5 violaciones tsj6401Diciembre 28, 2015.-Los tres nuevos miembros de la Sala Constitucional se han identificado abiertamente con los intereses del chavismo. En la Sala Electoral, uno de los designados es un diputado del Psuv de la Asamblea Nacional saliente. Desde su posición de jueces, algunos de los nuevos magistrados han actuado a favor del Gobierno.

El pasado 23 de diciembre, la Asamblea Nacional designó a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a 21 suplentes con la votación de la mayoría simple del Hemiciclo. La elección se realizó en sesiones extraordinarias convocadas luego de la finalización del año legislativo, violando los plazos establecidos para las impugnaciones de los candidatos y obviando que la Constitución Nacional establece que tales nombramientos sólo pueden hacerse por medio de la aprobación de los dos tercios del Parlamento.

Los nombres que allí se escogieron van ligados al chavismo. En esa lista de nuevos jueces de la máxima corte de la República están exdiputados del Psuv, ex viceministros del gabinete de Hugo Chávez, abogados identificados ideológicamente con la tolda roja, jueces que han actuado en favor del Ejecutivo y funcionarios que tienen manchas en sus hojas de vida: han sido destituidos y reenganchados.

Consulte, sala por sala, quiénes son los nuevos magistrados del TSJ:

”Sala Constitucional”

Calixto Ortega

calixto ortega cortega_271215

Calixto Antonio Ortega Ríos es abogado con una maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia (LUZ). Fue diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000—2005 y 2006—2010 y viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En 2013 fue nombrado encargado de negocios en la embajada de Washington por el gobierno de Nicolás Maduro, cargo que no ejerció por mucho tiempo debido a que fue echado y declarado “persona non grata” por la administración estadounidense, en respuesta a las expulsiones que había efectuado el Ejecutivo venezolano días antes.

Ortega fue candidato por lista del Gran Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 por el estado Zulia.

En marzo de 1991, Ortega se convirtió en el abogado defensor de la jueza tercera de menores del estado Zulia, María Cristina Sánchez, quien junto a su secretario protagonizó un gran escándalo al ser acusada de realizar una estafa multimillonaria a los familiares de una tragedia aérea: el vuelo 108 de Aeropostal. Se descubrió que los pagos correspondientes a las pensiones de los afectados por el siniestro eran en realidad giradas a las cuentas personales de los funcionarios.

Luis Damiani

luis ldamiani_271215

Esta no es la primera vez de Damiani en el máximo tribunal. Desde 2011 ha estado dentro de la institución en calidad de magistrado suplente.

Si bien Damiani no es militante del PSUV, sí se reconoce su identificación con el chavismo. Lo dejó claro, por ejemplo, durante su intervención en un foro organizado por la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional  “Carlos Escarrá” el pasado 16 de diciembre. Allí, en el salón Batalla de Carabobo en el Museo Boliviano del parlamento, finalizó su discurso con un “Venceremos” y la advertencia del peligro que se cierne sobre el país ante un Hemiciclo dominado por la oposición.

En el mismo acto, rechazó la oferta de la MUD de entregar títulos de propiedad a los habitantes de los urbanismo construidos por la Misión Vivienda.

“Y tenemos que tener mucho cuidado con ese disparate que están prometiendo la oposición de entregarle los derechos de propiedad de los apartamentos, porque seguro vamos a ver que va a pasar igual que con Acción Democrática cuando cedieron los terrenos que fueron vendidos rápidamente a los terratenientes. Apartamentos que se dan a vender y con ese dinero van a volver a construir un rancho (…) Es necesario trabajar con la conciencia para derrotar el individualismo, el egoísmo y poder pensar dentro de los valores de solidaridad que se encuentra en nuestra Constitución”, afirmó.

Lourdes Suárez Anderson

lourdes lsuarezanderson_271215

Se trata de la hermana de Danilo Anderson, el fiscal que fue asesinado el 18 de noviembre de 2004 con un explosivo que detonó dentro de su camioneta. Suárez Anderson apoyó y colaboró con las investigaciones del caso y siempre estuvo del lado de la versión oficial, al contrario que otros de sus dos hermanos, quienes aún señalan que el homicida está dentro del gobierno venezolano.

Durante las investigaciones, actas de declaraciones del proceso salieron a la luz a través de los medios de comunicación. En una de estas, Suárez Anderson aseguró que, a pesar de nunca haber conocido al abogado y amigo de su hermano, Sócrates Tiniacos, éste la llamó para entregarle más de 80 millones de bolívares que le había dejado el asesinado, porque el resto del dinero -de acuerdo con la disposición de Anderson-  había que repartirlo entre dos fiscales, cuatro jueces y tres abogados, “uno de ellos representante de un banquero”.

