CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
El pasado martes, apenas 15 minutos después de concluir su programa matutino de televisión en el estado de Táchira, ubicado en la región fronteriza con Colombia, el periodista Gustavo Azócar Alcalá lograba obtener un destacado lugar, aunque no merecido, en la polémica era marcada por la llegada al poder del presidente Hugo Chávez: convertirse en el primer periodista venezolano en ser puesto tras las rejas.
Decenas de periodistas habían sido hasta ahora objeto de juicios de difamación por difundir críticas al gobierno de Chávez. Las presiones se habían agudizado brutalmente sobre comunicadores y empresas de comunicación en los últimos años. Incluso se habían reportado asesinatos de periodistas aunque siempre atribuidas al narcotráfico. Pero nunca un periodista activo y reconocido había sido encarcelado no sólo sin haber sido enjuiciado, sino minutos después de haber publicado información sensible que afectaba a personalidades del oficialismo.
”Me están deteniendo simplemente porque estoy diciendo la verdad”, dijo Azócar a El Nuevo Herald horas después de su detención, en un centro de reclusión de la policía tachirense en la ciudad de San Cristóbal, a donde había sido conducido una vez que concluyó su programa Café con Azócar.
En ese espacio televisivo, Azócar había dado a conocer en vivo documentos sensibles, que demostraban graves delitos cometidos por uno de los más importantes jueces de la
región.
La comunicación con el reportero había sido posible gracias a que su esposa María Rico había introducido un teléfono en la celda. La entrecortada entrevista fue hecha en voz baja aprovechando los descuidos de los guardias.
Luego de una interrupción obligada (tuvo que apagar el celular dos veces) Azócar indicó que su encarcelamiento no le era del todo inesperado.
”Sabíamos que iban a tomar esta medida”, dijo. “Lo que no sabíamos era cuándo”.
Una vocación cívica
Azócar contó en esos cinco minutos de conversación la compleja trama que se había iniciado seis años atrás, cuando comenzó su paciente trabajo de reunir, documentar y publicar una ya larga lista de irregularidades que ponían al descubierto a importantes personalidades del gobierno local, vinculados estrechamente al chavismo.
Azócar no era nuevo en el negocio de las exclusivas periodísticas. En 1988 documentó y dio a conocer en Venezuela detalles desconocidos de un operativo del Ejército en la zona fronteriza con Colombia del estado Apure, en el que había sido abaleada una columna de 15 supuestos guerrilleros colombianos.
Los reportajes de Azócar ayudaron a demostrar que lo que había ocurrido en realidad había sido una operación encubierta de organismos de inteligencia, para simular un enfrentamiento con la guerrilla, para lo cual ”sacrificaron” a un grupo de inocentes campesinos.
La impactante historia le valió no pocas amenazas de muerte y un premio nacional de periodismo que puso su nombre en la lista de los mejores periodistas de Venezuela.
Más recientemente, entre sus muchas crónicas investigativas, Azócar le estaba poniendo la lupa a una historia no menos truculenta de un joven tachirense que había sido enviado a Cuba para ser entrenado como un ”cuadro” de los círculos bolivarianos, pero que había sucumbido a las presiones del entrenamiento y había intentado suicidarse.
Al final del año pasado, cuando arreciaban las amenazas judiciales en su contra, parecía preocupado pero al mismo tiempo decidido a encontrarse con su destino.
El destino llegó el martes pasado.
Falsas acusaciones
El fiscal Juan de Jesús Gutiérrez había solicitado a un tribunal local una ”medida privativa de la libertad” de Azócar, “imputado por la presunta comisión de los delitos de lucro ilegal en actos de la administración pública y estafa”.
Se le acusaba de no haber cumplido con un contrato de publicidad contratada por la Lotería del Táchira, cuando el periodista era el coordinador de la emisora Radio Noticias 1060, que debía transmitir los mensajes comerciales entre marzo y mayo del 2000.
Lo que el juez estaba haciendo era confirmar una orden de detención que la fiscalía había emitido en octubre del año pasado, y que pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Azócar.
Además, se le acusaba de no haber acudido a anteriores citaciones que la fiscalía le había enviado por correo, lo cual representaba ”un intento por evadir la justicia y dilatar la aplicación de las normas procesales”, según dijo el fiscal Gutiérrez.
