Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU. solicitaron el martes 14 de febrero de 2023 a un tribunal federal que ordene el congelamiento del programa de ayuda humanitaria que otorga permisos de inmigración a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Los estados demandantes solicitaron a un juez federal de Texas una orden judicial para detener el programa mientras el caso está en los tribunales.
Abogados de unos 20 estados presentaron una demanda a finales de enero pidiendo a la corte que ponga fin a un programa que permite a inmigrantes de cuatro países latinoamericanos solicitar permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los demandantes argumentaron que la decisión de la administración de Joe Biden de activar el programa de ayuda humanitaria fue “arbitraria y caprichosa”. Además, aseveraron que el programa, que otorga hasta 30.000 permisos humanitarios por mes, significa millones de dólares en pagos que los estados deben asumir para “servir a los inmigrantes”.
La demanda, firmada por fiscales de Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, entre otros estados, está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas y a otras agencias federales encargadas de asegurar la frontera y gestionar la inmigración en Estados Unidos.
Mayorkas defendió el programa, diciendo que ha reducido los cruces fronterizos ilegales en un 90 por ciento y calificó la demanda de “incomprensible”.
La Casa Blanca anunció un el programa para los venezolanos en octubre, a medida que más personas llegaban a la frontera sur con México desde el país que ha sido severamente golpeado por la crisis política y económica.
A principios de este año, anunció que ampliaría un programa conocido como “parole humanitario” para incluir a personas de Haití, Nicaragua y Cuba, que han llegado a la frontera en números récord en busca de asilo. Unas 11.000 personas de estos cuatro países llegaron a Estados Unidos en enero. Según el programa según datos del DHS.
Aparte de los beneficios migratorios, la Administración de Biden ha venido ejecutando una política de devoluciones en caliente a través del Título 42, una normativa sanitaria que otorga a las autoridades migratorias la potestad de regresar a México a cualquier inmigrante sin permitirle solicitar asilo.
Con información de EFE
