Caracas, domingo 12 de marzo, 2006
Nacional y Política

ENTREVISTA / Desde la cárcel, Gustavo Azócar acusa a sus detractores
“Estoy preso a consecuencia de un complot”

Denuncia que el Poder Judicial tachirense es controlado por el gobernador Blanco La Cruz, según él, jefe de un grupo formado por los diputados Tascón, Varela y la magistrada del TSJ Carmen Porras

ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

Convencido de que su juicio es político y que se ha convertido en víctima de una confabulación de los poderes, el periodista Gustavo Azócar habla y acusa desde la cárcel.
_Según Iris Varela eres un estafador.

_Estoy detenido en el Centro Penitenciario de Occidente (Santa Ana) a consecuencia de un complot montado por una pandilla de gángsters en la que participan varios personajes que he denunciado.

_¿Quiénes son?

_Ronald Blanco La Cruz, el gobernador, es el jefe de la pandilla. Pero también la integran los diputados María Iris Varela y Luis Tascón; el fiscal Superior del Táchira, Enio Ortiz; la juez rectora del Táchira, Ana Calderón; la ex juez rectora Ana Casanova, la magistrada del TSJ Carmen Elvigia Porras y el presidente del Consejo Legislativo del Táchira, diputado Freddy Contreras. Esa pandilla logró comprar a un juez y a un fiscal para que me metieran preso por delitos que no cometí.

_Algo hiciste para que desde todos los poderes se hayan coaligado en tu contra.

_Lo hicieron porque investigué a cada uno de ellos, publiqué reportajes en El Universal y presenté, en mis programas de radio y TV, pruebas de los hechos de corrupción en los cuales están involucrados. Se valieron de un hecho ocurrido en el año dos mil y en el cual no tengo nada que ver para evitar que continúe mi trabajo porque saben que tengo otras denuncias.

_¿Cómo cuáles?

_Como la que hice contra el juez Jorge Ochoa Arroyave, quien, según el DAS, falsificó títulos de universidades colombianas, que envió al TSJ, para ascender en el escalafón. También tenemos denuncias, sobre la represa Uribante-Caparo y la empresa Desurca.

_Cuando Iris Varela te acusa de estafador invoca como testigos a miembros de la familia González, propietaria de un circuito radial en el Táchira.

_En el año 2000 me desempeñaba como coordinador de una emisora, Radio San Cristóbal, a la cual le cambiamos el nombre por el de Radio Noticias 1.060 porque era la primera en asumir una programación de sólo noticias las 24 horas. Con resultados excelentes, colocamos en el segundo lugar a una emisora que estaba en el último y la pusimos a facturar cifras importantes. Para entonces requeríamos los servicios de una reportera y contraté a Milagros Zambrano, corresponsal de Venevisión. Como no teníamos dinero para pagarle, acudimos al sistema de cupos, que se aplica en muchas estaciones de radio y TV. Ese mecanismo le permite al periodista buscar patrocinadores y así la empresa se ahorra salario, prestaciones y vacaciones. Milagros consiguió la Lotería del Táchira, pero como no tenía una empresa registrada para contratar cuñas acudió a Fabiola Niño, actual corresponsal de Televen, cuya compañía (Nuevo Perfil), estaba registrada. La Lotería contrataba a Nuevo Perfil y ésta a Milagros para transmitir boletines informativos. A la hora de cancelar las cuñas la Lotería le pagaba a Nuevo Perfil y ésta a Milagros.

_¿No recibías nada?

_En ningún momento la Lotería me pagó a mí o a mi empresa por esos boletines. Mi papel consistía en certificar, como coordinador de la radio, que los boletines se transmitían. Ese certicado se lo entregaba a Milagros, ésta se lo presentaba a Fabiola, quien elaboraba la factura, le anexaba el certificado y al recibir los papeles la Lotería pagaba.

_La demanda es porque supuestamente no se transmitían los boletines.

_La abogada Ana Casnova, actual juez rectora, quien era procuradora del Estado y fue consultora jurídica de la Lotería y de la Gobernación, así como candidata a la Alcaldía de San Cristóbal y a diputada por el PPT, metió una denuncia en la Fiscalía por órdenes del gobernador, porque dos personas dijeron que los boletines no eran transmitidos. Nosotros demostramos y en el expediente consta que eso no es cierto. Allí aparece mi carta de despido, firmada por la directora de la radio, Desireé González Zerpa, donde ella reconoce que esos boletines sí se transmitieron. Igualmente están consignadas dos declaraciones, una del operador de la radio, Simón Lima, quien ratifica la transmisión de los boletines y de las cuñas, con presentación y despedida. Lo mismo ocurre con las declaraciones de Milagros y de Fabiola.

