Octubre 11, 2017.- La Asociación Defensa por los Derechos Civiles condenó la situación del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera, de Lara, y exigió al Ministerio Público celeridad en la investigación del caso.
El coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, rechazó la detención sin orden judicial por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de Lenny Josefina Martínez, trabajadora social del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera, en el estado Lara, por la presunta difusión de unas imágenes de la situación de las parturientas en el centro asistencial.
Explicó que una vez más, un organismo de seguridad de Estado comete todo tipo de excesos, más allá de sus funciones. “La señora Martínez fue aprehendida violentando lo más sagrado, la presunción de inocencia, sin ninguna investigación previa y el derecho a la defensa, pasando por encima del Ministerio Público, del Poder Judicial y trasladada al Sebin sin ni siquiera tener una audiencia de presentación como establece el artículo 49 del Código Procesal Penal”.
Deploró que los cuerpos de seguridad de Estado actúen con mucha diligencia cuando la realidad del país se divulga a través de las redes sociales y medios de comunicación. “¿Qué hicieron el Cicpc y el Ministerio Público el pasado 30 de septiembre? En lugar de averiguar sobre difusión de la imagen del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera para corregir este mal, se presentan de forma represiva y conminaron a estudiantes de medicina para ser interrogados ante el Sebin”.
Derechos ni tan fundamentales
Narváez criticó además el actuar de la policía política porque en su opinión, sus funciones han sido alteradas “de forma arbitraria y sin sentido” por lo que no está claro hoy en día cuál es su verdadero objetivo. “A veces actúan como fiscal de tránsito para detener vehículos, mientras que en otras oportunidades actúan como Cicpc o Ministerio Público, acusando sin ser acusador. En otros casos proceden como juez llegando al extremo de irrespetar las boletas de excarcelación cuando son emanadas por un tribunal de control”.
Recordó que el derecho a la salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución y en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, por lo que advirtió que el Estado está en la obligación de establecer políticas de salud preventivas, así como también es el responsable de la dotación de hospitales, ambulatorios de los insumos necesarios que incluyen un recurso humano idóneo con un buen salario y seguridad social.
“Estamos ante un sistema de salud colapsado, donde hay un calvario para buscar medicamentos y donde muchos venezolanos han muerto por falta de lo más esencial en el caso de hipertensos, personas sometidas a diálisis y pacientes con VIH por citar tres ejemplos. El enemigo no es quien divulga una imagen de lo que ocurre sino la falta de conciencia de los poderes públicos que se niegan a asumir su responsabilidad ante el derecho humano fundamental como es el correcto funcionamiento del sistema de salud en el país”, sentenció.
Anunció que se dirigirá al Ministerio Público a fin de solicitar que actúe con transparencia y defina cuáles son las verdaderas funciones del Sebin. “La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene que pronunciarse para acabar con el desorden que mantienen los cuerpos de seguridad de Estado en el país”.
