GIULIANA CHIAPPE

Venezuela también tiene sus madres de la Plaza de Mayo, aunque no las amalgame el nombre de un mes ni la notoriedad que han alcanzado las argentinas.Sí comparten con ellas, el indomable dolor de la muerte de un hijo en manos de la autoridad: a los de aquéllas los mataron los militares, a los de éstas, la policía. La impunidad y la remolona justicia son otros males comunes.Los estados que han presentado mayor número de demandas por abuso policial son Portuguesa, Yaracuy, Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Táchira, Bolívar, Anzoátegui y Lara, según se recoge en los informes del Ministerio Público. En el caso de Anzoátegui, que es el que corresponde a Graciela Fajardo, el Comité de Familiares de Víctimas de la región ha logrado reunir a más de 300 familias que han perdido uno o varios miembros por abuso de la fuerza y violencia policial.

 

En la mayoría de los casos que reúne este comité se encuentra implicada la policía del Estado, especialmente la que dominaba durante la gestión del anterior gobernador, David de Lima. La arrolladora presencia fatal de la policía regional dentro de las estadísticas, como causantes de muertes, es un hecho común en el resto de los estados venezolanos, aunque también se anotan funcionarios del Cicpc, de la Disip, de algunas policías municipales y de la Guardia Nacional.

 

La justificación de estas muertes suele ser la de enfrentamiento pero, según han demostrado ante las fiscalías y los tribunales los familiares de muchos de los fallecidos, suelen confundirlos con delincuentes o han sido víctimas de extorsión o abuso, aunque la versión policial suele ser que se trataba de antisociales.

 

Sin embargo, el perfil de la víctima por enfrentamiento policial suele dar la razón a los familiares: cerca de 80% carecen de antecedentes policiales, a pesar de que, en un principio, las ejecuciones por parte de las autoridades se focalizaban en delincuentes a los que era difícil sancionar debido a los beneficios del nuevo Código Orgánico Procesal Penal.

 

Cerca de 98% son hombres. Aproximadamente 70% tienen entre 18 y 30 años. Casi todos son de los grupos económicos más empobrecidos. El 80% de las denunciantes son mujeres: madres (más de la mitad), esposas y hermanas.

 

La ONG Cofavic realizó un completo estudio sobre este fenómeno mortal, publicado en un libro bajo el nombre Los grupos parapoliciales en Venezuela. Hicieron especial énfasis en la situación de los estados Anzoátegui, Falcón, Portuguesa y Yaracuy pero presentan un panorama general de la situación en Venezuela.

 

Según esta investigación, el modus operandi de estos grupos parapoliciales, que comúnmente se denominan grupos de exterminio, comienza con el registro sistemático de las ejecuciones de las víctimas como enfrentamientos aunque hayan sido detenidos en presencia de testigos, como ocurre en la mayor parte de los casos.

 

El otro paso es la selección de los ajusticiables que, en un principio, eran delincuentes. La siguiente estación de estos atropellos es el asesinato o amenaza de testigos, especialmente si el caso es denunciado ante la Fiscalía. Otro respaldo, que forma parte del modus operandi, es la modificación del lugar del suceso, pues se llevan el cadáver o alteran evidencias, recolectando cartuchos o eliminando objetos físicos, lo que dificulta la labor investigativa de la policía judicial.