La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado venezolano abandonar “definitivamente” el juzgamiento de civiles en tribunales militares.
El llamado se da ante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que cita de diciembre de 2020, en el que el máximo tribunal reafirmó la competencia de la jurisdicción penal castrense sobre infracciones militares realizadas por civiles.
“A juicio de la Comisión, este razonamiento no responde al carácter absoluto que pesa sobre la prohibición de juzgar civiles ante la jurisdicción penal militar”, indica el comunicado publicado este miércoles.
La Comisión destaca los casos del sindicalista Rubén González, a quien una Corte Marcial le confirmó una condena impuesta por un Tribunal Militar, y el del médico cirujano Iván Marulanda, presentado ante tribunales militares.
“Preocupa especialmente a la Comisión que el uso de la jurisdicción penal militar se haya intensificado durante los episodios de protestas, como ocurrió en el año 2017”, señala la CIDH.
La CIDH concluye su comunicado recordando que la jurisdicción penal castrense debe tener un alcance “restrictivo y excepcional”.
Piden al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para “adecuar su ordenamiento interno” y reconducir ante la jurisdicción correspondiente los casos que no deben estar en manos de la jurisdicción penal militar.
Ni el TSJ ni otras autoridades venezolanas se han referido al llamado de la Comisión.
Con información de VOA
