Octubre 20, 2015.- “Estigmatización, Intimidación y Represalias contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela” es el título del informe elaborado por Organizaciones del Movimiento de Derechos Humanos en Venezuela para consideración de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, durante el 156° Período de Audiencias de la Comisión. Se reproduce, a continuación, íntegro.
1. Al presentar este informe, las organizaciones del movimiento de derechos humanos en Venezuela que lo suscriben, queremos denunciar que por más de 10 años y de manera generalizada desde el año 2013, el Estado venezolano mantiene una política de estigmatización, intimidación y represalias contra defensores de derechos humanos, por documentar, denunciar, asistir a las víctimas y cooperar con los sistemas internacionales de protección. Esta política incluye a defensores y organizaciones de derechos humanos, activistas, periodistas, abogados y líderes sindicales de diversas regiones del país.
2. Usando un discurso de odio y combinando distintos mecanismos sobre los cuales el Estado ejerce funciones de autoridad o control político, como los medios públicos, la legislación, la acción judicial y las operaciones que ejecutan cuerpos de seguridad, militares y agentes no estatales, tanto defensores como defensoras son objeto de campañas de estigmatización y descalificación, hostigamiento y acusaciones dirigidas a su criminalización, medidas de restricción para funcionar y hacer su trabajo, actividades de vigilancia y seguimiento, y prácticas de amenaza, agresión y detención, que conforman un cuadro de patrones de ataques sistemáticos, llevados a cabo con impunidad al margen de las garantías constitucionales.
3. Ésta representa una de las situaciones más grave que hayan experimentado los defensores de derechos humanos de Venezuela, en un contexto de severos problemas estructurales en el que retroceden aceleradamente los derechos humanos y la descomposición de las instituciones públicas, imperando en ellas la ingobernabilidad, la ausencia de independencia, la negación al diálogo, la militarización, la impunidad y, luego del fallecimiento del ex presidente Chávez, la fragmentación de la estructura del Estado en diversos grupos de poder, generando que los defensores se encuentren más expuestos a riesgos a causa de su labor y no cuenten con garantías de protección para su desempeño.
4. La impunidad también pone en riesgo a los defensores y defensoras. Hasta ahora, el Estado ha desestimado las denuncias realizadas ante instancias nacionales, y ha ignorado los constantes llamados y peticiones de las instancias del sistema universal e interamericano de protección de derechos humanos, para que cesen estas prácticas, las cuales también han sido dirigidas hacia representantes de ambos sistemas. El Estado, incumple así sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar la protección de defensores y un entorno seguro para sus labores.
5. En consecuencia, las prácticas de estigmatización, intimidación y represalia que llevan a cabo o permiten funcionarios, abusando de su autoridad y de los medios públicos, causan deshumanización y daños a la credibilidad de los defensores, violan sus derechos a la integridad psíquica y moral, y generan un clima de hostilidad contra ellos que dificulta el desempeño legítimo de su trabajo y la inhibición de las víctimas a la denuncia y a la búsqueda de asistencia, además de exponerlos a la violencia e inseguridad existente en el país. La situación reviste tal gravedad que solo en el año 2015, hasta el 17 de octubre, la CIDH ha otorgado 10 medidas cautelares de protección a defensores y defensoras.
II. Responsables, por acción u omisión, de ataques contra defensores
Ejecutivo nacional
6. Durante la administración del ex presidente Hugo Chávez, la política de descrédito, intimidación y represalia fue coordinada por distintas instancias del Ejecutivo nacional, desde el mismo presidente y vicepresidente, hasta los distintos miembros del gabinete, entre ellos quienes ocuparon -y en algunos casos aún ocupan- los despachos del Ministro de Interior y Justicia, Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Salud y Ministerio de Información y Comunicación. A partir de la elección del presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, en esta política han venido participando órganos y autoridades vinculadas al sector militar.
