viernes 04 de mayo, 2012
Gobierno pretende defender DDHH en la ONU pero salirse de la CIDH
Cuarenta parlamentarios y activistas de los derechos humanos de 19 países se han activado para evitar que acepten a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Venezuela aspira uno de los tres puestos correspondientes a América Latina y el Caribe que quedarán disponibles este año, de un total de 47 que componen el Consejo.
Según el canadiense Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch (una ONG de derechos humanos con sede en Ginebra, Suiza) “la puja de Venezuela por sumarse al máximo organismo de derechos humanos luce especialmente absurda a la luz de la admisión reciente de Eladio Aponte, ex juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del país, de que veredictos en casos políticamente sensibles, son enteramente orquestados por oficiales del gobierno”.
Dijo que fue precisamente “para evitar la influencia de semejantes regímenes corruptos” que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006.
Asegura que “seis años más tarde, miembros del Consejo nuevo y mejorado incluyen rutinariamente a tales violadores seriales de derechos humanos como Cuba, China y Arabia Saudita. Ellos y sus aliados gozan de impunidad. Cuando el fiscal, juez y jurado, son los propios perpetradores, la justicia se transforma en una broma”.
Señala que “si Chávez es electo, por una votación de la Asamblea General esperada para el otoño boreal, la ONU conferirá legitimidad a un autócrata enfermo que sistemáticamente acosa a periodistas, jueces, activistas de derechos humanos y líderes estudiantiles, un hombre que apoya a los carniceros de Siria e Irán, tal como respaldó al ‘hermano’ Gadafi hasta el amargo final”.
En virtud de esto, la ONG ha emprendido una campaña y ha logrado el respaldo de importantes figuras entre las que destacan Matteo Mecacci, miembro del Parlamento italiano, Denis MacShane, miembro del Parlamento del Reino Unido, Irwin Cotler, miembro del Parlamento canadiense, Michael Danby, miembro del Parlamento australiano y Yang Jianli, disidente chino.
Pero la aspiración venezolana a ingresar a la Comisión de Derechos Humanos tiene sus paradojas, una de ellas es que el Estado se opuso a la creación de esa instancia en 2006, ante el riesgo de intervención en asuntos internos.
Por otra parte, ante el examen periódico universal del Consejo realizado en octubre pasado, Venezuela rechazó el cumplimiento de todas las recomendaciones relacionadas con adaptación de legislación, trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales y visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la última paradoja, es la intención del Gobierno de denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos, que rige el sistema interamericano en esa área.
La Convención estipula garantías importantes para la vida, la integridad personal, libertad de conciencia, de pensamiento y expresión, entre otras, y da posibilidades de acceder a la justicia a las víctimas cuando son objetos de violaciones derechos humanos por responsabilidad de las autoridades de un país miembro.
Ayer el canciller Nicolás Maduro, dijo en Cartagena, Colombia -donde se encuentra para una reunión de cancilleres de Unasur-: “Hermanos de América Latina y el Caribe: Ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La decisión sobre la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos la tomará el Gobierno luego de oír las recomendaciones del Consejo de Estado.
