Marzo 01, 2018.- A 29 años del Caracazo, la ONG defensora de derechos humanos no solo ratifica su exigencia de esclarecimiento de la masacre de aquel 27 de febrero, sino que reconoce que la idea de un Estado interesado en ocultar la verdad sobre aquellos hechos fomenta una violencia política amparada en la impunidad.
Lo de Cofavic es más que la persistencia de la memoria. Es más que un discurso de dolor y exigencia que se reedita año tras año, en cada aniversario de la masacre del Caracazo, de aquel nefasto y controvertido hecho de la historia nacional contemporánea. Porque Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989) va más allá del justo reclamo al Estado por aquella violación de derechos humanos. Porque sus ideas trascienden del mero hecho reivindicativo para promover y defender tales garantías. Y, como no, denunciar sus respectivas violaciones.
Es por eso que, en el 29 aniversario de aquel proceso de conmoción social, Cofavic no solo recuerda la impunidad con la que el Estado venezolano ha manejado el caso por casi tres décadas, sino que afirman que este germen se ha pervertido aún más en años recientes, al punto de conceptualizarlo como impunidad interesada. Esa que, aseguran, tiene una función estrictamente política.
“Luego de 29 años del Caracazo, en la investigación más resaltada por el Estado, aun no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista. Trabas y obstáculos año tras año lo único que demuestran es que no hay voluntad política para esclarecer los hechos del Caracazo, como tampoco la hay para determinar responsabilidades en centenares de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han ocurrido tiempo después”, recogen en su comunicado de este año, a propósito de la fecha.
Pero esa impunidad interesada no es solo de para encubrir casos del pasado -realidad que no interesa demasiado a una dictadura pertinaz en sus señalamientos contra la cuarta república-, sino que es también el reflejo de los atropellos a las garantías fundamentales hechas en revolución; una revolución que, aunque discursivamente intente alejarse de procesos políticos anteriores -afirma la ONG-, en la práctica comparte con estos un conjunto de causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, y que además, han empeorado en casi 30 años.
“El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, que entre otras cosas estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros”, argumentaron.
“En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida. Varias mujeres han fallecido en la espera de que el Estado concretara esta legítima petición y sin embargo aún no se han aplicado métodos confiables que permitan dar satisfacción a esta solicitud genuina de las víctimas, la cual es parte de la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002”, prosiguió la ONG a propósito de la fecha.
También llamaron la atención a propósito de la violencia política, causante de numerosos atropellos a la población, además de violación de garantías fundamentales, como quedó demostrado durante las protestas contra la dictadura en 2017.
“Como sociedad estamos obligados a tomar las lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir con nuestras acciones u omisiones a la escalada de violencia política y a la profundización del deterioro de las condiciones mínimas para una vida digna que ya han causado estragos en nuestra población. A 29 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse”.
Es por ello que exhortan al Estado venezolano a:
. Investigar de manera independiente y conclusiva las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Caracazo. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 29 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega, entre otros sectores humildes, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
. Identificar bajo métodos confiables e independientes los restos hallados en las fosas clandestinas de La Peste del Cementerio General del Sur y entregárselos a sus familiares. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de nueve años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en las fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Siete años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.
. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
. Publicar una lista oficial definitiva de personas asesinadas, desaparecidas y heridas, relativas a los sucesos del Caracazo, como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.
. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.
. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole
. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.
