El presidente del CNE y miembros de la Sala Electoral del TSJ, entre otros, han conspirado para destruir la forma política republicana del país y eliminar definitivamente la Soberanía Popular y el derecho de autodeterminación del pueblo.
La forma política republicana no es otra que aquella forma de gobierno en el que el pueblo tiene el Poder Soberano, se diferencia así de otras formas de gobierno en donde una sola persona detenta el poder político. De tal manera que lo que está en juego en Venezuela no es solamente la perdida de una elección presidencial, es mucho peor, es también la perdida de la República como forma de gobierno, lo cuál extrema la gravedad de lo que estamos viviendo porque se transformaría en un daño irreparable contra la Nación.
En la República, como forma de gobierno, el poder es ejercido por las autoridades que representan al pueblo y que han sido elegidas de forma popular, es decir que los principales cargo políticos son decididos por los ciudadanos a través del voto en procesos electorales, ademas está caracterizada por la división de poderes públicos del Estado dentro de un régimen político democrático, electivo, representativo, alternativo y responsable.
Así las cosas, Nicolás Maduro, presidente en funciones; Elvis Amoroso presidente del CNE; Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral; Tarek Williams Saab, fiscal general de la República y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, entre otros funcionarios del Estado; están imponiendo un nuevo sistema de gobierno en Venezuela en donde quién detenta el poder sea quien determine quien ganó en una contienda electoral, sin necesidad de mostrar prueba alguna; y no la voluntad popular expresada por el pueblo en las urnas, tal como lo establece la Carta Magna y demás leyes de la República.
Asimismo hemos visto, con hechos precisos, una clara usurpación de funciones del Poder Electoral por parte del Poder Judicial, lo que demuestra sin lugar a equívocos, que en la práctica no hay una independencia de poderes, sin contar con la sumisión que tienen todos los poderes públicos del Estado al Ejecutivo Nacional.
Este precedente indudablemente termina por cambiar de facto el sistema democrático como forma de gobierno en Venezuela para convertirlo en un sistema autoritario, en donde en el papel se mantiene la separación de los poderes públicos del Estado, pero en la práctica no existe tal separación; en donde ademas se realizan elecciones pero sin ningún tipo de transparencia ni control, es decir, sin que se presente evidencia alguna de los resultados y con la imposibilidad de ejercer mecanismos de verificación y auditoría que permitan establecer lo que verdaderamente ocurrió en esa elección. Asimismo sin ninguna posibilidad de cuestionar los resultados turbios dados por quienes ejercen el poder porque tanto el órgano electoral, como el judicial, han sentado criterio “inobjetable” sobre ese tema. Es un sistema de gobierno en donde también existen medios de comunicación, pero se censura a todos aquellos que no apoyan las prácticas de dicho sistema, y en donde se persigue a la disidencia cada vez con más violencia. Es decir, sin que se ajuste al sistema de garantías democráticas.
Finalmente aboliendo la Soberanía Popular como fundamento del orden estatal y como principio constitucional de acuerdo al articulo 5 de la Constitución Nacional Venezolana que establece:
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”
En consecuencia en la práctica también desaparece totalmente la figura del sufragio como un derecho político, el cuál según el Artículo 63 del texto constitucional: “Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”
De tal manera que a partir del 28 de julio de 2024, si bien se mantiene el Consejo Nacional Electoral, se cambia totalmente la naturaleza de esa entidad rectora del Poder Electoral que debe ser la responsable de la transparencia, equidad y credibilidad de los procesos electorales y sus resultados, limitándose simplemente a ser un ente que organiza elecciones y que luego anuncia verbalmente los resultados de las mismas sin publicar las actas de votación mesa por mesa, sin permitir el acceso de la oposición para presenciar el conteo oficial de votos, y sin que se presente el material electoral correspondiente, ni siquiera al resto de los candidatos presidenciales que participaron en la jornada electoral para que estos puedan ejercer los mecanismos de verificación y auditoría de ese proceso, tal como lo dispone la ley.
