Los familiares de los presos políticos detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda, pidieron la reanudación de las visitas al cumplirse casi un año de que el director del penal cerrara las puertas a los allegados de los detenidos por orden del régimen de Nicolás Maduro ante la pandemia por el Coronavirus.
El 2 de abril de 2020 las autoridades cerraron las cárceles de Venezuela a cualquier visita y, con ello, estrangularon cualquier oportunidad de abastecerse de alimentos y de agua potable a los detenidos.
Cinco meses después, el 13 de septiembre de 2020, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) comenzaron a recibir a los familiares mientras que en Ramo Verde las puertas se mantenían cerradas.
Ante ello, los familiares han emitido cartas al ministro de la Defensa de Maduro, al viceministro de Asuntos Penitenciarios y al director del penal a que se reanuden las visitas. Pero las peticiones no han sido atendidas.
El 12 de diciembre de 2020 el director de Ramo Verde, Israel Brito Rodríguez, asomó la posibilidad de permitir las visitas a través de una cerca alambrada, bajo el sol y de pie por solo 30 minutos. Estas declaraciones generaron molestia en los detenidos quienes se declararon en rebeldía, afirmando que la misma es una violación a sus derechos humanos.
Brito Rodríguez respondió al llamado días después de los privados de livertad y decidió lavarse las manos afirmando que la culpa de que no se lleve a cabo el proceso, que corresponde por ley, es de la ministra del régimen de Maduro, Mirelys Contreras. “Eso les pasa por traidores”, subrayó.
En esa reunión asomó la posibilidad de que los familiares pagaran en dólares por las visitas, siendo una medida que habrían acatado en los demás penales.
Una triste Navidad
El 31 de diciembre de 2020 al menos 120 familiares visitaron la cárcel con la esperanza de abrazar a su ser querido, pero las puertas seguían cerradas. Los custodios, después de una larga espera, dijeron que podían ingresar al penal y realizar el encuentro por medio de una cerca de alambre y por 30 minutos. Los mismos no tendrían privacidad ya que un militar los estaría acompañando.
Las personas lloraron y suplicaron la extensión de la visita. Cuatro horas después de espera, donde ni siquiera atendían los alimentos, el director del penal les dijo que de no aceptar la medida podían irse. Nadie aceptó.
Aunque a los familiares los obligan a realizar una lista de los alimentos que llevan porque la misma luego sería firmada por el privado de libertad, según declaraciones de los guardias, no tienen como cerciorarse que el mismo llegue íntegro.
Debido a los altos costos solo pueden llevarles comida cada 15 días. Algunos ni paquetes reciben, pues sus allegados viven en el interior del país y por la pandemia se les dificulta movilizarse. Por lo que dependen de los alimentos que entregan en el penal; los mismos carecen de proteínas.
No alimentarse bien abre las posibilidades a contraer enfermedades infectocontagiosas que circulan profundamente en los penales, así como la tuberculosis, sarna, hepatitis, entre otros.
Aunado a la petición de la reanudación de visita se encuentra la solicitud de la libertad de los detenidos, en los centros penitenciarios se encuentran personas que ya han cumplido su condena o que tienen boleta de excarcelación, sin embargo, los mantienen encerrados bajo condiciones precarias.
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