Pero, Suárez Anderson desmintió la veracidad de las actas publicadas al poco tiempo de que se conocieran, así como también la afirmación de Carlos Herrera, concejal y amigo de su hermano asesinado, quien la acusó de haber desaparecido unas motos de agua propiedad de la víctima.

La abogada se puso del lado de la familia que sostenía las tesis arrojadas por el gobierno. Al final, el caso fue archivado.

De acuerdo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Suárez Anderson entró en enero de 2011, en la nómina de la Defensa Pública. En ese organismo fue coordinadora de Apoyo Técnico Pericial, de Vigilancia y Disciplina y, desde noviembre del año pasado, directora de la Oficina de Atención al Ciudadano.

Esta no era la primera vez que Suárez Anderson se postulaba como magistrada. La lista de los Comités de Postulaciones Judiciales de los años 2010 y 2014 señalan que ya lo había hecho, sin éxito, tanto en 2010 como en 2014.

“Sala Penal”

Juan Luis Ibarra

juan jibarra_271215

Abogado egresado de la Universidad Santa María, con al menos tres estudios de postgrado en Derecho y Ciencias Penales.

Fue magistrado titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua. En 2007 fue destituido de su cargo como juez rector de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y los medios lo vincularon al exgobernador Didalco Bolívar. El 28 de enero de 2015 regresó a la Corte de Apelaciones de Aragua.

Entre sus sentencias más recientes está la reafirmación a 8 años de cárcel a los ciudadanos Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado.

YANINAKARABIN1-320x192

Fue la suplente que asumió el cargo de la magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ, Ninoska Queipo, quien en octubre de 2012 falleció como consecuencia de una infección masiva debido a una lipoescultura.

Su nombre completo es Yanina Beatriz Karabín Marín de Díaz y nació en Barquisimeto. Según el IVSS trabaja desde abril de 2008 en la Dirección Administrativa Regional del estado Lara. Allí ha sido presidenta del Circuito Judicial Penal de la entidad y magistrada integrante de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del estado Lara.

Es hermana de Luis Karabín, subdirector del Cicpc y también ex director de la Policía Nacional Bolivariana, y esposa de Luis Díaz, abogado que heredó las causas que ella llevaba en Lara una vez que pasó al TSJ.

A Karabín de Díaz se le ha señalado por sus vínculos con el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. Fue ella quien se encargó de los casos que este había llevado antes de ser destituido por sus supuestos lazos con el narcotraficante Walid Makled. Su nombre fue mencionado en las causa del secuestrador Leonardo Del Moral, quien salió en libertad. La entonces presidenta del Circuito Penal de Lara había anulado la recepción de pruebas que lo incriminaban.

La hoy magistrada ya había optado para el cargo de principal en un par de oportunidades: en 2010 y en 2014. En esta última, su candidatura fue impugnada.

”Sala Civil”

Francisco Velásquez

francisco fvelasquez_271215

Francisco Ramón Velásquez Estévez ya conocía los predios del Alto juzgado.  El ahora magistrado por la Sala Civil del TSJ fue designado magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ el 28 de diciembre de 2014, según designación de la Asamblea Nacional (publicado en Gaceta Extraordinaria 6.165).

Nacido en San Fernando de Apure hace 42 años, Velásquez Estéves fue juez superior civil, juez rector y presidente del circuito judicial de su estado natal.

A Velásquez Estévez no le ha frenado el mandato de que los magistrados no deben demostrar inclinaciones partidistas. Como suplente de la Sala Constitucional, el 12 de marzo de 2015 participó en un  foro abierto en Apure sobre la  sentencia 100 emitida por el TSJ, que consideraba una injerencia y un acto de agresión el decreto Obama, que implicó la sanción a 7 funcionarios venezolanos y tildó al país de amenaza para EEUU.

En 2012, actuó como juez rector y coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del estado Apure.

Trabaja en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM)  desde el primero de julio de 2009, según su ficha de cotización del IVSS.

Iván Darío Bastardo Flores

Para 2007, tenía diecisiete años de servicios dentro de la Administración Pública desglosados de la siguiente manera: seis años en la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); cuatro años como abogado del Tribunal Supremo de Justicia; siendo designado Juez en fecha 27 de noviembre de 2000, tomando posesión del cargo el 15 de enero de 2001, en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo juramentado como Juez titular el 19 de mayo de 2006.

Compitió para ser designado magistrado del TSJ en 2014, proceso en el cual no fue seleccionado luego de que se señalara que estaba inhabilitado.

La ley exige que los postulados no tengan manchas en sus hojas de servicio judicial; pero Bastardo, junto con Maikel José Moreno –hoy también magistrado del Tribunal Supremo de Justicia–  y Jesús Bravo Valverde, en su carácter de jueces integrantes de la Sala n° 7 (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fueron revocados por admitir una apelación de la Fiscalía, pese a saber que la Sala Constitucional ya había tomado el caso y había determinado una serie de medidas.

