Cuando el Estado es Juez, Fiscal y “Defensor”.
Trabajar también es un Derecho Humano.
En horas de la tarde del sábado 17 de agosto del año en curso, ha circulado en la red una fotografía tomada con cámara de mediana resolución propia de un equipo celular, sobre un Memorándum de fecha (Viernes) 16 de agosto de 2013, colocado en la puerta del Canal de Noticias Globovisión, donde se prohíbe la entrada a los Periodistas Román Lozinski, Sasha Ackerman y Jorge Luis Pérez Valery quienes eran hasta esa fecha las anclas del Noticiero de dicho canal. Suscribe el referido memo, un supuesto “Abogado” de nombre Alexander Pérez, con el ostentoso título de Vicepresidente de Seguridad, peligrosamente oloroso a esos cargos que antaño usaban los bloques comunistas tras el Telón de Hierro.
Como no ha sido desmentido este documento y está pegado cual cartel en la fachada del canal de noticias, es evidente que estamos ante una medida patronal contra el Derecho al Trabajo de tres trabajadores de la Entidad de Trabajo. El Derecho al Trabajo que garantiza la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), en vigencia desde el 7 de mayo de 2012 y que deja sin efecto legal cualquier DESPIDO que no sea solicitado previo a la medida de separación del cargo por ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, en este caso la Inspectoría del Norte, sita en el piso 3, del Edificio Las Mercedes en la Esquina de Tienda Honda, que garantiza su Estabilidad y que obliga a las Entidades de Trabajo a solicitar dicha medida de Calificación de Despido, cuando el trabajador se encuentre incurso en alguna de las causales establecidas en la misma LOTTT, por cierto dejando claro que para que dicha medida sea efectiva debe estar el trabajador laborando en sus condiciones originales de trabajo. Acuerdos y Normas establecidas por el Derecho Internacional Público a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la cual la República Bolivariana de Venezuela esta suscrita, convirtiéndose además en la vulneración a un derecho que esta protegido por las normas internacionales y que evidentemente acarreará consecuencias para quienes se sienten todopoderosos.
Pero, ¿Que pasa aquí en este caso que aparentemente no se cumple la Ley del Trabajo (LOTTT) vigente? Es sencillo. Nos encontramos ante dos fenómenos usuales dentro del marco de funcionamiento de las Instituciones públicas del actual Estado o aquellas – como es el caso de Globovisión – donde el Estado ha infiltrado su capital público con compradores o testaferros privados para comprar por medio de la presión, aquellas organizaciones, fundaciones o instituciones de carácter privado, que “molestan”, para neutralizarlas, poniéndolas como es en este caso, al margen de la Ley, amparándolas y sin que haya medida alguna de respuesta de un Gobierno que debe garantizar los derechos a sus ciudadanos sean de la tendencia que sean. Este es el caso de los periodistas Román Lozinski, Sasha Ackerman y Jorge Luis Pérez. Casos a los cuales debemos evitar que se conviertan en una mera estadística más, como se convirtieron los más de 3.000 ciudadanos contratados que fueron botados del Ministerio de Finanzas el 23 de diciembre (si ha leído bien, en plena Navidad), del año 2011 y cuyos reclamos aún flotan en la sombra y oscuridad que conforman el Foro Judicial de los Tribunales Laborales venezolanos. Pero ¿Cual es su delito o falta? El Ciudadano Leopoldo Castillo ha sido claro al asumir una posición de Dignidad ante la instrucción de la Directiva de Globovisión de salir alegando una situación de quebranto de salud, acción a la que se ha negado y ha preferido salir por la puerta de enfrente. Los Periodistas señalados se han solidarizado con Castillo, negándose a salir en el Noticiero del viernes 16 de agosto en horas de la noche. Negativa que no solo es solidaria sino Honesta a un alto nivel. Ese día era el Ciudadano Castillo, cualquier día sería uno de los trabajadores del Canal Informativo y el día de mañana, será cualquier venezolano en cualquier sitio, cuya existencia no agrade al Estado. Simple y llanamente están en todo su derecho