Trabajadores solicitaron a la SIP que envíe comisión al país

EL UNIVERSAL
lunes 29 de agosto de 2011 12:00 AM
El proceso judicial abierto con 6to Poder está viciado. Así lo denunciaron trabajadores del semanario, quienes le recordaron a las autoridades que la Carta Magna no las faculta a poner fin a ningún medio de comunicación social.

“Un juicio para determinar el cierre de un medio de comunicación impreso, no está contemplado en la actual Constitución de Venezuela, de la cual el señor presidente Hugo Chávez es promotor”, aseveraron los empleados del semanario, en una carta que le dirigieron al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, en la cual le piden que envíe una comisión al país para verificar lo que está ocurriendo con ellos.

6to Poder no circuló este fin de semana, debido a la orden que emitió la jueza 9 de Control de Caracas, Denise Bocanegra, quien prohibió la edición del semanario, en el marco de la investigación que se le sigue a raíz de la publicación, la semana pasada, de un reportaje y de un fotomontaje en contra de las cabezas de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral.

Los periodistas y demás trabajadores, en su misiva, también denunciaron que “hemos quedado sin empleo (…) sin que hubiese habido un juicio”.

Rechazan el cierre

La orden judicial que puso fin a 6to Poder fue rechazada por los centros de estudiantes de las escuelas de comunicación social de la Universidad Católica Andrés de Bello de Caracas y de Guayana, quienes en un comunicado aseveraron que la misma “amenaza el derecho a la libre expresión y nuestro futuro como profesionales”.

Tras expresar su consternación por el hecho de que más de 700 medios hayan desaparecido en la última década del país, los estudiantes señalaron: “El cierre de este medio viola lo establecido en el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reza: Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Por último, los futuros comunicadores aseveraron estar conscientes sobre cual será su misión: “Estamos claros que, sin importar los gobiernos de turno, nuestra labor siempre será denunciar lo que quieran callar”.

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