CADA VEZ que los críticos del régimen dicen que estamos en una dictadura porque Chávez tiene el control de todos los poderes públicos, los medios y periodistas estamos perseguidos y el gobierno ha establecido la censura, los más conspicuos voceros del chavismo niegan la especie diciendo que aquí no hay ningún periodista preso. Esta semana el régimen derrumbó su propio argumento al ordenar la detención de Ibéyise Pacheco y Gustavo Azócar por razones políticas, aunque JVR y el Fiscal General pretendan meternos el cuento de que la sentencia corresponde a jueces independientes y a acciones privadas en las que nada tiene que ver el gobierno. A los dos colegas presos se unen otros en trámite de juicio (Napoleón Bravo y Marianella Salazar) y varios amenazados en el estado Anzoátegui, eso sin contar el terror de no pocos propietarios que caminan por los estudios con la Ley Mordaza y la reforma de Código Penal en la mano pidiendo a sus periodistas que sean comedidos para evitar el cierre o sanciones pecuniarias impagables.
El régimen de Chávez devino en dictadura seudoconstitucional gracias al papel represor de un poder judicial a su servicio. Las hordas que golpeaban a los reporteros y rompían los vehículos y cámaras de los medios privados fueron sustituidas por jueces que dictan “sentencias” más eficaces porque sacan de circulación a los periodistas críticos. Ibéyise lleva largo tiempo desatendiendo su trabajo periodístico a causa de más de diez juicios que han sido abiertos en su contra, con asistencia constante a los tribunales y reuniones con sus abogados. A Patricia la ahuyentan del país al acusarla de ser autora intelec tual de un crimen cuyos indicios apuntan hacia sus acusadores. Aunque los periodistas injustamente imputados han demostrado su valentía, el propósito del acoso es quebrar su voluntad y obligarlos a irse del país. Corremos también el peligro de que las presiones oficiales sobre los medios concluyan por provocar el despido de los periodistas “incómodos” y “rebeldes”, como ha ocurrido con algunos anclas de la TV.

Entre el poder político y los medios siempre ha habido una desconfianza mutua, hasta cuando el gobierno está en manos de mandatarios democráticos y funciona la separación de poderes. Sin embargo un signo inequívoco de que la democracia está en peligro es cuando comienzan los ataques sistemáticos a medios y periodistas y la libertad de expresión se considera un impedimento para el ejercicio autoritario del poder. Entonces el gobernante comienza a apoderarse de los medios de comunicación y a los que se resisten a perder su independencia, los acosa y persigue a través de leyes, multas y amenazas, cuando no el enjuiciamiento o prisión de sus propietarios y periodistas.

El verdadero periodismo nació político y su objetivo central sigue siendo la defensa de los derechos ciudadanos frente al abuso de los gobiernos, por eso es considerado perro guardián (wachtdog) que vigila al poder político y publicita sus posibles desmanes para conocimiento del pueblo. Y eso es lo que no soporta este Chávez endiosado, narciso, ahíto de poder y de dinero, rodeado de vividores, y ello incluye a los mandatarios latinoamericanos que reciben petróleo y dólares en abundancia a cambio de aceptar y hasta apoyar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Con la prisión de Azócar y Pacheco, Chávez obtuvo oficialmente el título de dictador, aunque antes ya lo ostentaba con decisiones aberrantes como la prisión del general Francisco Usón, sentenciado por un tribunal militar entregado a un régimen violador de nuestra soberanía y de los más elementales principios democráticos. Dan pena ajena los periodistas ñángaras que han vivido subvirtiendo el orden democrático y se salvaban escudándose en la libertad de expresión y en la solidaridad que les brindaba el gremio, escucharlos hoy decir que Ibéyise y Gustavo están presos por delitos comunes y no por ser críticos del régimen. La “dirigente gremial” (pobre gremio) Santos Amaral llegó a decir que el “caso de Ibéyise Pacheco forma parte de campaña mediática contra el gobierno” y quien fuera vaca sagrada del “periodismo de denuncia”, hoy sostiene cínicamente que “los periodistas acusados no son presos del gobierno”, como si no supiéramos que desde la Vicepresidencia él levanta el teléfono para dar órdenes a fiscales y jueces, como denunciase el ex concejal Herrera. (Recordemos que JVR y Diosdado Cabello son los acusadores de Marianella Salazar ¿puede decirse entonces que es una “causa privada” o, por el contrario, del gobierno?).

A periodistas, medios y demócratas en general nos esperan tiempos muy duros en este régimen brutal, pero a Chávez le esperan tiempos peores, porque ni medios, ni periodistas ni demócratas nos vamos a rendir. Quiera o no quiera seguiremos haciendo preguntas como las de Francia Sánchez, de RCTV, quien tiene derecho a saber por qué Chávez dilapida 10 millones de dólares en una cooperativa quebrada en Uruguay. El dictador reaccionará con más represión. Y así hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y ni Chávez, ni sus petrodólares, ni sus adulantes podrán evitarlo.

Por Marta Colomina
El Universal

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