20/12/2020 Miami-EE.UU. Sin pensar que es una violación a los Derechos Humanos. Israel Brito Rodríguez, director del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocida como Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, asomó la posibilidad de cobrar la visita a los familiares de los presos políticos en Venezuela, declaración que alarmó y molestó a los reclusos.
Un custodio de la cárcel militar dijo a Venezuela Awareness que el director del penal indicó la medida luego de una reunión con los jefes de piso quienes interrogaron el motivo del aislamiento que tienen desde hace más de nueve meses.
“Hagan como en los demás penales, paguen. Piénselo”, fue lo que dijo Brito Rodríguez sobre la medida, esto sin decir monto ni cuándo se podría llevar a cabo.
El 12 de diciembre del año en curso el director de Ramo Verde dijo que para evitar los contagios por COVID-19, se pretende permitir, mediante una reja, que los familiares visiten a los “secuestrados políticos”, término utilizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Luis Almagro.
Esta posibilidad molestó a los privados de libertad quienes se declararon en desobediencia y pidieron hablar con el director. Brito Rodríguez respondió al llamado días después y decidió lavarse las manos afirmando que la culpa de que no se lleve a cabo el proceso, que corresponde por ley, es de la ministra del régimen de Nicolás Maduro, Mirelys Contreras. “Eso les pasa por traidores”, subrayó.
Los presos políticos fueron castigados por los custodios días atrás por estar en desobediencia luego de que transcurriera otra semana y la cárcel militar sea la única cerrada a las visitas. Le habían cortado el servicio del agua, recibían una porción más pequeña de comida; solo dos veces y a deshora.
El capítulo VII, Contacto de los reclusos con el mundo exterior, del manual de los Derechos Humanos y Prisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exige el derecho a la visita y reza:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
Todos los reclusos tendrán derecho a comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familiares.
Se permitirá a los reclusos de nacionalidad extranjera comunicarse con sus representantes diplomáticos.
La petición de un recluso de estar en una cárcel situada cerca de su lugar de residencia se cumplirá en la medida de lo posible”.
El Coronavirus llegó a Venezuela en marzo del año en curso poniendo en alerta a todos los sectores del país, como medida de prevención el Ejecutivo Nacional cerró, el 2 de abril de 2020, todas las cárceles para evitar la propagación del virus, estrangulando así la oportunidad de abastecerse de agua potable y de comida a los reclusos.
El 13 de septiembre de 2020 los centros de reclusión que albergan a presos políticos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) comenzaron a recibir a los familiares mientras que en Ramo Verde las puertas continúan cerradas.
Asimismo, la Asamblea Nacional, representada por Juan Guaidó, considerado presidente interino por más de 50 países, envió una carta al director del Cenapromil pidiendo que reanuden las visitas y desestimó el uso de una reja para tal propósito.
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