Febrero 22, 2018.- La falta de recursos para mantener los calabozos en buen estado, alimentar a los privados de libertad, y garantizar su dignidad, son pruebas fehacientes de que las cárceles son un caldo de cultivo del irrespeto a los derechos humanos.
Un informe levantado por la organización no gubernamental “Una Ventana a la Libertad”, así lo demuestra, revelando realidades como que los centros de detención preventiva, destinados a retener a personas por un tiempo máximo de 48 horas, han pasado a ser recintos carcelarios hasta por tres años y más. En Nueva Esparta se calcula que hay más de mil 500 detenidos en dichos recintos, y 45 mil en todo el país.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de la referida ONG, presentó en la isla de Margarita la situación específica de la región. “Luego de un análisis exhaustivo en los centros de detención preventiva, pudo constatarse que en el Estado no existe una condición de respeto por los derechos humanos de los privados de libertad establecidos en las leyes venezolanas e internacionales. Existen unos 18 centros formales entre civiles y militares, sin embargo, se conoce de uno improvisado, dentro de la planta eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, con unos 30 presos, y recientemente quedó descubierto un espacio para delincuentes dentro de una escuela pública”.
Afirma que el caos viene de la creación del Ministerio de Servicio de Penitenciaría, al establecer pautas muy limitadas para el ingreso a las cárceles formales, supuestamente porque estos recintos pasarían a ser lugares modelos, pero en la práctica no se ha cumplido, y recordó situaciones de motín, secuestro y fallecimientos. También destaca como una consecuencia negativa que, por la cantidad de presos en los comandos policiales, el 30% de los funcionarios en vez de estar en las calles cuidando ciudadanos deben permanecer en las puertas de los calabozos resguardando presos.
El activista rechaza, que haya pasado casi dos años del cierre del penal de San Antonio, pues la falta de un recinto penitenciario formal significa que al menos dos mil neoespartanos estén detenidos en otras regiones, y ayudó al alza alarmante en los índices de hacinamiento en los centros de detención preventiva, sostenido esto, en la grave crisis del retardo procesal, de hecho, dentro de la línea de investigación nacional, Nueva Esparta aparece como un caso atípico.
Nieto Palma alerta que, como consecuencia del hacinamiento y falta de atención médica, han aumentado enfermedades como tuberculosis, escabiosis, VIH, de hecho, afirma que el 40% de los detenidos en la Policía de Mariño están desnutridos, porque la misma situación social y económica hace que las familias no puedan ocuparse de sus familiares detenidos. El 95% de estas familias son de estratos muy bajos.
Ante tal realidad, Nieto hace un llamado a las autoridades recordando que la responsabilidad es del Ministerio para el Servicio de Penitenciaría, de acuerdo a su decreto de creación, pues aunque toda la información y recomendaciones es elevada a instituciones internas como Fiscalía, Defensoría del pueblo y también a organismos internacionales de defensa de los DDHH, es urgente que el Ministerio asuma su función de garantizar los derechos de los privados libertad y mejore las condiciones carcelarias, “que en nada se parecen a las que pretende presentar la Ministra”.
