Marzo 01, 2016.-Se demostrará que hubo 17 irregularidades en el proceso. 12 de los funcionarios no cumplen con los requisitos constitucionales
Hoy se debatirá en la Asamblea Nacional el futuro del Poder Judicial. La comisión parlamentaria que estudió la designación de 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes presentará su informe definitivo ante la plenaria. En este exige revocar la decisión del Parlamento que designó a los funcionarios por 17 irregularidades en el proceso de selección.
Una de esas irregularidades, señala el documento, es que tras la renuncia del parlamentario Elvis Amoroso (PSUV) a la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia no estuvo presidida por un diputado, como exige su reglamento en el artículo 8, sino por un miembro de la sociedad civil: Ramón Carlos Javier Gámez Román. Amoroso debió ser sustituido por un diputado seleccionado en la plenaria.
Entre las violaciones del procedimiento, delimitado en la Ley Orgánica del TSJ y el reglamento del comité, está el irrespeto de los lapsos. La recepción de postulaciones de candidatos a magistrados no debe ser mayor a 30 días continuos (artículo 70 de la Ley Orgánica del TSJ); sin embargo, el 22 de octubre de 2015 se abrió el proceso indefinidamente.
Tampoco se respetaron los tiempos de las impugnaciones, que son de 15 días continuos desde la publicación de la lista de postulados, y debían culminar el 23 de diciembre. No obstante, el 14 de diciembre el comité había enviado la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano. Tampoco se respetaron los lapsos para la defensa de los impugnados.
Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión parlamentaria que evaluó el proceso, afirmó que el baremo para la selección de los candidatos a magistrados no se escogió con el voto de las dos terceras partes de los diputados, como exige el artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ.
Reforma. Berrizbeitia admitió que están conscientes de que el propio Tribunal Supremo intentará evitar que se revoque a sus miembros, por lo que hoy pedirá que por urgencia reglamentaria se discuta esta misma semana una reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
“La idea es seleccionar a los magistrados de nuevo. Esos 13 magistrados son bienvenidos a postularse nuevamente, pero haciendo el procedimiento como debe ser. Sabemos que la Sala Constitucional podrá poner trabas y decir que el proceso estuvo bien, a pesar de que más de 40 reconocidos juristas determinaron sus fallas. Por eso reformaremos la Ley Orgánica del TSJ con mayoría simple, como ellos lo hicieron”, indicó.
La bancada de la MUD finiquita el proyecto de reforma de la ley. Una de las propuestas es aumentar el número de magistrados de todas las salas.
Sorpresas. Hoy también se presentarán pruebas de la presión a los magistrados anteriores para que renunciaran a sus cargos, ante la inminente derrota del oficialismo en las parlamentarias.
Berrizbeitia mostrará una carta del 8 de octubre de 2015 en la que la ex magistrada de la Sala de Casación Penal, Carmen Porras de Roa, escribió a la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, que rechazaba su “petición verbal” para que solicitara de manera anticipada el beneficio de jubilación.
Porras le indicó que es su obligación constitucional culminar su periodo de 12 años hasta diciembre de 2016: “Manifiesto que no me acojo al beneficio de jubilación anticipada”. La carta fue recibida por la propia Gutiérrez y, a pesar de lo que dice, Porras sí se jubiló.