Reafirmando esta premisa, los voceros del gobierno ya han dicho públicamente que en Venezuela no se aceptará más la presencia de observadores internacionales, e incluso el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además es militante activo del partido de gobierno, ha informado que propuso una reforma de las leyes electorales para prohibir la participación de observadores internacionales en las elecciones del país, esto a propósito de lo expresado por distintos países que cuestionan la transparencia del proceso electoral venezolano, y a lo señalado por el Centro Carter, observador internacional propuesto por el propio gobierno, quienes concluyeron en su respectivo informe que las elecciones en Venezuela no se ajustaron a los “parámetros y estándares internacionales para procesos electorales” y que “no puede ser considerada democrática”. Asimismo, el referido ciudadano anunció la reforma de la Ley de Partidos Políticos para “legalizar” todas las prácticas autoritarias que de hecho ya han puesto en marcha.
En este sentido el articulo 132 primer aparte del Código Penal Venezolano contempla el delito de Conspiración para destruir la forma Política Republicana, cuando señala:
“Cualquiera qué, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”
Es importante recalcar que dicho delito es de tal gravedad que ha sido catalogado como un delito formal porque es un delito de peligro, esto quiere decir de acuerdo al derecho penal, que no requiere de un resultado efectivo para su consumación, es decir, el delito se configura con la sola acción de su autor y demás involucrados, lo que el legislador castiga en este caso es la sola amenaza o la probabilidad de destrucción o menoscabo del bien jurídico protegido, en este caso la forma de gobierno que se ha dado a la Nación, por lo tanto la sola tentativa se tiene como delito consumado.
Con todo lo anteriormente expuesto, de mantenerse la postura del régimen de Nicolas Maduro sin que exista consecuencias importantes que permitan restituir el orden constitucional en Venezuela, nos quedaremos sin República como forma de gobierno y la Soberanía Popular habría sido erradicada definitivamente, ya que a partir de ahora esta recaería en el régimen que detente el poder en ese momento y no en el pueblo.
Ahora bien, este precedente nefasto para la historia de la democracia occidental, jamás visto en ninguna elección democrática contemporánea; no solo afecta a Venezuela, afecta a toda América Latina, no nada más por la gran afluencia migratoria, amén de que Venezuela ya representa un problema geopolítico por su estrecha relación con países como Rusia, y por su estructura de crimen organizado; también afecta a la región porque socava de manera alarmante el sistema democrático de toda la región que termina por ser cada vez menos confiable para la ciudadanía que, entre otras cosas, pierde la fe en el sistema al ver que quien ostenta el poder puede pasar por encima de la Soberanía Popular cuando un mandatario decide mantenerse en el poder pese a que no fue electo por el pueblo, y que además es repudiado por la inmensa mayoría como ocurre en nuestro país.
Resumen de los hechos
El pasado domingo 28 de julio el pueblo de Venezuela acudió pacíficamente a ejercer su derecho a elegir al presidente del próximo periodo presidencial y decidió por una mayoría abrumadora que el candidato opositor Edmundo González Urrutia era el ganador de la contienda electoral quedando muy por debajo en cuanto a votos se refiere, el candidato del oficialismo Nicolas Maduro Moros.
Acto seguido, la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso anuncia al país ante medios nacionales e internacionales, el primer boletín de los resultados de la elección presidencial manifestando que con una tendencia “contundente e irreversible”, con 80% de las actas transmitidas y con una participación del 59% el ganador de la contienda fue Nicolás Maduro Moros con 5.150.092 de votos correspondientes al 51.20%, de igual forma expresó que Edmundo González obtuvo 4.445.978 de votos equivalente al 44.2% y otros candidatos obtuvieron 462.704 de votos para un 4.6%.
Por su parte, María Corina Machado, líder de la oposición, y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, seguidamente al anuncio del CNE, también se dirigieron al país manifestando que los resultados verbalmente anunciados por Amoroso no se ajustaban a la realidad que mostraban las actas recopiladas por los testigos de mesa y que ellos habían logrado reunir el 73,2% de esas actas según las cuales Edmundo González Urrutia obtuvo 6,25 millones de votos frente a 2,28 millones de votos que obtuvo Nicolás Maduro y que por lo tanto se estaba consumando un escandaloso fraude electoral.
Entre tanto, los resultados anunciados de forma oral por el Consejo Nacional Electoral en su primer boletín no fueron publicados de forma detallada en la página web del ente electoral como corresponde, es decir, mesa por mesa, en aras de la transparencia del proceso electoral y pese a que cuentan con un sistema automatizado que les permite ofrecer resultados casi de forma inmediata una vez cerrados los centros de votación, no obstante, aún con toda la anterior irregularidad y con una denuncia publica de fraude masivo, en la madrugada del 29 de julio, el CNE proclamó como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moros.
