Noviembre 06, 2015.- La criminalización de la protesta en Guayana tiene su antecedente en 2007, cuando el Gobierno imputó a los trabajadores de Transporte Camila por manifestar en contra de condiciones inseguras
La protesta laboral no ha punteado en 2015 la conflictividad social en Guayana, pero las retaliaciones y calificaciones de despido a dirigentes que han ejercido su derecho a la manifestación no han cesado.
En lo que va de año, al menos ocho casos de despido se suman a la lista de calificados de 2014, todos con un denominador común: dirigentes con algún tipo de liderazgo que han manifestado, abiertamente, su inconformidad con las políticas laborales del Gobierno nacional y las prácticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los casos van desde trabajadores que se negaron a participar en la campaña #ObamaDerogaelDecretoYa, hasta técnicos que han protestado por discusión de contratos colectivos.
El episodio más reciente es el del trabajador de Orinoco Iron, Orangel Palma, quien esta semana recibió una notificación de calificación de despido. Palma ha sido uno de los líderes de las últimas protestas en la empresa briquetera cuya producción vive un largo letargo: casi dos años paralizada por falta de insumos y repuestos.
La manifestación surgió después de seis años sin actualización del contrato colectivo, el mismo lapso desde que la empresa fue estatizada en 2009.
Contra el imperio
Un caso emblemático fue el del trabajador Diego Carrero, con más de 21 años de servicio en CVG Carbonorca. Tras negarse a participar en la recolección de firmas en contra del decreto de Estados Unidos que mencionaba a Venezuela como una amenaza, recibió la carta de despido en marzo de este año.
Carrero era superintendente de mantenimiento y se negó a participar porque consideraba que era una actividad política irrelevante. “Siempre he tenido una relación de trabajo, una posición técnica. Si nos ponemos a ver cómo están las condiciones de las empresas es lamentable. (…) Yo pienso que uno está aquí es para aportar y hacer su trabajo, y meter la política partidista a las empresas es lo peor que se ha hecho en este país”, dijo en una entrevista tras enterarse de su despido.
Desde entonces, y con la cercanía de las elecciones parlamentarias, otros trabajadores fueron sumados a la lista de criminalizados y judicializados en las estatales, pese a las declaraciones de Justo Noguera, como presidente de la CVG.
Aquella campaña en contra del decreto, es –quizá- el antecedente más inmediato del despliegue partidista que en las últimas semanas han denunciado trabajadores a propósito de las elecciones parlamentarias.
Liderazgo sindical
También la posibilidad de la derrota en elecciones sindicales ha estimulado calificaciones de despido dentro de las estatales. En CVG Bauxilum al dirigente del comité ejecutivo de Sutralúmina, candidato a la secretaria general del sindicato, Richard Potella, fue calificado de despido con un procedimiento de 2014, pocas semanas antes de que comenzara la contienda.
El procedimiento fue aprobado por la Inspectoría del Trabajo y hace seis meses la defensa solicitó su nulidad. El abogado defensor, Frank Silva, informó que todo está dentro de sus lapsos.
El despido de Potella lo marginó de participar de las elecciones y permitió la ventaja, aunque por un margen aún no esclarecido, de la plancha del PSUV en la refinadora de alúmina.
Trabajadores de CVG Venalum creen que la misma lógica se ha aplicado en la reductora de aluminio. En agosto de 2015 la empresa reactivó procedimientos a más de 30 técnicos, un porcentaje de ellos líderes que participaron en las protestas por el control obrero.
Douglas González, uno de los calificados y voceros del colectivo, vinculó el procedimiento a la cercanía del vencimiento del período electoral en el sindicato Sutralum, actualmente dominado por el PSUV.
Este proceso, en teoría, ha sido suspendido dentro de Venalum después del cambio gerencial pero en la Inspectoría del Trabajo continúa el procedimiento sancionatorio.
A mediados de 2014 a los promotores del sindicato en la empresa Veniram Tractor, Jesús Pereira, entre otros, fueron despedidos por supuesto abandono de su sitio de trabajo. El Ministerio del Trabajo autorizó la calificación en la empresa mixta, aún fuera del área territorial de su competencia.
En contra de la seguridad
Los defensores de la salud y seguridad en el trabajo no han escapado del blanco de criminalización. Casos relevantes los de la Hidrológica del estado Bolívar (Hidrobolívar) y Ferrominera Orinoco (FMO).
En la procesadora de mineral de hierro la gerencia activó calificaciones de despido en contra de delegados de prevención que se atrevieron a activar el artículo 53 de la Ley Orgánica de P (Lopcymat). Los argumentos de los apoderados judiciales fue la defensa de la actividad económica de su defendida, en detrimento de los argumentos de seguridad y salud. Dos meses después, un trabajador con más de 30 años de servicio murió en un accidente laboral en la planta de PMH.
Una argumentación similar utilizó la empresa dependiente de la Gobernación para despedir a delegados de prevención, en contra del artículo 55 de la Lopcymat.
Castigo ejemplarizante
Otros despidos han tenido como fin contener los reclamos: es el caso de la detención de los trabajadores de Sidor en 2014 -luego de las protestas por la discusión del contrato- y su posterior liberación condicional, después de ocho meses presos en el Sebin.
Después de esa medida, ni una protesta vinculada a reclamos laborales se ha registrado en Sidor por parte de trabajadores activos pese a la caída estrepitosa de la producción, el despliegue partidista y la no divulgación del contrato colectivo.
Es el mismo efecto que se ha replicado en la estatizada Friosa, donde una de las voceras y líder de las protestas que impulsaron la intervención por denuncias de corrupción, Noraida Potellá, fue despedida. Tras la medida tampoco se han registrado manifestaciones en empresa.
Casos como los del trabajador de CVG Carbonorca, Edgar Campos, han sido la excepción. El caso fue atendido como una medida humanitaria del PSUV, con los mismos actores que autorizaron su despido. En la empresa fue asumido como una especie de escarmiento a quienes alzan la voz. No es la misma historia del director laboral de Venalum, Luis Vásquez, cuya calificación de despido fue entregada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Protestar y disentir se paga con despidos en las empresas estatales
