El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este domingo 11 de abril una nueva Ley de Migraciones con el fin de implementar una serie de cambios en la política actual que rige la materia y que afecta de forma directa al proceso de ingreso para aquellas personas que quieran ingresar a la nación austral. Además, confiere de facultades a los cuerpos de seguridad para poder frenar la llegada de migrantes ilegales a suelo chileno.
Desde Iquique, Piñera anunció así las reformas a esta ley migratoria y deroga la legislación que estaba vigente desde 1975, luego de haber estado en trámites desde 2013 en la sede del Congreso de ese país sudamericano, al tiempo que ha tenido críticas por parte de la oposición a su administración y de grupos promigrantes.
«El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular que permita la inmigración legal y combata la ilegal», afirmó el mandatario chileno.
A su juicio, la antigua Ley de Extranjería «ya no responde a los desafíos y necesidades de la Chile actual» y enfatizó que no desea que a su país lleguen elementos como el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando «y aquellos que no respeten nuestras leyes». De igual forma, subrayó que a las personas que intenten ingresar de forma ilegal -haciendo alusión a la mayoría de migrantes venezolanos que lo hacen- podrían cometer delitos y estar susceptibles a ser expulsados del país.
Resaltó que Chile ha sido siempre «un país abierto y acogedor con los migrantes» que deseen buscar una mejor calidad de vida y establecerse en ese territorio, mientras que recordó que todavía sigue activo el plan «frontera segura», iniciativa que se hizo de forma conjunta con Perú y Ecuador donde movilizaron a elementos de sus Fuerzas Armadas para interceptar a las personas que busquen ingresar por pasos ilegales a esas naciones.
Entre las principales acciones que establece la nueva Ley de Migraciones está la promoción de derechos y deberes de los extranjeros en la nación austral; sincerar los motivos por los cuales llegan los migrantes a Chile y deseen quedarse, que soliciten visa desde el primer día en los consulados y puedan tener su cédula de identidad.
Se crea el Servicio Nacional de Migraciones y direcciones regionales, que le permitirá al Ejecutivo poder tener un mayor monitoreo y control sobre el tema, así como también homologará los trámites correspondientes.
También, se facilitará la expulsión administrativa de aquellos que hayan ingresado de forma irregular al país sudamericano.
Recientemente, el gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría del Interior, está llevando a cabo un proceso de licitación para contratar el suministro de pasajes para 15 vuelos; 13 para Venezuela y dos para Colombia, en los que se pretende deportar a 1.800 ciudadanos venezolanos y colombianos que se encuentran de forma ilegal en la nación austral.
De acuerdo al portal de La Tercera, el pasado 12 de marzo esa oficina de la cartera de Interior hizo público el proceso para la compra de estos pasajes por el orden de los $300 millones.
Con información de Curadas
