Mayo 15, 2016.-Aun con toda la crisis económica, política y social que hay en Venezuela, y el nivel de descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro, pensar en su renuncia parece ser un escenario de severo optimismo; otras vías constitucionales, como la enmienda para recortar el período presidencial y eliminar la reelección indefinida, encontró la primera piedra por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y ahora, el referendo revocatorio, contemplado en el artículo 72 de la Carta Magna, intenta ser satanizado e impedido o dilatarlo a toda costa.
La solicitud de un referendo revocatorio no es un capricho, es un derecho plenamente constitucional, sobre el que gran parte de los venezolanos se han sumado pese a las amenazas de funcionarios como el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, o alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
María del Valle Flores, una de las tantas firmantes en el estado Bolívar, no expresa otros motivos que los mismos que han manifestado todo aquel que pide un cambio de gobierno. La inseguridad, la escasez, falta de oportunidades, son problemas para los que el Ejecutivo no ha tenido solución efectiva.
“Tengo un hijo de 20 años y no ha conocido un gobierno que no sea este (…) yo me críe en libertad y quiero que mi hijo y mis nietos también se críen en libertad”, afirma Flores, manteniendo su convicción de acompañar el proceso hacia el revocatorio hasta el final.
Sin escuchar al pueblo
Monseñor López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, en entrevista para El Impulso, destaca que “el pueblo tiene derecho a exigir el revocatorio. Se trata de un derecho constitucional, el cual no debe ser demorado. (Demorarlo) puede precipitar la reacción de un pueblo. Al pueblo hay que respetarlo. El revocatorio permite un cambio por la vía pacífica. Es la vía para el cambio de regímenes fracasados”.
Pero en lugar de escuchar al pueblo, el gobierno de Maduro viola la Constitución, que fue aprobada a partir de la llegada del ex presidente Hugo Chávez al poder, haciendo uso de más actos de represión que se suman a las trabas administrativas para activar el referendo revocatorio.
A falta de una vía legal que impida o dilate más los lapsos establecidos, se recurre a la violencia, como ocurrió este miércoles durante la marcha al CNE en Ciudad Bolívar, al igual que en otras ciudades del país.
Judith de Peña, otra ciudadana que apuesta por el referendo revocatorio, califica como una violación a los derechos humanos la actuación de la GNB ante una movilización que exige al CNE el cumplimiento de la Constitución, que sea una institución autónoma y no actúe según las órdenes y conveniencias del Poder Ejecutivo.
“¿Qué hacemos nosotros sin armas? Reprimen a un pueblo que lo que se está es muriendo de hambre (…) estamos en defensa de nuestros derechos, no para agredir a nadie”, expone.
Sobre la dilatación, adrede o no, por parte del CNE, recuerda que “el pueblo ya no quiere al gobierno de Maduro y él tiene que entenderlo”.
A las amenazas, represiones e intimidaciones se suman las declaraciones de Cabello y Rodríguez, quienes dan por hecho que no hay manera que el revocatorio se haga este año, sin contar con las atribuciones tomadas por Rodríguez, quien se adelanta al CNE y dice que muchas firmas recogidas fueron falsificadas, además de haber solicitado revisar las mismas cuando ninguna legislación venezolana faculta a un funcionario del gobierno para asumir responsabilidades que le competen netamente al Poder Electoral.
Frente ciudadano
Por fortuna nada de esto amilana los ánimos de la ciudadanía. Testimonios como los de María del Valle Flores y Judith de Peña afloran en todos los rincones del país, en una especie de primavera democratizadora que hace a un lado el silencio y el chantaje político para manifestar abiertamente su descontento con la gestión de Maduro, y más aún, su profunda voluntad para generar ese cambio político.
El 6 de diciembre no solo fue ejemplo de la apuesta por el civismo y los caminos constitucionales, sino el convencimiento de una ciudadanía que sigue haciendo frente a cualquier atropello gestado desde el poder para impedir su relevo; bien sean estos de carácter administrativo, legal, o la reedición más reciente de la violencia política. La de los perdigonazos en las marchas camino al CNE. La de las bombas lacrimógenas, la de las agresiones contra políticos, gobernantes opositores y civiles en general en su legítimo derecho de protestar y de hacer valer lo consagrado en la Carta Magna.
Siguen las trabas. Sigue la violencia. Pero la ciudadanía, asida a su convicción del cambio político, civil, constitucional y democrático, avanza con mayor fuerza todavía.
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