El Tribunal Supremo ha concedido un nuevo espaldarazo a la política migratoria de Donald Trump. La Administración podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, mientras los recursos contra estas políticas se resuelven en los tribunales. La mayor autoridad judicial de Estados Unidos, de mayoría conservadora, tomó la decisión el miércoles por la noche. El pasado verano ya permitió el uso de fondos para la construcción del polémico muro en la frontera con México y en 2018 avaló buena parte del veto migratorio impulsado por el presidente republicano.
La decisión del Supremo deja en suspenso la orden previa de un juez de California que había bloqueado la orden cautelarmente en todo el país. La directriz, anunciada el 15 de julio, deniega el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin haber solicitado allí el refugio previamente, lo que implica que la mayor parte de los centroamericanos deben hacerlo en México.
La orden solo exime a aquellos extranjeros que han sido objeto de tráfico de personas o recibido el rechazo a su solicitud en otro país, lo que evidentemente dificulta su aprobación en el siguiente, de modo que esta nueva política significa el cierre de la puerta estadounidense para miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y de la violencia. Hondureños y salvadoreños tendrían que pedir el asilo en Guatemala y México; y los guatemaltecos, a su vez, en México. La medida se añade a toda una ristra de políticas que buscan reducir la entrada de migración legal e ilegal en Estados Unidos.
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