Los desmanes militares durante las protestas es uno de los planteamientos de las ONG FOTO ARCHIVO

Septiembre 10, 2017.- Basadas en el informe sobre los atropellos de la dictadura que difundió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las organizaciones, entre las que está Correo del Caroní,  exigen al consejo las violaciones a la dignidad humana en el país.

Los estados miembros de la ONU deberían abordar la profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela durante la Sesión 36 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2017, señalaron 116 organizaciones venezolanas, latinoamericanas e internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) difundió un informe a fines de agosto, en el cual concluyó que se habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno en Venezuela, que indican la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El informe señala que el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”. El ACNUDH condenó el uso de tribunales militares para juzgar a cientos de civiles, y sostuvo que esto viola garantías fundamentales de debido proceso.

También manifestó que algunas detenciones podrían haber constituido desapariciones forzadas, en los casos en que las autoridades se negaron a reconocer, en un primer momento, el destino o el paradero de los detenidos.

Asimismo, el informe concluyó que más de la mitad de las 124 muertes registradas oficialmente hasta fines de julio que se habían producido en el contexto de manifestaciones habrían sido provocadas por agentes de seguridad o por grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”. Cuatro personas habrían muerto luego de ser atacadas por grupos opositores al gobierno, y las autoridades sostienen que han muerto nueve agentes de seguridad, según el Acnudh.

La responsabilidad de los mandones

Los altos mandos que no han adoptado medidas para prevenir o sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados son responsables por los abusos graves y extendidos perpetrados por quienes están bajo su mando. El sistema judicial no ha llevado ante la justicia a los responsables de abusos, y ha garantizado así que puedan actuar con total impunidad.

Estas violaciones de derechos humanos se producen en un contexto de concentración absoluta del poder, donde no quedan instituciones independientes que puedan poner freno al poder ejecutivo. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional en 2004, el poder judicial dejó de actuar como un poder independiente.

A partir de que, en enero de 2016, asumió una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo ha despojado a la legislatura de sus poderes más fundamentales. El gobierno también controla el Consejo Nacional Electoral, que aún no ha celebrado las elecciones de gobernadores que, según la Constitución, debían realizarse en 2016.

Más recientemente, el gobierno de Maduro avanzó en la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes alarmantemente amplios, que se extienden mucho más allá de la redacción de una constitución. Fue convocada en mayo de 2017 por medio de un decreto presidencial, pese a los requisitos constitucionales vigentes de que debía celebrarse una consulta popular previa.

Está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar el 30 de julio y que la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados determinó que había sido fraudulenta. Desde que asumieron, sus miembros destituyeron a la fiscal general, que había asumido una posición crítica, nombraron en su lugar a un funcionario leal al gobierno y se arrogaron las facultades legislativas.

Y mientras tanto, el pueblo

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, millones de venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. Según estadísticas oficiales, en 2016 la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76 %.

Según datos no oficiales recabados por universidades y organizaciones de la sociedad civil venezolanas, la mayoría de los venezolanos han modificado sus hábitos de alimentación, incluyendo muchas personas que comen una vez al día. Los casos de desnutrición aguda global de niños menores de 5 años aumentaron del 8,9 % en el último trimestre de 2016 al 10,2 % en los dos primeros meses de 2017, un dato que sitúa a Venezuela por encima del límite de lo que, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, constituye una crisis, según lo señaló Cáritas Venezuela.

El 8 de agosto de 2017, 17 ministros de Relaciones Exteriores de las Américas se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de estos funcionarios —representantes de 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la interrupción del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, manifiesta que no se reconocerá a la Asamblea Nacional Constituyente ni sus resoluciones, llama a detener la transferencia de armas hacia Venezuela y expresa preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional, entre otros asuntos. Los gobiernos también expresaron su voluntad de apoyar todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de todas las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.

A medida que se agudiza la crisis humanitaria y de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería seguir el ejemplo de la Declaración de Lima y abordar la situación en Venezuela con carácter prioritario.

En concreto, los estados miembros deberían enviar un mensaje claro al gobierno venezolano de que estos abusos no serán tolerados y que los responsables de abusos serán necesariamente llevados ante la justicia cuando se restablezca la independencia judicial en el país, y exhortar al gobierno de Maduro a adoptar las siguientes medidas:

Poner fin a la represión y liberar a los presos políticos;fijar una fecha para la celebración de elecciones libres y justas, con adecuada observación independiente;restablecer la independencia judicial y los plenos poderes de la Asamblea Nacional; y permitir inmediatamente que ingrese al país suficiente ayuda humanitaria internacional.

El Consejo de Derechos Humanos debería además hacer suyas las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y requerirle a este que siga realizando un seguimiento atento de la situación de los derechos humanos en el país e informe sobre ello periódicamente al Consejo. (Área Internacional Civilis DDHH).

http://correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/58878-un-centenar-de-ong-piden-a-la-onu-priorizar-crisis-venezolana-en-consejo-de-ddhh

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