El resultado de aquella decisión fue la destitución de Bastardo como juez de la corte mencionada por un “error grave e inexcusable”. Tal acto fue perdonado en 2009 y por eso lo designaron juez titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Ordinario. El caso por el cual destituyeron a estos funcionarios fue el  proceso judicial abierto contra Edward Báez y Johnny Esté, acusados de asesinar a Consuelo Ramírez en 2003.

”Sala Social”

Jesús Manuel Jiménez Alfonzo

Fue juez vigésimo de juicio del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, institución que durante 2015 también presidió.

Su nombre fue llevado hasta la Corte Disciplinaria en 2012, luego de que se le señalara de haber negado la solicitud de revocatoria de la medida de privación de libertad de un joven, a quien también le retrasó la causa por casi dos años. La causa fue sobreseída.

Jiménez Alfonzo ha salido a relucir en un par de casos conocidos en el país. En diciembre de 2014, declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por fiscales del Ministerio Público en contra del sobreseimiento de la causa de Gran Alexander Ritchie Silva y Eduin Flores Suloaga, empresarios de Degran & Compañía, C.A y Ediperca, dos de las implicadas en “la mafia de las cabillas”. A los señalados se les había imputado por el delito de concierto de funcionario público con contratista, luego de haber pactado con la empresa Orinoco Iron obviando todos los procesos de licitación y mecanismos internos de la estatizada. La decisión tuvo un efecto extensivo a favor de Luis Velásquez, quien había sido director de comercialización de Sidor, presidía la comisión de transición en las briqueteras Matesi y Orinoco Iron y era amigo del actual gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

El otro caso en el que participó Jiménez Alfonzo fue en el del periodista Leocenis García, acusado en 2010 de porte ilícito de armas, extorsión, y resistencia a la autoridad. En junio de ese año, el abogado defensor de García, Pedro Aranguren, reclamó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una decisión del juez, luego de que este anulara una recusación sobre el caso que él mismo había llevado. Aranguren declaró que tal actuación era una “violación del derecho a la defensa y del debido proceso”.

”Sala Electoral”

Christian Zerpa

La ficha biográfica del exdiputado está en la web del Psuv, donde se cuentan sus andanzas académicas y políticas. Zerpa egresó como abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes, casa de estudios en donde continuó el activismo político que había ejercido desde el bachillerato. Es allí donde, según él, comenzó a simpatizar con las ideas de Hugo Chávez, lo que luego le llevó a afiliarse al MVR y, posteriormente, a ser promovido a diversos cargos públicos dentro de la Gobernación de Mérida, cuando estaba comandada por el chavista Florencio Porras; el Despacho de la Presidencia de la República y comandos de campaña del PSUV. En 2010 fue elegido diputado a la Asamblea Nacional por la tolda roja, luego de haber ganado en el Circuito 1 del estado Trujillo. En el parlamento, integró la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y fue parte del Bloque Parlamentario Región Los Andes. El pasado mes de octubre, durante una reunión con los miembros del Comité de Derechos Humanos de la Unión Inter Parlamentaria (UIP), afirmó que en Venezuela existía una “plena separación de los poderes públicos” dentro del marco del estado de derecho constitucional. Zerpa perdió en las elecciones primarias del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) por el estado Trujillo este año, lo que le impidió postularse nuevamente como diputado.

La ficha biográfica del exdiputado está en la web del Psuv, donde se cuentan sus andanzas académicas y políticas. Zerpa egresó como abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes, casa de estudios en donde continuó el activismo político que había ejercido desde el bachillerato. Es allí donde, según él, comenzó a simpatizar con las ideas de Hugo Chávez, lo que luego le llevó a afiliarse al MVR y, posteriormente, a ser promovido a diversos cargos públicos dentro de la Gobernación de Mérida, cuando estaba comandada por el chavista Florencio Porras; el Despacho de la Presidencia de la República y comandos de campaña del PSUV.

En 2010 fue elegido diputado a la Asamblea Nacional por la tolda roja, luego de haber ganado en el Circuito 1 del estado Trujillo. En el parlamento, integró la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y fue parte del Bloque Parlamentario Región Los Andes.

El pasado mes de octubre, durante una reunión con los miembros del Comité de Derechos Humanos de la Unión Inter Parlamentaria (UIP), afirmó que en Venezuela existía una “plena separación de los poderes públicos” dentro del marco del estado de derecho constitucional.

Zerpa perdió en las elecciones primarias del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) por el estado Trujillo este año, lo que le impidió postularse nuevamente como diputado.

http://runrun.es/rr-es-plus/241483/las-historias-detras-de-los-nuevos-magistrados-del-tsj.html