La aplicación de este dispositivo, diseñado por el Ceofanb y la GN en 2014, implica un estado de conmoción interna no declarado, según el general retirado Clíver Alcalá

Abril 29, 2017.- La aplicación de este dispositivo, diseñado por el Ceofanb y la GN en 2014, implica un estado de conmoción interna no declarado, según el general retirado Clíver Alcalá

En víspera de la “madre de las marchas”, el coronel de la Guardia Nacional Carlos Arias Méndez, segundo comandante de la Zona de Defensa Integral 444 de la Región Miranda reunió a los directores de los cuerpos policiales del estado para anunciarles que a partir de ese momento el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz asumiría directamente el control de las policías preventivas.

La junta se llevó a cabo en la Escuela de Formación de la GN en Los Teques. Luego de dos horas y media de intercambios sobre la coyuntura política del país se llegó a la convicción de que sería aplicado un mecanismo similar al de las operaciones República, en el que oficiales de la GN se instalan en las policías y supervisan todas sus actividades por un tiempo determinado.

Según fuentes militares, para el momento de la reunión ya el presidente había autorizado al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN, general en jefe Vladimir Padrino, a distribuir la orden de activación de la Operación Zamora.

Pero los jefes policiales se quedaron esperando. Desde la tarde del 18 de abril hasta el momento de la redacción de este reporte, el viernes en la mañana, ningún oficial de la FANB se presentó en los cuerpos de seguridad municipales o regionales del Distrito Capital y estado Miranda para desplazar a sus mandos naturales o ejercer alguna supervisión. El coronel Arias, cabe destacar, resultó herido el miércoles en la noche, cuando conducía operaciones de restitución del orden público en San Antonio de los Altos.

El plan Zamora, ahora convertido en operación, solo ha tenido una cara visible, que son los guardias nacionales y oficiales de la Policía Nacional impidiendo el paso de manifestantes hacia el municipio Libertador, y lanzando granadas lacrimógenas a mansalva para dispersar las marchas que desde el miércoles se han escenificado en diversos puntos de la capital y en el interior del país.

A pesar de todo ese despliegue, los agentes no pudieron impedir el saqueo de 17 comercios en la calle Cajigal de El Valle, el jueves en la noche, ni acciones similares contra seis locales en El Paraíso la noche anterior, cuando ya estaba en marcha la actividad.

PlanZamora

Conmoción no declarada

En abril de 2014, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional emitieron la primera versión del llamado Plan Estratégico Operacional Zamora de Orden Interno.

Con este plan, el sector militar intentaba dar una respuesta que abarcara los requerimientos del Ejecutivo en cuanto a la llamada “guerra económica”, e igualmente a los desafíos para la preservación del orden público si se presentaba nuevamente un escenario como el planteado desde febrero de ese mismo año a propósito de las protestas conocidas como La Salida, que según la Fiscalía ocasionaron 43 muertes en todo el país.

“Al país se le presentan nuevos desafíos para atender todo lo relativo a la noción de orden interno y engranar lo concerniente a la lucha contra la subversión, el terrorismo, las agresiones medioambientales, así como las intervenciones externas en el área económica, política y social que afectan la gobernabilidad a través de la desestabilización”, señala el documento de este plan en sus primeros párrafos.

Según el general de brigada retirado Clíver Alcalá, la puesta en marcha de la Operación Zamora implica, desde la perspectiva del Gobierno, que existen las condiciones para un estado de conmoción, aunque no necesariamente lo admitan o lo declaren en público.

“Maduro está aplicando la dispositiva de la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia, que le ordena ejercer todas las medidas posibles para impedir el estado de conmoción. Pero se trata de hecho de un estado de represión sin límites”, afirmó.

AmenazasOrdenInternoPlanZamora

El plan Zamora puede ser activado si se observan en el país once situaciones distintas. La primera de ellas es “que en parte o en todo el territorio nacional, grupos desafectos y organizados realicen protestas violentas que generen graves alteraciones al orden público cercenando los derechos constitucionales al trabajo, la educación y el libre tránsito”. Otras son, por ejemplo, que se presenten desastres naturales o que se lleven a cabo “acciones de guerra económica”.

Las acciones de este plan, una vez emitida la orden de operaciones correspondiente, son ejecutadas a través de cualquiera de las seis regiones de defensa integral. Por lo tanto, puede tener alcance nacional y también regional.

Cuatro fases

Durante su alocución del 18 de abril, el jefe del Estado indicó que el plan Zamora entraba en su “fase verde”. Sin embargo, los planteamientos iniciales no incorporan una denominación de etapas por colores.

