Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.
Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado.
Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.
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