La cárcel y la tortura fungen como las principales armas de Nicolás Maduro para acallar las injusticias que ocurren en el territorio venezolano.
El régimen de Nicolás Maduro inicia el 2021 con una de las situaciones más deplorables que pueden arropar a Latinoamérica: cientos de venezolanos encarcelados por hacer ejercicio de sus derechos fundamentales. Hoy son cada vez más quienes alzan la voz en contra de la dictadura, pero pagan con su libertad el precio de hacer frente a los atropellos del chavismo.
Ejercer su derecho a la libre expresión, a quejarse, a pedir más libertad y mejor calidad de vida puede significar que se convertirán en objetivos del régimen. Al dictador Nicolás Maduro no le gusta el disenso ni que critiquen su gestión.
De acuerdo con cifras recabadas por Infobae, la cárcel y la tortura fungen como las principales armas del régimen para acallar lo que ocurre en el territorio venezolano. De hecho, hasta ahora 354 venezolanos se encuentran tras las rejas por alzar su voz en contra de Maduro. Del total de estos presos políticos, 227 son civiles, y 127 son militares. Durante el 2020 esta situación fue invisibilizada por la pandemia ocasionada por el “virus chino”.
Todos los medios se concentraron en el origen de la pandemia, en los recursos para contenerla y en el proceso de investigación, fabricación y distribución de las vacunas. Mientras los ojos de todos se enfocaban en eso, muchos venezolanos eran torturados por el régimen de Nicolás Maduro.
De igual forma, la maquinaria chavista trata de proyectar unidad de todas las instituciones de Venezuela en favor de Nicolás Maduro. Las más importantes son las que conforman las fuerzas militares. Sin embargo, al interior de esas instituciones se presentan varios números de deserciones y conspiraciones que ponen en duda dicha unidad.
La persecución a las comunidades indígenas
Varios individuos que pertenecen a comunidades indígenas también han sido hostigados y encarcelados por el régimen. Infobae puso de ejemplo a Salvador Franco y otros 12 indígenas, que pertenecen al pueblo pemón. Ellos fueron torturados, incomunicados y sometidos a desaparición forzosa y tratos crueles.
A Franco lo acusan de participar en la “operación aurora”, que tenía como finalidad asaltar al batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa en la trocal 10 y Escuadrón de Caballería Motorizada 5102 conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana.
A Franco lo acusan de seis delitos, dentro de los cuales está conspiración en la forma política y terrorismo. Inicialmente, él fue presentado ante un tribunal que conoce de delitos de terrorismo. El juez José Márquez García es el encargo de dicho expediente.
En mayo del año anterior, lo trasladaron sin que mediara orden de tribunal competente, a la cárcel Rodeo II en Guatire, estado Miranda, donde permanece. Es de resaltar que desde que llegó a ese centro de reclusión, Franco presentó problemas delicados de salud.
Algunos miembros de su familia han denunciado que se encuentra en estado de desnutrición. Esto muestra el trato inhumano que el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido con los miembros de comunidades indígenas.
El 21 de octubre del año pasado, el juez Márquez García realizó la audiencia preliminar del caso. Con sus propios ojos pudo constatar el deterioro de Salvador Franco. Por lo tanto, ordenó su traslado a un centro de salud. A pesar de la orden judicial, Franco no ha sido trasladado y su vida sigue riesgo de extinguirse.
El nefasto comodín del régimen: Maduro aún tiene más de 350 presos políticos