¿Qué había dado a conocer el polémico periodista que había desatado las iras del poder judicial tachirense?
La denuncia, presentada y comentada por su abogado Jesús Vivas Terán indicaba que el octavo juez de control Jorge Ochoa, nacido en Colombia, nacionalizado venezolano y nombrado en el 2001, había presentado documentos de estudio falsificados cuando aplicó ante el Tribunal Supremo de Justicia para obtener el importante cargo en el sistema judicial venezolano.
En otras palabras, había mentido a la mayor instancia judicial de Venezuela.
Entre otras pruebas, Azócar presentó un informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, en el que se detallaba que Ochoa se adjudicaba estudios de postgrado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Libre de Colombia, los cuales nunca realizó.
El informe del DAS había sido solicitado por la policía científica de Venezuela como parte de una investigación sobre Ochoa, que se estaba conduciendo de forma confidencial.
Azócar explicó que Ochoa había jugado un papel crucial para encarcelar a más de una docena de dirigentes locales de la oposición, por su participación durante los sucesos del 11 de abril del 2002, cuando el gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, fue depuesto temporalmente de su cargo, al igual que Chávez.
Azócar explicaba de este modo que su detención era “un pase de factura del gobernador Blanco La Cruz porque el juez Ochoa es su protegido”.
En una parca declaración pública el jueves, Blanco La Cruz negó cualquier relación con la detención del periodista, y su influencia en el sistema judicial regional.
Reacción popular
Cuando la noticia de la detención de Azócar comenzó a circular como un reguero de pólvora por Venezuela, varios portavoces gubernamentales intentaron contrarrestar la ola de solidaridad que surgió espontáneamente desde el primer día de su detención.
Utilizando una rocambolesca explicación judicial para justificar la prisión del periodista, el Fiscal General Isaías Rodríguez negó que en el caso de Azócar se hubiera producido una detención, y en su lugar detalló que se trató de una ”compulsa”, un tecnicismo para indicar que el acusado tuvo que ser obligado a comparecer porque supuestamente se había negado a atender previas citaciones de la fiscalía.
”Este señor simplemente es un estafador”, clamó Iris Varela, diputada del chavismo por el estado de Táchira, durante un programa de televisión el pasado jueves. Cuando el entrevistador le contrastó que Azócar todavía no había sido juzgado, y que por tanto no podía decirse que era culpable, la congresista corrigió su error: “Entonces es un presunto estafador”.
El abogado de Azócar, Jesús Vivas Terán, confirmó que su cliente ha recibido cuatro citaciones de la fiscalía, pero que han acudido a esta oficina una docena de veces, la última de las cuales se produjo el pasado 1ro. de marzo, una semana antes de la detención.
Vivas precisó que “envían las citaciones pero no le ponen ni día, ni hora de comparecencia”.
Añadió que mantiene un registro riguroso de las pruebas que demuestran las visitas de Azócar a la fiscalía en el estado de Táchira, incluyendo una por más de tres horas.
Pero el problema más grave está en el propio expediente del caso, según el abogado. “Es un expediente que no ha sido foliado, lo cual lo hace vulnerable a manipulaciones”.
De hecho, sostiene Vivas, “muchos de los documentos de defensa que nosotros hemos presentado cinco meses atrás fueron sacados del expediente, incluyendo el alegato fundamental de la defensa de Azócar, para evitar su encarcelamiento”.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), expresó su temor de que la medida pueda ser una ”retaliación” y declaró que resulta suspicaz que las investigaciones contra Azócar se iniciaran ”hace seis años”, y hayan sido ”excesivamente prolongadas en el tiempo”, y que “puedan estar siendo utilizadas con propósitos retaliativos contra un profesional del periodismo que ha ejercido su labor con sentido crítico y ha realizado denuncias sobre casos muy controversiales en el estado Táchira y en la región fronteriza”.
Un día antes de que fuera enviado a la prisión regional de Santa Ana, junto con delincuentes comunes, Azócar expresó su incerditumbre sobre el tiempo que permanecerá encarcelado.
”Es un juicio político”, dijo. “Y hay demasiada injerencia del gobierno en el poder judicial tachirense”
