Diciembre 23, 2015.-Cuando se criminaliza la protesta, cuyo origen es una necesidad social, se afectan también los derechos civiles. Hay una satanización del trabajo de las ONG encargadas del tema. Existe un deterioro muy serio de la administración de justicia que generan altos niveles de impunidad, señala la investigadora y profesora universitaria.
Dirige el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el primer centro académico dedicado a la materia en Venezuela, el cual desarrolla su labor desde la docencia, la investigación, la extensión y el acompañamiento jurídico de casos en las siguientes áreas: Derecho a la participación, libertad de expresión y protección de personas refugiadas y migrantes. Ligia Bolívar, Socióloga (UCAB) con especialización en Derechos Humanos (UCV), conversó para los lectores de ABC de la Semana con ocasión de celebrarse el Día Internacional de Derechos Humanos
Comencemos por presentar el trabajo del Centro a todos quienes no lo conozcan…
_ El centro está cumpliendo 16 años de fundado. Nació en noviembre de 1999 y en diciembre de ese año fue cuando se aprobó, vía referéndum consultivo, la Constitución. De manera que somos “hermanos” de nacimiento. Desde un primer momento observamos que la Constitución tiene un catálogo muy amplio y hermoso de derechos pero, al mismo tiempo, un andamiaje institucional muy frágil. Eso está en la Constitución y se ha reflejado en todo lo que ha ocurrido después. Está plasmado en el texto constitucional. En aquél momento definimos nuestro propósito: ser capaces de defender la primera parte de la Constitución frente a las deficiencias de la segunda. Así que dedicamos de lleno el trabajo del Centro a todo lo que fortalezca el andamiaje, la estructura institucional. Es la visión que hemos tenido de nuestra misión desde el momento en que comenzamos a funcionar.
_ ¿Qué implica eso?
_ Muchas cosas. Seguimiento al sistema de administración de justicia, a las nuevas instituciones que nacieron en ese momento como la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General que pasó a formar parte de un poder independiente. También vigilábamos todo lo relacionado con la elección de quienes estarían al frente de estos órganos de participación ciudadana, todo eso formaba parte de nuestras preocupaciones y, de hecho, uno de los primeros derechos que el Centro comenzó a abordar de manera sistemática fue el derecho a la participación ya que la Constitución está impregnada de participación, desde el preámbulo que habla de “democracia participativa y protagónica”, hasta el 350 que es uno de los artículos más significativos en esta materia de participación popular.
_ ¿Qué tipo de relaciones mantienen con otros organismos que se ocupan de la protección y vigencia de los derechos humanos, tanto en el país como en el exterior?
_ En cuanto a centros universitarios, el de la UCAB fue el primero en el país. Hoy en día existen otros centros o cátedras permanente pro-derechos humanos en otras universidades, tanto públicas, autónomas, como privadas. Nos encontramos en un espacio de coordinación que se creó precisamente con ocasión del décimo aniversario de nuestro Centro de Derechos Humanos. Tuvimos una jornada de trabajo de dos días y una de las metas era sobre academia y derechos humanos y de allí surgió un mecanismo. Por supuesto, mantenemos una relación histórica con todo el movimiento de derechos humanos no gubernamental. Yo misma vengo de esa área, así que lo contrario sería negar mis orígenes pues conozco muy bien las relaciones que debe haber entre nosotros.
_ ¿Como centro universitario promueven iniciativas académicas de formación en derechos humanos?
_ Como todo centro universitario se sostiene sobre las mismas tres patas: academia (la enseñanza), investigación y extensión. Tenemos una cuarta pata que es defensa de casos dentro de nuestras áreas de trabajo. En cuanto al área docente el centro ha impulsado la creación de cátedras, seminarios o materias electivas en pregrado. En este momento hay cátedras, materias o seminarios, no solo en la escuela de Derecho sino también en Comunicación Social y en la Escuela de Educación. Igualmente, los profesores de una materia que es común a todas las carreras de la universidad, que es humanística, imparten contenidos de derechos humanos. Además hay tres postgrados en línea en educación en derechos humanos. En fin, se ha hecho todo un esfuerzo de permear en la universidad, tanto en la parte académica como en lo que toca al Centro.
