Rodríguez advierte que el presidente Nicolás Maduro no solo ha continuado adelante con su conducta de exclusión en lo político y la manera autoritaria de gobernar, sino que además ha profundizado la respuesta represiva ante las demandas sociales y la conflictividad.

“Sin duda, se está avanzando peligrosamente hacia la construcción de un Estado policial basado en la doctrina de seguridad nacional y la construcción del enemigo externo e interno”.

–¿Por qué hace usted esta aseveración tan grave?

–Porque es evidente que el Ejecutivo ha creado un conjunto de figuras inconstitucionales para reprimir la protesta y criminalizar la disidencia política, incluyendo la del mismo oficialismo. Esta situación conlleva una grave amenaza para la garantía de los derechos políticos.

–¿Esto incluye las OLP?

–Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) fueron creadas a mediados de julio de 2015, estamos en presencia de una política que nos retorna al pasado, a las viejas prácticas policiales que ya se había superado. Estas redadas eran una práctica común por parte de la policía hasta el año 2000 y en cuatro meses se habían superado las cifras de detenciones arbitrarias ocurridas durante todo el año 2014.

–¿Cuáles son las cifras que maneja su despacho?

–Estamos hablando de más de ocho mil detenciones ilegales, puestas en marcha sobre todo en las zonas populares, y 220 presuntas ejecuciones arbitrarias llevadas a cabo por funcionarios policiales, ocurridas en supuestos enfrentamientos en los que apenas un policía resultó herido.

–¿Cuestiona usted las cifras y los relatos ofrecidos por las fuentes oficiales?

–Yo me remito a lo que dijo la Comisión Nacional de Reforma Policial, en 2006, que advirtió que cuando hay tales desproporciones entre el número de civiles muertos o heridos y el de los policías o militares caídos, estamos en presencia de ejecuciones policiales encubiertas bajo la figura del enfrentamiento.

–¿Cuál es su mayor crítica a las OLP?

–No existe en lo anales de la historia del país un operativo policial que haya afectado tan gravemente, no sólo la garantía de los derechos sociales y políticos, sino también los derechos económicos. El derecho a la vivienda ha sido violado sistemáticamente porque más de 976 casas han sido demolidas de manera ilegal, mediante desalojos forzosos.

–Pero muchas víctimas del hampa están de acuerdo y celebran las OLP ¿Qué le dice a ellos?

–Ciertamente, el fenómeno de la inseguridad agobia a la población pero no es por esta vía que se solucionará el problema. Las OLP no parten de un plan consensual, no nacen de un diagnóstico, no tienen objetivos claros y no son otra cosa que un conjunto de medidas efectistas. No ha habido un plan seriamente estructurado para mitigar el problema de la violencia y no se ha tomado en cuenta que una de las principales causas de que haya tan altos niveles de inseguridad es la impunidad. La Fiscalía reconoció, en junio, que 92% de los delitos no son investigados y no se sanciona a los responsables. En el caso de derechos humanos la impunidad se eleva a 98%.

–¿No se violaban más los derechos humanos en la cuarta que en la quinta república?

–Actualmente uno de los derechos más afectados es el que permite que todo venezolano salga a manifestar pacíficamente. En 2014 se registró el número más alto de personas detenidas por protestar en las calles, 3.500, una cifra que supera todas las detenciones hechas por los organismos de seguridad durante protestas similares, entre 1989 y 1992. Yo no veo diferencia alguna entre el asesinato de nueve campesinos, en Yumare, y los quince asesinatos ocurridos en el marco de las OLP, en la Cota 905.

–¿Qué evaluación hace su despacho al uso de la justicia como arma de intimidación política?

–El caso más emblemático del uso de la justicia con fines políticos es el de Leopoldo López, pero hay trabajadores de las empresas públicas que fueron apresados por protestar, por ejemplo Rubén González. Junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos en el país.

–Lejos de amainar, la conflictividad se ha exacerbado luego del 6 de diciembre ¿vislumbra alguna situación que impida que se instale la nueva Asamblea?

–Independientemente de su posición política, la mayoría de los electores dijeron con su voto que la democracia es el camino correcto para dirimir las diferencias. Ese mensaje es una orden que deben acatar los actores políticos para que se avance en la construcción del consenso que permita superar los graves problemas que persisten. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro y el jefe del parlamento, Diosdado Cabello, parecen estar divorciados de esta exigencia hecha por el pueblo y, por el contrario, insisten en el autoritarismo y la confrontación. Ese camino es muy peligroso.

http://www.venezuelaaldia.com/2015/12/el-pais-avanza-peligrosamente-hacia-un-estado-policial/