Por RAFAEL LEÓN raleon@el-nacional.com 09 de septiembre de 2017 12:20 AM | Actualizado el 09 de septiembre de 2017 08:17 AM

Septiembre 10, 2017.- Activistas de derechos humanos advierten que la desinformación oficial dificulta el seguimiento de las investigaciones y marca el camino a la impunidad.

Miembros de Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunciaron que desde la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por parte de la asamblea nacional constituyente, la información sobre las investigaciones de las personas fallecidas en el contexto de las protestas entre abril y julio de este año ha sido ocultada por la nueva administración a cargo del ex defensor del pueblo, Tarek William Saab.

Durante este último mes el Ministerio Público ha difundido información a través de las redes sociales, comunicados y ruedas de prensa sobre los avances de las investigaciones, pero han sido solo de casos puntuales como las imputaciones de los presuntos responsables de la muerte de David Vallenilla y de Xiomara Scott.

Sin embargo, los activistas que han seguido los casos de las violaciones de derechos humanos durante las protestas ven con suspicacia la desinformación que se ha generado con el fiscal designado por la asamblea constituyente. Coinciden en que la desinformación institucional dificulta el seguimiento de las investigaciones, lo que marca el camino para la impunidad. También, ponen en duda la autenticidad y transparencia de éstas .

“Ahora que el Ministerio Público lo ha asumido el ex defensor del pueblo no podemos determinar cómo van las investigaciones en los casos de los asesinados. Lastimosamente el nuevo fiscal es una ficha más del gobierno, no es independiente en las acciones de su cargo. Entonces no hay forma de conocer como han avanzado los casos”, dijo Melanio Escobar, fundador de la ONG Redes Ayudas.

“El fiscal constituyente es una garantía de impunidad para las violaciones de derechos humanos. Lamentablemente ya no tenemos información sobre el estatus de los diferentes procedimientos abiertos en el contexto de las protestas”, manifestó Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.

“Esto ha sido recurrente en todos los ministerios que ocultan las cifras que son de alta importancia para que la sociedad civil identifique cómo estamos como país. El acceso a la información en Venezuela ha sido completamente mancillado y no es la excepción en el caso del Ministerio Público, inclusive bajo la tutela de Luisa Ortega Díaz”, recalco Escobar.

Andrés Colmenares, director de Funpaz, indicó que el caso de la muerte de Gruseny Antonio Canelón, de 32 años de edad, quien fue herido a quemarropa el 11 de abril en Palavecino (Lara); los tribunales libraron una orden de captura contra 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que presuntamente están implicados en el asesinato. Sin embargo hasta la fecha desconocen si los militares se han puesto a la orden de la justicia.

El 12 de junio, cuando se cumplieron dos meses de la muerte “Tony”, como lo conocían, su madre Ana Canelón denunció que los militares involucrados gozaban de libertad y que tampoco estaban registrados en el sistema para la ejecución de las aprehensiones. Lo mismo ocurrió con el caso de Juan Pernalete, y la fiscal Luisa Ortega, denunció el desacato del cuerpo castrense.

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