_ Tendrán gran demanda esas ofertas académicas, dadas las circunstancias que vive en país…
_ La demanda varía porque, a pesar de que para mucha gente el tema genera interés, también influye la situación de incertidumbre en que vivimos a mediano y largo plazo. Eso lleva a que si planteas un curso que dura una semana la gente se anota muy rápido, mientras que si hablas de un post-grado que dura 9 meses se lo piensan, no por el costo pues tenemos becas y facilidades ya que la universidad ve esto como una gran prioridad, sino porque a la gente le resulta difícil hacer planes a largo plazo.
_ ¿Cuando hablamos de derechos humanos estamos pensando en represión y malos tratos o también incluimos la pobreza, los derechos sociales, la exclusión?
_ Partimos de la base de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. No puedes pretender respetar los derechos económicos y sociales sin respetar igualmente los derechos civiles y políticos. Al hablar de derechos humanos la visión tiene que ser integral porque la persona es integral. A ti no te pueden poner a escoger entre pensar y comer. Necesitas las dos cosas. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Es lo que ocurre en Venezuela: si afectas los derechos económicos terminan haciendo efecto sobre los demás y al contrario. Por eso cuando se criminaliza la protesta, cuyo origen es una necesidad social, afectas también los derechos civiles.
EL CRIMEN SI PAGA
_ Hablando de abusos, ¿qué ocurre con las OLP que se realizan en varias zonas populares, además de los municipios limítrofes donde impera el Estado de Excepción, todo lo cual ha generado tantas denuncias?
_ Todo esto tiene que ver con un deterioro muy serio del sistema de administración de justicia que genera altísimos niveles de impunidad y por tanto pareciera que el mensaje es que en Venezuela el crimen sí paga y, mientras esto sea sí, las tasas de delincuencia van a seguir aumentando. Tiene relación con los niveles de pobreza, en el sentido de que mientras se deteriore el nivel de vida y se reduzca la capacidad de ascenso social, lamentablemente la alternativa para la población -sobre todo la más joven- es la vía delictiva.
_ ¿Cuáles son las garantías que asisten a los refugiados?
_ Hay un principio sagrado por excelencia y es la no devolución. Si una persona solicita refugio, aunque no tenga oficialmente el carácter de refugiado, se convierte en intocable. No la puedes devolver y es la situación que lamentablemente vivimos recientemente en la frontera a raíz de la suspensión de garantías. Una política –si se le puede llamar política-, de deportación masiva…
_ ¿Insisto en la precisión: una vez suspendidas las garantías por la razón que sea, cómo queda ese principio que ampara a los refugiados? ¿Pierde vigencia?
_ Nunca. En ningún caso el principio de no devolución puede ser vulnerado. Ni bajo suspensión de garantías, ni siquiera en estado de guerra. En ninguna circunstancia, pues se supone que se trata de personas que están buscando protección y no se pueden devolver. Pero hay otros principios también muy importantes como el tema de la documentación, es decir, una vez que una persona solicita el refugio, repito, aún cuando todavía no haya sido reconocido oficialmente como refugiado, tiene derecho a una documentación especial para que no permanezca en un limbo, justamente para que, a falta de documentos, evitar que corra el riesgo de la devolución. En el caso de Venezuela esa documentación se está demorando de manera excesiva. Otro derecho que tiene la persona en esta situación es la posibilidad de comunicarse con el órgano que debe acreditarle el estatus. Quiere decir que si la policía interviene y se propone deportar a la persona que posee el estatus de refugiada, tiene el derecho de comunicarse con la oficina que lo acreditó y protegerse. Hay una serie de garantías no que pueden ser vulneradas y que lamentablemente fueron puestas de lado en esos casos.