En realidad, Zamora tiene cuatro fases: alistamiento; concentración; despliegue, y evaluación y control. Las primeras tres se llevaron a cabo, mientras que la última está en desarrollo para determinar si la operación puede ser prolongada.

Según el general de brigada retirado Antonio Rivero, lo que determina el alcance real de la operación es la orden correspondiente emitida por el despacho de Padrino.

Según el oficial, el Gobierno debe estar poniendo especial atención a lo que considera como una supuesta “desestabilización al sistema político”, pues el plan incluye supuestos para reaccionar ante pronunciamientos de actores políticos, nacionales o internacionales, sobre la gestión del Gobierno, o también la “incitación a huelgas, protestas y acciones de calle” por parte de sectores civiles, calificadas como no legítimas desde el Poder Ejecutivo.

El plan, indicó Rivero, abarca demasiados factores que conspiran contra su aplicabilidad, “desde organizaciones armadas hasta el dueño de una panadería”.

De acuerdo con el oficial retirado del Ejército el plan Zamora fue elaborado tomando en cuenta principalmente la capacidad de la Guardia Nacional. En este esquema, los demás componentes militares, incluida la Milicia Nacional Bolivariana, servirían como fuerzas de apoyo.

“Estas suposiciones definen la secuencia en que serán utilizadas las distintas fuerzas. Para cada una se requeriría de una orden de operaciones (…) Este plan por sí solo no es operativo”, sentenció.

Fuerzas complementarias

Desde su planteamiento inicial, el Plan Zamora ponía un acento en la capacidad de la Guardia Nacional. Pero también se prevé la incorporación de los otros componentes militares y de la Milicia “para apoyar a la GN en las actividades destinadas a mantener el orden interno”.

Esta posibilidad quedó de manifiesto cuando se hizo el primer ensayo de esta operación, en enero de 2016. En esa oportunidad no solo participaron milicianos sino también miembros de los consejos comunales. En la edición de enero de este año también tuvieron una actuación los integrantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Como se sabe, allí participan colectivos, nucleados a través del Frente Francisco de Miranda.

Según Clíver Alcalá, los oficiales subalternos y tropas tienen escaso conocimiento sobre el contenido del plan Zamora.

“Ese plan lo conocen solo los comandos de las tropas”, sostuvo.

Advirtió que la represión desatada a propósito de la activación de Zamora ha generado un rechazo nacional e internacional, “que podría generar un rechazo interno en la Fuerza Armada”.

“Lo claro es que hemos entrado en una fase represiva que viola la Constitución”, advirtió.

Amigos y enemigos

El plan Zamora forma parte de una iniciativa que intenta actualizar la doctrina militar sobre el llamado “orden interno”. Cuando se hizo la redacción, no se esperaba que la Fiscal General Luisa Ortega reconociera la ruptura del orden constitucional. Por lo tanto, la funcionaria y en general el Ministerio Público eran catalogados dentro de las “fuerzas amigas”.

Otros aliados del Ejecutivo serían: la Defensoría del Pueblo, Contrainteligencia Militar, el Sebin, Cicpc, Bomberos, Tránsito Terrestre (hoy parte de la Policía Nacional) así como los cuerpos de seguridad preventivos y Protección Civil.

Una vez iniciado el plan, “todos los organismos de seguridad y orden público quedarán bajo el control operacional del jefe de la Región de Defensa Integral (…) con el fin de emplearlos adecuadamente”.

Los “enemigos” serían los grupos violentos, la delincuencia organizada, criminales comunes, gobiernos extranjeros “contrarios al sistema de gobierno legalmente establecido, que asuman acciones desestabilizadoras en territorio nacional”, grupos de contrabandistas, personas que participen en la “guerra económica” mediante la usura y los sobreprecios, depredadores ambientales y “ciudadanos armados al margen de la ley”.

Otros planes

Zamora fue descrito en documentos del Ceofanb como un “plan matriz” del que surgen otros planes sectoriales, que son aplicados de acuerdo con la situación concreta.

Existe, por ejemplo, el plan Centella para garantizar la permanencia de los servicios de transporte público; el plan LOVI plantea acciones para resguardar las cadenas de distribución de productos de consumo masivo, tales como alimentos y medicinas. Hay también un documento referido al resguardo de los servicios básicos y otro llamado Gasven, relativo a los expendios de combustible.

La GN y el Ceofanb incluso han elaborado un plan llamado Humo Negro para la remoción de los cauchos usados, antes de que sean quemados por manifestantes.

http://runrun.es/rr-es-plus/306064/anuncios-amenazas-y-hechos-del-plan-estrategico-zamora.html