Valencia, 03 de julio. Noticias24 Carabobo) Al menos 200 abogados en el estado Carabobo han sido revocados de sus causas penales a raíz de las declaraciones hechas por la ministra Iris Varela, quien afirmó que los privados de libertad que deseen ser tomados en cuenta en el Plan Cayapa Judicial, deben revocar el nombramiento de sus defensores privados.
Estas afirmaciones a juicio del presidente del Colegio de Abogados de la entidad, Nelsón Riedi cercena el derecho a la defensa de los reos, viola la autonomía de los jueces, criminaliza el ejercicio del derecho y contribuye al aumento del retardo procesal.
Acompañado por la junta directiva del colegio y abogados litigantes, Riedi explicó que la Defensoría del Estado no tiene la estructura para atender todos los casos que diariamente salen de los tribunales del país, aclarando que en Carabobo solo hay seis defensores públicos para el área de ejecución en cuatro tribunales, es decir que cada defensor estaría atendiendo mil 300 causas aproximadamente.
“La defensa privada puede ayudar a descongestionar ese retardo procesal, ahora se va a crear mayor retardo por lo que proponemos que cese esta arbitrariedad y que nos inventen como parte del sistema para ayudar a los fiscales y jueces a solventar esta situación”.
Además, Nelsón Riedi señaló que con esta decisión no solo se violenta el trabajo de los abogados egresados de universidades autónomas y privadas, sino a todos los nuevos profesionales del derecho de los planes educativos del gobierno, “a un abogado de una aldea por ejemplo que esté llevando un caso en el Palacio también le van a pedir que renuncie o le revocan el poder para que la causa la lleve un defensor público, es decir no hay un lineamiento sino que la discriminación es arbitraria”.
El Presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo desglosó que con esta medida se está violando la Constitución de la República que en su artículo 49 establece que: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.
Igualmente, se violenta el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que señala: “En el proceso penal toda persona dese ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza”.
En este sentido Riedi enfatiza que la defensa privada es clave esencial del sistema de Derechos Humanos porque la vigencia de estos depende de una abogacía independiente, libre y autónoma.
Redacción: Krystel Leon / Noticias24 Carabobo