LA SOCIEDAD CIVIL
_ El tema de los derechos humanos en Venezuela se discute en instancias internacionales pues existe al percepción de que, a pesar de que el régimen se define como democrático, hay una alteración sustancial de los derechos humanos que son valores fundamentales de la democracia…
_ Ante todo, conviene aclarar que cuando cualquier Estado –y por supuesto es el caso de Venezuela- suscribe de manera voluntaria y soberana un tratado internacional sobre derechos humanos, se somete a la posibilidad de ser examinado, a la obligación de presentar informes periódicos. Venezuela estaba muy atrasada en el tema de los informes y, a raíz del Examen Periódico Universal del 2011-2012, decidió ponerse al día. Lo que ha pasado es consecuencia de eso: hay otros informes en espera pues Venezuela estaba muy atrasada debía muchos, así que poco a poco se van agendando y eso trajo como consecuencia que desde el 2014 y a lo largo del 2015 de hayan presentado diferentes informes ante los órganos de Naciones Unidas. Igualmente, de acuerdo a los tratados, la sociedad civil tiene la posibilidad y el derecho de presentar sus propios informes donde se opina sobre lo que ha hecho el Estado, se aporta información adicional complementaria o contraria. De manera que este debate forma parte natural de estos procesos de revisión del cumplimiento de los tratados. Se ha hecho un escándalo pues se siente como una agresión por parte del gobierno, como una intromisión o vulneración de la soberanía, cosa que no es cierta pues, de nuevo, son acuerdos que el Estado firma de manera voluntaria.
_ ¿La presencia en esos escenarios de la sociedad civil ha sido relevante?
_ La sociedad civil no descubrió Naciones Unidas ayer, sino que Venezuela comenzó su proceso de actualización de informes ayer, por lo cual se presentó el momento de acudir y aportar. Han participado otras organizaciones de derechos humanos en exámenes anteriores, sólo que antes no había internet ni satélites pero Provea, por ejemplo, participó en el año 1991. En otras palabras, que son ejercicios normales que forman parte de la convivencia democrática y que deben ser vistos en el contexto de la convivencia democrática y no satanizarlos como lo está haciendo el Estado. Creo que es un aporte importante que se ha hecho desde la sociedad civil y no terminan pues ahora se está en un proceso de seguimiento sobre las recomendaciones que se ha hecho al Estado, según lo previsto en los tratados y que ya están por vencerse, como por ejemplo, el Comité contra la Tortura que trazó un plazo de un año para Venezuela –en el 2014- para acatar dos o tres recomendaciones de carácter urgente y sobre las cuales tiene que presentar informe casi de inmediato.
_ ¿Cuáles son las violaciones a los reparos más importantes que se formulan en esos informes?
_ Uno, tiene que ver con el tema de la administración de justicia. Es un hecho recurrente, el cual se mencionó en varios comités de la ONU, pedir a Venezuela el fortalecimiento del Poder Judicial, de la carrera judicial, de la independencia de las instituciones.
_ ¿Consideran ustedes, en el Centro de DDHH de la UCAB, que hay garantías para el trabajo de los defensores de los derechos humanos en Venezuela?
_ No hay suficientes garantías. Hay una satanización del trabajo de las organizaciones de DDHH y del financiamiento de esas organizaciones sin que exista en este momento ningún tipo de ley que prohíba ese tipo de financiamiento. Hemos visto una fuerte campaña por parte del Presidente de la Asamblea Nacional a través de un programa de televisión que se hace desde el canal del Estado, cosa muy grave pues se trata de atacar desde un espacio público y con recursos públicos. Se han comprometido a nivel de organismos internacionales a no tomar represalias, sin embargo cada vez que asisten organizaciones no gubernamentales a los foros internacionales llegan las represalias, no se están tomando las medidas de protección y se está desestimando las denuncias que se han formulado a través del Ministerio Público.
_ ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?
_ Ninguna actuación por parte de la Defensoría del Pueblo. El Sub-Comité de Acreditaciones de Naciones Unidas le hizo una solicitud –órgano que evalúa a las Defensorías y Ombudsman de todo el mundo- y fue bajada de categoría “A” a “B”, justamente por no estar cumpliendo con los estándares internacionales de una organización independiente de defensa de derechos humanos en el país. Se le dio un plazo de un año, que también está por vencerse –marzo 2016- para, como dice el mismo informe, para “hablar alto y claro” sobre la situación de los DDHH en el país. Entre esas cosas debe pronunciarse sobre el caso de la jueza Afiuni, de Leopoldo López, de las agresiones a los defensores de derechos humanos por parte del programa de TV mencionado; se le pide que inste al Estado a ratificar y formar parte nuevamente de la Convención Interamericana de DDHH. Aún el Defensor no ha dado señales de su disposición a hablar alto y claro.—
@CDH_UCAB
