- Natalie García
- Martes, 17 Septiembre 2013
Las etnias Sanema y Yek’uana, que habitan la cuenca del Caura, están a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. La minería ilegal y el presunto atropello de algunos funcionarios militares tienen preocupadas a las comunidades y organizaciones que defienden los derechos de los indígenas.
El temor de quienes sufren los atropellos es que haya un enfrentamiento y en él haya resultados qué lamentar. La Fundación Kuyujani y Medewadi advierte que la situación es en “extremo crítica”, y pese a las denuncias y los reclamos en los medios y visitas a Caracas a las sedes centrales de los organismos, no han obtenido ni respuestas ni soluciones al problema.
Los voceros de las organizaciones consideran los últimos hechos, como la muerte de un indígena a manos de mineros, el preámbulo a una “bomba de tiempo” que puede estallar en cualquier momento.
Ramón Tomedes, presidente de Medewadi, comentó que la paciencia se está acabando en los indígenas y eso es un peligro, pues en algún momento estos se pueden revelar para exigir un trato más justo y defenderse.
“La situación es terrible, horrible. Hay mucho tráfico de combustible, la mina está más activa que nunca y los militares lo que hacen es dejar pasar a los mineros, se meten con los hermanos indígenas, sólo dejan de revisar a los indígenas cuando hay reuniones con los mineros. Es necesario que se haga algo para frenar lo que pasa con los indígenas” y el ambiente.
Tomedes cree, y es una afirmación que sostiene desde hace meses, que poco a poco hay un “genocidio” de indígenas. Los mineros a través de sus prácticas están contaminando y “matando” con el contagio de virus y enfermedades a los aborígenes, cuya situación es vulnerable.
En el Caura, ubicado a más de ocho horas de carretera de Puerto Ordaz y otras tantas horas de navegación -dependiendo de la zona-, las comunidades sólo se comunican por la vía fluvial, carecen de asistencia médica y de supervisión para controlar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Las organizaciones nuevamente llaman a las autoridades y entes competentes a involucrarse en el problema y ofrecer soluciones al problema minero y a los atropellos de algunos funcionarios militares.