de protestar así ante el desbaratamiento de la política objetiva de informar que caracterizaba al ente emisor de noticias. Equilibrio que sus nuevos dueños, evidentemente testaferros y voceros de unos amos que si tienen la capacidad económica para haber comprado el canal, prometieron respetar. Y fue a consecuencia de las presiones ejercidas para que el ciudadano Leopoldo Castillo saliera del aire (por ahora…), pero manifestar, solidarizarse, reclamar lo prometido se ha criminalizado en Venezuela, y entre ellos mismos como hemos visto al rodar la cabeza del inefable Alberto Nolia, quien desde su palestra se cansó de difamar, acusar, injuriar y ofender a quienes pensaban distinto, hasta que se le ocurrió cuestionar el Plan “Patria Segura” lo que ocasionó su eliminación inmediata del aire. Pero no es nuestro objeto comparar a ese operador político con los tres trabajadores cuya violación al derecho del trabajo si nos importa. Para aquellas personas que guardan reservas sobre el alineamiento de la nueva Junta Directiva de Globovisión con el actual Gobierno, es absolutamente reveladora la declaración de Andrés Izarra, actual Ministro del Turismo quien en un amplio desparpajo declaró en su cuenta de Twitter, que “ahora la audiencia se multiplicará porque le apuestan a la paz y la verdad”.
Y entramos al segundo punto. ¿Quién firma esa prohibición Patronal que cercena el derecho al trabajo a unos trabajadores y que se convierte en plena prueba contra ellos mismos? La firma un “Vicepresidente de Seguridad” de una empresa que funciona en una quinta. Pero en realidad estamos ante un fenómeno que está surgiendo de manera sistemática en las empresas del Estado: el establecimiento de Aparatos parapoliciales, de vigilancia, de seguimiento y ejecución de las medidas ante cualquier “incomodidad” del ente supervisor. Estos aparatos de seguridad son los encargados de hacer el trabajo sucio, no solo de violar el derecho al trabajo de los trabajadores durante su jornada sino de violar su derecho a la privacidad por medio de escuchas, Microfonía y elaboración de informes técnicos que identifican y etiquetan a los seres humanos adversos y aliados tal como lo hacían la KGB, la STASI y como se los enseñó la Dirección de Inteligencia cubana por medio del SEBIN y la DCIM. Esa es la verdad. Y el Memo salió a altas horas de la noche, el mismo día de la expresión solidaria de los Periodistas, entre gallos y madrugonazos, tal como funcionan los Servicios de Inteligencia y sus Aparatos Satélites. Pero es un punto que trataremos más adelante.
Ahora lo importante es abrir los ojos ante una realidad que está ocurriendo en Venezuela y no solamente en los calabozos de los Servicios de Inteligencia o en las cárceles venezolanas, ocurre también en los sitios de trabajo. Se están violando los derechos de los trabajadores a pesar que el mismo Gobierno ha emitido una Ley leonina contra los Dueños de los medios de producción, pero que cuando se trata del Estado como dueño de esos medios, se viola o simplemente no se valida ni se toma en cuenta. Botando al trabajador y prohibiéndole que entre a trabajar. Resulta risible imaginar que un Inspector Ejecutor del Ministerio del ¿Poder Popular? del Trabajo se presente a reenganchar y restituir el derecho al trabajo de Román, de Sasha y de Jorge Luis. De paso, es tan descarado el testaferro actual de Globovisión, que se solidariza por un comunicado con las palabras de Leopoldo Castillo. Sin ánimo de banalizar el tema y con el mayor respeto a las víctimas. Este gesto es como ver a Adolf Hitler lamentarse por el Holocausto. Mejor hubiera sido el silencio respetable, en lugar de ese gesto de enseñar los dientes como han hecho los de la Junta Directiva del canal que ya la población denomina de manera despectiva y como resultado del humor popular como “Rojovisión”.
Estamos ante la violación masiva de todos los derechos de los venezolanos, no es hora de callar, es hora de estar atentos y vigilantes pues están en juego las libertades públicas y quizás más.
Charlie Miller, para
Venezuelan Awareness Foundation (VAF).
19 de agosto de 2013.
