reforma migratoria

Publicado el 05-22-2013

Empieza batalla por ley de inmigración

Por Horacio Aguirre

El Comité Judicial del Senado aprobó este martes, 21 de mayo, una amplia reforma a la ley de inmigración con un voto bipartidista de 13 a 5. Este proyecto de ley, que encierra los más significativos cambios en décadas, pasará ahora el pleno del Senado donde se espera que comience el debate el mes que viene.

El proceso en el comité se extendió por cinco días e incluyó más de trescientas enmiendas. Una de ellas, que había presentado el senador Patrick J. Leahy, Demócrata por Vermont que preside el comité, permitiría a ciudadanos estadounidenses pedir visas de residentes para sus parejas del mismo sexo. A última hora el senador Leahy retiró la enmienda que posiblemente iba a encontrar mucha oposición entre los republicanos. No obstante la enmienda puede presentarse de nuevo en el pleno del Senado.

El senador Orrin G. Hatch, republicano por Utah, llegó a un acuerdo con el grupo de los ocho senadores que prepararon el proyecto original a fin de que se aumente el número de visas H1-B que se conceden anualmente a extranjeros altamente calificados para trabajar en posiciones para las cuales no se ha podido encontrar un estadounidense. La enmienda incluye una serie de restricciones pero, en definitiva, facilitaría a los empleadores contratar personal capacitado en el extranjero.

El proyecto de ley se enfrenta a una larga batalla en el pleno del Senado y luego tendrá que pasar por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Además, dos sindicatos de empleados del Departamento de Seguridad Nacional se han unido a los opositores de la ley y enviaron una carta al Congreso en días pasados donde entre otras cosas decían que, de aprobarse la ley, los empleados a cargo de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas no podrían realizar su trabajo ni garantizar la seguridad pública.

Es de desearse que a pesar de toda la oposición que enfrenta, este proyecto de ley pueda hacerse realidad y que no corra la misma suerte que corrió el último esfuerzo hecho durante el gobierno de George W. Bush. Once millones de indocumentados de todas las edades merecen que se les permita legalizar su situación, aunque el proceso sea largo, costoso y complicado.