Venezuela entre los 20 países del mundo en riesgo de «hambre o hambruna», según la ONU

El mundo se enfrenta a una alerta acentuada de hambruna con un nuevo informe de dos organismos de las Naciones Unidas que contiene una seria advertencia; cuatro países albergan zonas que podrían padecer una situación de hambruna en breve si sus condiciones se deterioran aún más en los próximos meses. Se trata de Burkina Faso -en la región del Sahel de África occidental-, Nigeria nororiental, Sudán del Sur y el Yemen.

Pero no solo esos países, hay otros 16, entre ellos Venezuela, cuya seguridad alimentaria está seriamente comprometida, entre otras razones, por la crisis económica acelerada por la pandemia de coronaviris.

Se trata de un informe publicado este viernes hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

En el documento de análisis se hace un alerta temprana de los focos de inseguridad alimentaria aguda. Allí se describe una combinación nociva de conflictos, recesión económica, fenómenos climáticos extremos y la pandemia de COVID-19 que está llevando a las personas a una fase de emergencia de la inseguridad alimentaria, destaca el escrito.

Venezuela en la mira

“La crisis macroeconómica, exacerbada aún más por los efectos socioeconómicos de las medidas relacionadas con el covid-19, serán particularmente preocupantes para Venezuela”, señalan la FAO y el PMA.

Los autores del informe ven también con preocupación la situación de riesgo alimentario a la que se enfrentan los inmigrantes venezolanos en los países vecinos, como Colombia, Ecuador o Perú.

Venezuela se encuentra sumida desde finales de 2015 en una crisis económica, política y social que ha obligado a unos 5 millones de venezolanos a abandonar el país, según cifras del Alto Comisionado de la ONU publicadas a comienzos de año.

Ya ha comenzado

Algunos sectores de la población de los cuatro focos de mayor preocupación ya están experimentando una situación crítica de hambre, y en el informe se advierte que la escalada de los conflictos, así como una mayor reducción del acceso humanitario, podrían dar lugar a un riesgo de hambruna.

El objetivo del informe sobre las zonas problemáticas es informar sobre las medidas urgentes que pueden adoptarse ahora para evitar una emergencia grave -o una serie de emergencias- en un plazo de tres a seis meses.

Todo depende…

La evolución de la situación en los países de mayor riesgo dependerá de la dinámica de los conflictos, los precios de los alimentos y los innumerables efectos de la pandemia de la COVID-19 en sus sistemas alimentarios, el comportamiento de las lluvias y las cosechas, el acceso humanitario y la disposición de los donantes a seguir financiando las operaciones humanitarias.

«Este informe es un claro llamamiento a actuar con urgencia», aseguró Dominique Burgeon, Director de Emergencias y Resiliencia de la FAO. «Estamos profundamente preocupados -añadió- por el impacto combinado de varias crisis que están erosionando la capacidad de las personas para producir y acceder a los alimentos, dejándolas cada vez más expuestas al riesgo del hambre más extrema. Necesitamos tener acceso a esas comunidades para asegurarnos de que dispongan de alimentos y de los medios para producirlos y mejorar sus medios de vida para evitar el peor de los escenarios».

«Nos encontramos en un punto de inflexión con consecuencias catastróficas. Una vez más, nos enfrentamos al riesgo de hambruna en cuatro partes diferentes del mundo al mismo tiempo. Cuando declaramos una situación de hambruna significa que ya se han perdido muchas vidas. Si esperamos a averiguarlo con certeza, la gente ya está muerta», declaró Margot van der Velden, Directora de Emergencias del PMA.

«En 2011, Somalia sufrió una hambruna que mató a 260 000 personas. La hambruna fue declarada en julio, pero la mayoría de las personas ya habían muerto en mayo. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Tenemos una elección difícil: actuar de forma urgente hoy, -advirtió- o una pérdida de vidas inaceptable mañana».

Tendencias negativas en general

En total, el informe conjunto señala un total de 20 países y contextos que corren «un mayor riesgo de deterioro de la inseguridad alimentaria aguda», entre cuyos principales factores impulsores del hambre figuran la proliferación y la intensificación de la violencia, las crisis económicas exacerbadas por el impacto socioeconómico de la COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos, las amenazas transfronterizas -como la langosta del desierto- y la falta de acceso humanitario.

El informe señala que en la República Democrática del Congo se estima que hay actualmente 22 millones de personas en situación de grave inseguridad alimentaria, la cifra más alta jamás registrada en un solo país. Burkina Faso ha sufrido el mayor aumento, ya que el número de personas que padecen hambre en forma acuciante casi se ha triplicado en comparación con 2019, debido al incremento de los conflictos, los desplazamientos y los efectos asociados a la COVID-19 en el empleo y el acceso a los alimentos.

La situación también es difícil en el Yemen, donde la inseguridad alimentaria existente, combinada con el conflicto y una crisis económica cada vez más profunda, podría dar lugar a un mayor deterioro de una situación de seguridad alimentaria ya crítica.

La situación de catástrofe/hambruna es la más grave de las cinco fases utilizadas por el sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para indicar los grados crecientes de inseguridad alimentaria.

Cuando se declara esta fase extrema, significa que la gente ya ha empezado a morir de inanición. El informe sobre las zonas problemáticas advierte que, a menos que se tomen medidas urgentes ahora, el mundo podría experimentar su primer brote de hambruna desde que se declaró por última vez en 2017 en algunas áreas de Sudán del Sur.

Este nuevo informe se ha elaborado en el marco de la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza de agentes de asistencia humanitaria y desarrollo creada en 2016 por la Unión Europea, la FAO y el PMA para hacer frente a las causas profundas de las crisis alimentarias mediante el intercambio de análisis y conocimientos, el fortalecimiento de la coordinación de respuestas basadas en datos objetivos.

Con información de Curadas.com

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