Agosto 24, 2017.-32 organizaciones no gubernamentales enviarán un comunicado a la ONU y la OEA, para solicitar su presencia en el país y constaten la violación de los derechos humanos de los arrestados.
Caracas. Choques eléctricos, golpes con cascos, colgados en paredes, amenazas de muerte e incluso violaciones sexuales, son los casos de torturas por parte de las fuerzas de orden público, que organizaciones civiles manejan en contra de los detenidos en protestas opositoras iniciadas el pasado 1° de abril.
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), señaló que junto con 32 organizaciones civiles enviarán un comunicado a organismos internacionales para pedirles su presencia en el país de manera que constaten las violaciones a los Derechos Humanos y presionen al Gobierno para cambiar la situación.
Hay presos políticos capturados ilegalmente y periodistas detenidos. Hay casos de vejaciones y violación a los derechos humanos, tanto el Ministerio de la Defensa como el Gobierno saben de la situación. Sin embargo, no tenemos respuestas de ellos”, detalló Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre desde el CNP.
Como ejemplo destacaron el caso del periodista Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el pasado 6 de julio en San Bernardino, mientras compraba alimentos. Actualmente, se encuentra detenido en la cárcel de Ramo Verde de Los Teques.
De acuerdo con Alegrett, Rojas estuvo dos días sin comida y agua, al tiempo que se le negó ir al baño por seis días en una celda en la que conviven 112 personas, por lo que se encuentra en condiciones “inhumanas y de hacinamiento”.
En el reporte sobre la represión del mes de julio, realizado por el Foro Penal, reseñó que hay detenidos que han sido víctimas de tratos lascivos, violaciones sexuales y quemaduras de segundo grado.
Oswaldo Cali, abogado y representante de la organización Espacio Público, indicó que Rojas fue juzgado en una jurisdicción militar, lo que representa una violación al debido proceso.
Actualmente, las personas están siendo detenidas por sus inclinaciones políticas. Y al ser juzgados por instancias militares no se les garantiza imparcialidad”, sostuvo.
Además de Rojas, Alberto Cabrera y Antonio Medina, ambos comunicadores sociales en el estado Zulia, también fueron presentados ante tribunales militares.
“Requerimos que los relatores vengan al país y sean testigos de cada uno de los casos y le exigimos al Gobierno que abra las puertas para que los representantes lleven a cabo su trabajo”, añadió Cali.
La carta que será dirigida a organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dará cuenta de 129 muertes, 1934 heridos, 5051 detenciones arbitrarias y 676 presos de conciencia en las manifestaciones, cifras manejadas por las ONG.
Aunque los casos han sido denunciados ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, no han obtenido respuestas de ambas instituciones, añadió Alegrett.
Agresiones a la prensa
En lo que va de año, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) ha registrado 313 casos de de violación a la libertad de expresión, cuando durante todo el año pasado reportaron 316, señaló Mariengracia Chirinos, coordinadora de la institución.
“El Estado debe cumplir y garantizar el trabajo a la prensa. Por eso le exigimos cumplir con los derechos internacionales a los que el país se ha suscripto y ratificado”, dijo Chirinos.
Con choques eléctricos y amenazas de muerte torturan a detenidos en protestas