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2017: el año en que más se ha pisoteado la libertad de expresión

Noviembre 03, 2017.- Otro medio de comunicación se suma a la larga lista de los que han tenido que bajar la “santamaría” este año por presiones del gobierno, por problemas presupuestarios o incluso por ambos. En esta ocasión le tocó al diario Tal Cual, el cual despide a su versión en papel para quedarse únicamente con la digital.

Tal Cual es el quinto medio impreso que sale de circulación indefinidamente en 2017, luego que lo hicieran el Correo del Caroní, La Nación, El Impulso y La Verdad.

A este grupo de periódicos que dejan una considerable cifra de personas sin empleo, hay que agregar a otro tanto que han detenido su circulación parcialmente por escasez de material.

Según la organización no gubernamental Espacio Público, hasta finales de septiembre de este año 17 medios impresos han dejado de circular parcial o permanentemente, ocho canales de televisión salido del aire y 49 emisoras del espacio radioeléctrico han sido apagadas. Aunado a ello, doce portales de información han sido atacados y periodistas encarcelados, robados, hostigados y amenazados, especialmente durante las protestas contra el gobierno de Maduro que se produjeron entre abril y julio.

A continuación un recordatorio de los medios y casos más emblemáticos de violación a la libertad de expresión en 2017:

1- CNN en Español, allá vamos: En febrero de este año, el gobierno venezolano a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), decidió “bajar la cuchilla” de CNN en Español luego que la televisora estadounidense con sede en Atlanta transmitiera un reportaje de investigación sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a miembros de células terroristas vinculadas al Hezbollah, donde estaría involucrado el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami,

La entonces canciller Delcy Rodríguez acusó a la cadena de promover “una operación mediática imperial” contra la administración de Maduro.

El gobierno a través de la Fiscalía nunca abrió una investigación al respecto, solo optó por bloquear la señal del canal fundado por el magnate Ted Turner.

Luego de instaurada la asamblea nacional constituyente el 30 de julio, las televisoras colombianas Caracol, RCN y El Tiempo TV salieron de las cableras supuestamente por la cobertura que le dieron a la presencia de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en territorio neogranadino.

Por otro lado, Conatel decidió enviar al limbo a la Televisora Cultural de Tovar (TCT) tras una sola visita, en la cual las autoridades argumentaron que no poseían los permisos correspondientes de transmisión.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir líneas editoriales, no hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, dijo Marisabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de Espacio Público.

2 – Cien por ciento libre: El viernes 25 de agosto a las siete de la noche, una comisión de Conatel ingresó a las instalaciones de 92.9 FM en Las Mercedes,  sacó de frecuencia a la emisora juvenil, se adueñó de las instalaciones y encendió “Radio Corazón llanero”. “Cerraron una emisora como 92.9, con la irreverencia de la juventud, el gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas”, dijo Tinedo Guia, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

El mismo día también salió del aire Mágica 99.1, otra emisora critica al gobierno con programas de opinión conducidos por periodistas como Marianela Salazar y José Domingo “Mingo” Blanco. “Todo empezó con una entrevista que le hice al abogado Juan Carlos Sosa Azpúrua en ‘La Hojilla’, me acusaron de propiciar una invasión gringa; nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena, luego de eso llevaron a los gerentes al Ávila y en sus narices los sacaron del aire”, dijo Blanco.

No conforme con borrar a la radio responsable de programas como “Rockadencia” y “El Monstruo de la Mañana”, Conatel también abrió dos procesos administrativos contra su hermana en la frecuencia AM, RCR, cuna de RCTV. La acción se produjo en vista de que la estación supuestamente no transmitió la cadena donde se hizo el lanzamiento del satélite Sucre y debido a que en el programa “La Linterna” se incitaba a emplear armas de guerra y arrojar excremento a las personas.

Hasta finales de septiembre de este año, 46 emisoras (44 en el interior y dos en Caracas) han sido afectadas de alguna u otra forma por Conatel según Espacio Público.También se han suscitado alteraciones en la programación de las estaciones por amonestaciones específicas, tal es el caso del espacio “Calma Pueblo” en La Mega 107.3 FM, que salió de circulación luego que sus conductores fueran amonestados por cuestionar a un menor de edad debido a sus preferencias políticas y llamarle homosexual, según lo expuesto por el ministro de comunicación, Ernesto Villegas.

Asimismo al periodista César Miguel Rondón, conductor de un magazine matutino en Exitos 99.9 FM, se le impidió la salida del país luego que el propio Maduro lo amenazara con meterlo preso y a Nelson Bocaranda de “La Cola Feliz” en la misma estación se le obligó a tomar unas “vacaciones”.

  1. Periodistas asesinados, heridos, encarcelados y robados: 2017 es el año con más agresiones a representantes de medios de comunicación en las últimas dos décadas. Hasta septiembre se habían contabilizado 145, teniendo el clímax en el marco de las protestas antigubernamentales, donde efectivos de seguridad fungían como los principales victimarios. Durante las marchas, 59 periodistas fueron detenidos por registrar o difundir información, además a 61 les robaron equipos o material, según se desprende de un informe de Espacio Público.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue apresado en julio y liberado mes y medio después de permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde, acusándolo de portar presunto material explosivo. Tiene régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país.

En 2017 también han matado reporteros. Yolman Briceño, quien trabajaba en la emisora comunitaria Anamar 103.1 FM y con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara fue asesinado en el estado Aragua. Previo a su homicidio había hecho denuncias sobre la muerte de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

A Alberto Cabrera y a Ángel Medina, periodistas de Voluntad Popular, les enviaron a la Penitenciaria Militar de Santa Ana en el estado Táchira por los delitos de rebelión militar, menosprecio a la Fuerza Armada y ultraje al centinela a finales de agosto. Siendo civiles fueron juzgados por un tribunal castrense en el estado Zulia.

“Con las protestas de 2014 se vieron tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año. Ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, info ciudadanos aprehendidos, perseguidos u hostigados”, declaró Rodríguez .

Pero el espiral de incertidumbre para ejercer la profesión no es exclusivo de los periodistas venezolanos. También los extranjeros han sufrido en carne propia la censura del régimen. Hasta finales de septiembre, 14 corresponsales han sido expulsados del país o se les ha impedido el acceso a las fuentes de información, una práctica que parece no tener fin en la extraña concepción del periodismo del siglo XXI en Venezuela.

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