El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que Venezuela violó los derechos del jurista Allan Brewer Carías de ser juzgado por un tribunal independiente y su presunción de inocencia, durante un proceso en su contra hace 16 años, informó la institución este miércoles.
Brewer Carías fue señalado en 2005 de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos” por su presunto papel en la preparación del “Decreto Carmona”, un texto que ordenaba el establecimiento de un gobierno de transición tras el golpe de estado contra el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2002.
Brewer Carías fue consultor, ocupó distintos cargos en el gobierno venezolano y fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.
De acuerdo con el jurista, durante el proceso penal los fiscales y jueces de su caso fueron nombrados temporalmente. Además, tres jueces fueron destituidos después de decisiones que podrían haberse considerado beneficiosas para el acusado.
El comunicado del Comité de Derechos Humanos de la ONU donde explica su decisión señala que, en vista de esa situación, a Brewer Carías no se le concedió el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente.
“Las autoridades judiciales deben poder trabajar de manera independiente y libre de injerencias o influencias indebidas por parte de los organismos ejecutivos, lo que implica contar con estabilidad en sus cargos para el buen desempeño de sus funciones”, dijo Carlos Gómez Martínez, uno de los expertos independientes del Comité.
También se le habría violado el derecho a la presunción de inocencia, debido a declaraciones públicas del presidente Chávez y un libro del fiscal general en ese momento en el que afirmaba que el jurista había participado en la redacción del decreto, aunque él asegura que no.
Brewer Carías salió del país meses después de iniciado el proceso judicial, intentó, sin éxito, impugnar su acusación y en 2016 elevó su denuncia al Comité de la ONU.
La decisión del Comité también pide declarar la nulidad del proceso penal y solicita al Estado tomar medidas para evitar que se repitieran estas violaciones.
Con información de VOA