Posteriormente, el 02 de agosto, fuera del lapso establecido en el articulo 143 de la Ley Orgánica de Procesos electorales (LOPRE) que establece que el CNE tiene un máximo de 48 horas para anunciar los resultados definitivos mesa por mesa de todo el territorio nacional, el referido presidente del CNE Elvis Amoroso, anuncia su segundo boletín con transmisión del 96.87% de las actas y con una participación del 59,97% ratificando a Maduro como ganador con 6.408.844 votos correspondiente al 51.95% dejando a Edmundo González con 5.326.104 votos correspondiente al 43.18%.
Estos resultados tampoco fueron publicados en la pagina web del CNE con el desglose respectivo, y hasta la fecha nadie ha visto por parte del ente electoral la publicación de las actas de escrutinio que avalan los resultados dados por Elvis Amoroso y que señalan como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, aun cuando no solo es una exigencia de la ley, sino de la oposición venezolana y de diversos países que han emitido pronunciamiento en torno al tema electoral venezolano. Es que como se señaló al inicio, el material electoral ni siquiera le fue presentado al resto de los candidatos presidenciales que participaron en la jornada para que estos pudieran ejercer los mecanismos de verificación y auditabilidad del proceso electoral. De la misma manera, el CNE tampoco llevó a cabo las auditorias poselecciones que forman parte de las fases previstas por el propio CNE y que son fundamentales para confirmar los números dados por el presidente de ese organismo.
Como última jugada desesperada, Nicolás Maduro judicializa el proceso electoral para evitar presentar las actas electorales correspondientes, y sin existir motivo legal para ello, acude a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, organismo judicial abiertamente afecto a Maduro, para ejercer un recurso contencioso electoral con fundamentos hasta la fecha desconocidos, incluso por las demás partes involucradas; esto con el único fin de que este órgano judicial le de veracidad a los resultados emitidos por el CNE, algo completamente improcedente puesto que el TSJ no tiene competencia para ello. De hecho, así lo ha establecido ese máximo Tribunal en sentencias anteriores emitidas por la misma sala electoral. Aún así, la Sala Electoral violando la separación de poderes y su propio criterio legal sobre la competencia en materia electoral, admite el recurso presentado y acuerda una serie de actuaciones, entre ellas el peritaje de las actas electorales como si de un órgano de investigación se tratase, acto en el cuál ellos de manera personal participaron, y en fecha 22 de agosto fuera de su competencia, dicta una sentencia inédita y nula de nulidad absoluta por ser violatoria de derechos garantizados en la Constitución Nacional, como lo es el ejercicio de la soberanía popular a través del voto, y certifica de manera “inobjetable” el material electoral “peritado” y convalida los resultados electorales anunciados por el CNE, y por su parte el CNE, de manera insólita ,“acata” dicha sentencia en vez de denunciar la injerencia del Poder Judicial en el Poder Electoral.
Asimismo, transcurrido más de un mes desde que se realizara la elección presidencial, hasta la fecha el CNE tampoco ha sido publicado en la Gaceta Oficial el resultado desglosado de la contienda electoral, ignorando también el contenido del articulo 155 de la LOPRE.
Como si fuera poco lo anterior, el régimen de Maduro desató una brutal represión en contra todo aquel, que de una u otra forma, se manifieste en contra de su fraudulento anuncio y le exija la presentación de las actas con el resultado real de las elecciones, y cada vez se profundiza más esa represión, llegando a niveles de asesinato de civiles por parte de organismos de seguridad del Estado, encarcelamientos de adultos y adolescentes a quienes se les imputa delitos graves como el terrorismo, se han infligido heridas personales, daños a la propiedad, y en especial se ha desencadenado una persecución a todo el circulo cercano de la líder Maria Corina Machado, e incluso se ha llegado a arremeter contra el presidente electo, Edmundo González, librándosele citaciones a través del Ministerio Publico con fines desconocidos en el documento, pero con la clara intención de privarlo de su libertad por delitos graves, ya que así lo ha anunciado el propio Fiscal General y demás voceros del gobierno. Y se esperan más crímenes, más arbitrariedades y más desconocimiento de la ley, hasta tanto surja algún hecho de relevancia nacional e internacional, que haga deponer la actuación autoritaria y delictiva del falso presidente electo y sus séquitos.
Ernesto Ecarri de Produ.com/Nota de prensa
