Abril 02, 2018.- Allanamientos violentos y sin órdenes judiciales suceden en la entidad desde 2017, efectuados por los oficiales. Los vecinos han denunciado los abusos en la Fiscalía 5º de Tumeremo, pero no han obtenido respuesta, por lo que solicitan públicamente a la Presidencia de la República que este cuerpo de seguridad sea expulsado del poblado minero.
@orianafaoro
Habitantes del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, exigen a las autoridades la intervención y expulsión de la delegación local del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues el organismo “crea hostigamiento, terrorismo y zozobra en toda la población”.
Voceros de 41 consejos comunales del municipio Sifontes, en representación de 18.350 familias de la entidad, junto con gremios del comercio y de la minería, emitieron una comunicación a la Presidencia de la República este fin de semana. En esta exponen cuatro hechos violentos desde 2017, en que los funcionarios del Cicpc ejecutan allanamientos arbitrarios a viviendas, agreden a sus habitantes, y han creado “vulgares laboratorios de enfrentamientos” pues durante los procedimientos disparan al aire para luego alegar que hubo intercambio de balas.
En la comunicación, los vecinos exponen allanamientos e incursiones violentas en sus comunidades en cuatro ocasiones, tres en 2017 y una en 2018. Todas han sido denunciadas ante la Fiscalía 5º de Tumeremo, y todavía no tienen respuesta del Ministerio Público.
De los sucesos expuestos el más gravoso sucedió el 6 de septiembre de 2017, a las 9:30 de la mañana, en el sector Villa Felicidad: una comisión del Cicpc, junto con la Policía del estado Bolívar (PEB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército; incursionaron en la comunidad disparando al aire. El consejo comunal documentó ocho allanamientos violentos realizados sin una orden judicial. En todos golpearon a los dueños de las casas y se llevaron objetos personales.
Por ejemplo: Rosa Martínez denunció que su hijo, Ezequiel Cordero, estaba barriendo el patio cuando los funcionarios lo sacaron para golpearlo y esposarlo. Los oficiales además se llevaron una computadora y una impresora de esa casa. Reyna Cordero, otra vecina, denunció que fue golpeada y amarrada con una correa frente a sus hijos de 3, 6 y 8 años de edad, y que los oficiales se habrían llevado su plancha de cabello, dos colonias y un radio portátil. Otra violación registrada ese día fue la de la vecina, Aleida Cordero, quien denunció que le sustrajeron 2 millones 680 mil bolívares en efectivo más un televisor.
Algunas reuniones
Se han reunido dos veces con las autoridades: el 4 de noviembre de 2017 la fiscal de Derechos Fundamentales, Yoniray Lugo, acudió a Tumeremo para recibir las denuncias y comprometerse a investigar. Luego, el 28 de enero de 2018, el comisario del Cicpc, Fernando Jiménez, pidió disculpas en nombre del organismo y se comprometió a atender las denuncias de la comunidad de forma directa.
Los sucesos no han cesado. El pasado 16 de marzo los oficiales efectuaron un procedimiento similar en el sector Junín, disparando al aire, pero no practicaron allanamientos.
“Rechazamos y repudiamos los hechos de violación de los Derechos Humanos y abuso de Poder del Cicpc, por lo que solicitamos que sea intervenida y expulsada definitivamente del municipio, pues no vamos a seguir tolerando cambios de comisarios, jefes, ni de nuevos funcionarios e inspectores, que heredan los vicios de cobro de vacuna a los comerciantes, allanamientos a las viviendas privadas, personas desaparecidas y cadáveres con móviles falsos, además de vulgares laboratorios de enfrentamientos”, sentenció Nelly Briceño, vecina y vocera del consejo comunal La Caratica.
Sifontes y El Callao son los municipios mineros más violentos del sur de Venezuela, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), no solo por la actividad criminal, sino por el abultado número de muertes en manos de funcionarios del Estado, en operaciones que no arrojan saldos negativos o heridos del lado de los oficiales, ni tampoco detenidos por averiguaciones.
Denuncian extorsión
Yuri Aguinagalde, vocera del consejo comunal del sector Villa Felicidad, denunció que tanto Cicpc como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía del Estado Bolívar (PEB), Policía Nacional (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) instalan en Sifontes puntos de control para “cobrar un monto fijo” de dinero y extorsionar a los conductores que tengan gasolina en el tanque de su vehículo.
“Existen alcabalas móviles improvisadas, sin los protocolos, con el único fin de cobrar un monto fijo a los que transitan por el pueblo. Se nos cataloga como ‘talibaneros’ por el simple hecho que el vehículo posee gasolina en su respectivo tanque”, precisó Aguinagalde, al explicar que las intervenciones de los funcionarios no han logrado frenar el verdadero contrabando de combustible en el sur de Bolívar.
Los vecinos solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, una oficina de Atención al Pueblo y otra de atención a Derechos Fundamentales, que puedan atender las denuncias de los abusos policiales y reportar a la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República. (Con información de prensa de consejos comunales en el municipio Sifontes)
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63171-denuncian-excesos-del-cicpc-en-tumeremo
