Miami, EE.UU. 1/11/2020 “Después de más de dos años, puede ver la luz del sol todos los días”, así Molly de la Sotta, hermana del capitán de la Fuerza Armada Nacional y preso político Luis de la Sotta, indicó en entrevista a Venezuela Awareness que el militar fue trasladado a principio de octubre de 2020 de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al Complejo Militar de Fuerte Tiuna, ambas ubicadas en la ciudad capital, Caracas.
“Está en Policía Militar en Fuerte Tiuna, en una prisión que llaman ´La Venezuela de antier´. Es una casa vieja”, explicó Molly. Al tiempo que denunció que los familiares del capitán no fueron alertados de la medida, sino una semana después de haberse ejecutado el traslado debido a una llamada que le permitieron realizar al capitán.
De la Sotta fue detenido el 18 de mayo de 2018 por una comisión de ocho hombres vestidos con uniformes de la Dgcim que irrumpió en un helicóptero la estación naval de la Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, lugar de trabajo del capitán. Con armas largas y sin presentar orden de arresto lo amenazaron y lo forzaron a subir al aparato, dejándolo en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.
A un día de que se realizaran las cuestionadas elecciones presidenciales para el período 2019-2025, donde resultó vencedor Nicolás Maduro frente al alto número de abstención, los familiares del capitán se encontraban buscando al militar, quien fue desaparecido y no le permitieron la comunicación con la defensa ni seres queridos.
Ese mismo día, exactamente el 19 de mayo de 2020, la Fiscalía Militar solicitó una orden de aprehensión contra el capitán de la Sotta y otros tres oficiales. Fueron acusados por los presuntos delitos de traición, instigación a la rebelión militar, motín y delitos al decoro militar, inculpándolos de “planear” la supuesta ´Operación Armagedón´, “un golpe de Estado” que impediría la reelección de Maduro. Ese mes fueron detenidos al menos 30 oficiales militares y dos civiles por supuesta conspiración contra el Ejecutivo Nacional.
No fue sino un día después que hicieron público el informe, afirmando que fue el 20 de mayo el día de detención del militar. Esto pese a que dos días antes el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, hizo mención de la privativa de libertad en su programa “Con el Mazo Dando”.
“Tiene baño privado”
El capitán de La Sotta actualmente cuenta con un baño privado, esto luego de estar en los sótanos de la Dgcim, donde lo obligaban a hacer sus necesidades fisiológicas en una bolsa plástica. La habitación donde se encontraba no tiene ventilación, por lo que conviva con los fuertes olores.
Entre el 18 al 20 de mayo de 2018 estuvo en una celda de 2 x 2 metros, esposado, con los ojos vendados y encapuchado esto para interrogarlo sobre el supuesto derrocamiento del que formaría parte.
Los oficiales lo golpearon con palos y lo asfixiaron con una bolsa de plástico llena de gas lacrimógeno. No le dieron comida, ni agua. Tampoco tuvo acceso al baño.
Luego de varios días siendo torturados. Los oficiales, sus verdugos, le quitaron la capucha y le leyeron sus derechos y le hicieron firmar un certificado, dando a entender que fue detenido el 20 de mayo de 2018. Ese día, lo obligaron a incriminarse y a decir que la dirigente política, María Corina Machado, lideraba el movimiento.
El 22 de mayo, exactamente cuatro días después de su detención, fue presentado a tribunales, con la misma ropa que llevaba cuando fue privado de libertad, estaba llena de sangre y de fluidos corporales. Pese a eso y de su declaración de torturas, la juez a cargo del caso decretó la privativa de libertad.
Tras su audiencia de presentación, el capitán pasó 33 días incomunicado y en una habitación denominada “el Cuarto de los locos”. Los familiares hicieron el intento de encontrarse con de la Sotta pero pero los uniformados le indicaban que debía pasar “un período de adaptación”.
El 23 de junio de 2018 fue autorizada la primera visita familiar. Allí notaron, con tristeza, que al militar le habían afeitado la cabeza, llevaba ropa que maloliente. No podía mantenerse derecho porque tenía las costillas rotas. Estaba pálido, delgado y tenía cicatrices en la muñeca. “Parecía desorientado y no se sabía las hora del día”.
Después del primer mes de detención, el capitán fue trasladado a otra celda de la Dgcim en el Sótano 1. Estuvo desde junio de 2018 hasta enero de 2020. La celda tiene luz artificial de día y de noche, lo que afecta la noción del tiempo. Medía alrededor de 2.75 x 2 metros. Compartía el espacio con tres personas más; el coronel Johnny Mjías Laya, el teniente coronel Ruperto Molina y el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. No había baño. No había acceso al agua potable, requería de medicación por padecer presión arterial alta, pero no le fue proporcionada la atención adecuada, lo que exacerbó su condición.
El primero de enero de 2020 los militares fueron trasladados del sótano 1 de la Dgcim. Los encapucharon y los subieron a un carro donde no se les informó el destino, una medida que los hacía pensar que podrían ser llevados para ser torturados. Rodaron por largas horas, esto para que sintieran que estaban lejos de la sede.
Fueron trasladados a una habitación que llaman la “Casa de los sueños”. El personal de la Dgcim le dijo a los familiares que fueron trasladados porque fumigaban el sitio. Estuvieron incomunicados por un largo tiempo, luego con el brote del Covid-19 el régimen de Nicolás Maduro canceló las visitas.
Actualmente se encuentra en Fuerte Tiuna, le permiten que le lleven comida que sea enlatada o empaquetada. Durante la visita le permiten comida preparada.
“Él sigue fuerte, resistiendo. Está aislado, no puede hablar con nadie, pero está mejor que en los sótanos de la Dgcim”, resaltó Molly. Al tiempo que indicó que “allí (en Policía Militar) hay muchos zancudos y le permitieron llevar ventilador”.
Han llegado a todas las instancias internacionales
Su caso fue introducido ante la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se denunció ante la Corte Interamericana para los Derechos Humanos (Cidh), instancia que le otorgó medidas cautelares el 3 de octubre de 2018, instando al Estado a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad personal del capitán y garantizarle una atención medica.
También han introducido un documento ante la Cruz Roja Internacional, quien tiene una sede en Caracas y ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En cuanto a las instancias nacionales; la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público ,desde el momento de su desaparición hasta la fecha actual, la última denuncia fue el 21 de julio de 2020. Igualmente, ante la comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países.
El capitán de la Sotta tiene nacionalidad venezolana y peruana, pero la Dgcim le ha impedido la protección consular a pesar de las peticiones de la Embajada de Perú. Este 2020 se introdujo el caso en la Defensoría del Pueblo en Perú.
“Es el caso número 13 de las Naciones Unidas y nada ha impedido que le violen sus DD. HH. Los organismos internacionales no han funcionado para prevenir o evitar la tortura a mi hermano, y los organismos nacionales que se deberían de encargar en la defensa de los DD. HH. mucho menos porque han servido de cómplices. El caso de mi hermano está en todas partes, hasta en el Grupo de Lima. Seguimos esperando esperanzados”, concluyó Molly.
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