_Si eso es así, ¿por qué te despiden?

_Hubo presiones. La emisora decide prescindir de mis servicios, por las presuntas irregularidades, en septiembre del dos mil, cuando estalla el escándalo, propiciado por algunos colegas. Seguro de que no cometí ninguna falta, reclamé airadamente y demandé a la radio. El juicio se prolongó hasta el año 2004, fuimos hasta el TSJ y la Sala de Casación sentenció que Azócar no le robó un bolívar ni a la Lotería ni a la radio, que fue despedido injustificadamente y por lo tanto debía ser reenganchado y recibir los salarios caídos. Como la radio se negó a pagarme las prestaciones le embargué un transmisor y la cerré por ocho días, hasta que me pagaron. Ahora, ¿cómo es posible que luego de demostrar en juicio que no estafé a nadie, se me haya metido en prisión?

_¿Qúe tipo de presiones se ejercieron sobre Desireé González Zerpa?

_La chantajearon dos personas que trabajan con Blanco La Cruz porque se avecinaba el vencimiento de los contratos de publicidad que tenían las seis emisoras del Grupo con la Lotería del Táchira, donde estaban en juego 200 millones de bolívares. Cuando Blanco La Cruz gana se producen presiones contra la radio porque yo me opuse a su candidatura y demostré que a pesar de denigrar de la IV República había sido empleado del PAMI en el gobierno de Caldera. Pero no solamente presionaron a la radio sino a las empresas que anunciaban en la radio y en mi programa. De manera que varias retiraron su publicidad. Yo entendí que la radio prefería resguardar sus ingresos antes que sostener a un periodista que estaba echando broma. Pero nunca me acusaron de estafador.

_¿Por qué se demoró tanto el juicio?

_Porque no habían encontrado un fiscal ni un juez que acataran las órdenes de Blanco La Cruz.

_Te acusan de obstaculizar el juicio.

_Falso. Yo acudí a todas la citaciones que me hizo la Fiscalía. Al menos doce veces y eso consta en los libros de visita. Pero más grave es que el fiscal general dijo y luego Iris Varela lo ratificó en tu programa de televisión, que yo tenía seis meses sin ir a la Fiscalía, lo cual es falso.

_¿Tu deber es acudir a la Fiscalía o al tribunal?

_La orden de privativa de libertad la pidió el fiscal 23, Juan Gutiérrez, el 23 de septiembre de 2005, por presunto delito de estafa y de lucro ilegal, que no existen. Luego lo denunciamos ante el fiscal general por abuso de autoridad y por acusarme de delitos inexistentes, uno de ellos contenido en la ley anticorrupción, aprobada en 2003, cuando los hechos ocurrieron en 2000. En diciembre de 2005 recibimos un despacho de la Fiscalía donde se nos notificaba que mi denuncia era aceptada y que se le abriría una investigación a Gutiérrez. Eso se convertía en causa de inhibición y le dijimos al juez Chacón (el que ordenó mi detención) que yo quería declarar, pero ante ese tribunal. Nunca respondió. En febrero recibimos una citación de Gutiérrez, quien ya estaba inhabilitado. El miércoles 1 de marzo acudí a la citación, a pesar de que ésta no establecía fecha de presentación. Allí le reiteré que no podía declararle y él decidió solicitar la privativa de libertad al día siguiente, jueves 2 de marzo. El viernes al mediodía ya el juez Chacón estaba otorgando la privativa de libertad.

_Si eso es como tú dices, no vas a salir de la cárcel.

_El gobernador y su pandilla de delincuentes pusieron precio a mi cabeza. El miércoles 1 de marzo, mientras yo estaba en la Fiscalía, él convocó a su residencia oficial a la mayoría de los jueces del Táchira. Todos nombrados por la magistrada Porras, a instancias suyas, de Iris Varela o de Tascón. El Poder Judicial en el Táchira está controlado en 95% por el Poder Ejecutivo (Blanco La Cruz). Por eso una ex directora es ahora titular en un tribunal y Ana Casanova pasó de consultora jurídica de la Lotería a juez rectora. Lo que me queda es acudir a la Corte de Apelaciones, presidida por Joaquín Bermúdez, esposo de la abogada Yanma Martínez, ex empleada de Blanco La Cruz. ¿Cómo puedo esperar, entonces, que se haga justicia?

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