Poder Legislativo
7. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional han aprobado leyes regresivas en materia de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, afectando la labor de los defensores. Además, en su seno se han creado comisiones para la investigación de organizaciones de sociedad civil, entre ellas las de derechos humanos, por estar supuestamente incursas en actividades ilegales o, incluso, en acciones que constituirían “traición a la patria”. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es responsable de conducir un programa en el principal canal de televisión del Estado en el que se ataca sistemáticamente a defensores, haciendo imputaciones públicas y amenazas.
Ministerio Público
8. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, también se ha hecho parte de la política de ataques contra defensores, y la institución a su cargo no ha tomado las acciones requeridas para garantizar la protección de su labor, ni la de su integridad física. La mayoría de las denuncias sobre hechos que afectan a defensoras y defensores se encuentran sin investigación o, incluso, han sido desestimadas, sin siquiera garantizar el derecho a ser escuchados. Además, ante las imputaciones públicas contra defensores, la fiscal general ha mantenido silencio.
Defensoría del Pueblo
9. La Defensoría del Pueblo y sus representantes han mantenido silencio y no han actuado ante situaciones que afectan la labor y la integridad física de defensores y defensoras y sus organizaciones. La anterior defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el actual defensor del Pueblo, Tarek William Saab, han avalado la aprobación de leyes y normas restrictivas para el ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.
Tribunal Supremo de Justicia
10. En particular la Sala Constitucional, ha convalidado leyes regresivas en materia de derechos humanos y ha emitido sentencias que restringen el derecho de defensores y defensoras de asociarse libremente y llevar adelante los fines legítimos de sus organizaciones, al tipificar como posible delito de “traición a la patria” el uso de recursos de la cooperación internacional. Además, las organizaciones de derechos humanos fueron excluidas de las etapas sustantivas del proceso penal, tales como la posibilidad de representar a víctimas en procesos judiciales contra funcionarios presuntamente incursos en violaciones de derechos humanos, dejando esta función a personas particulares y a la Defensoría del Pueblo. Desde que la función de querellarse en nombre de víctimas quedó exclusivamente en manos de esta institución, no se conoce un solo caso en que la institución haya hecho uso de esa facultad.
III. Mecanismos empleados en función de los ataques contra defensores
Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP)
11. El Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) integra 21 radios y televisoras estatales y se constituyó un año después de retirar la concesión al canal privado RCTV en 2007, antes de las elecciones regionales de 2008. Acerca de los fines para los cuales fue creado, el ministro de Comunicaciones e Información afirmó en 2012 que “la orientación del comandante presidente fue constituir una plataforma jurídica, institucional y mediática para enfrentar la conspiración y construir junto al pueblo las herramientas que permitieran avanzar en el proceso de liberación y de conformación de un verdadero proceso de soberanía comunicacional”. A través del SNMP, son contantes las expresiones denigrantes y acusaciones contra las ONG y defensores de derechos humanos, en alocuciones oficiales, cuñas y programas de información, transmitidos y replicados de forma televisada e impresa, tanto a nivel nacional como regional, incluyendo medios electrónicos de funcionarios e instituciones públicas.
12. En 2014, se creó el programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el principal canal público del país, Venezolana de Televisión (VTV), que conduce el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dirigido al señalamiento de actividades, imputaciones, acusación y escarnio público contra ciudadanos y organizaciones de diferentes sectores del país, entre los que se encuentran defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos, usando reportes que suministran sujetos anónimos o “patriotas cooperantes”, y que parecen cumplir funciones de vigilancia e inteligencia policial. De acuerdo con el monitoreo de la ONG Ipys Venezuela, al menos 578 ciudadanos han sido víctimas de 1.539 acusaciones realizadas por el Presidente del parlamento en su programa de televisión, durante 35 ediciones, transmitidas a lo largo de 90 horas de programación, que representan casi 4 días de transmisión continua entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2015. Esta práctica muestra un uso abusivo del poder del Estado en materia de comunicaciones, y un patrón de hostigamiento a través de medios de servicio público.
Legislación nacional regresiva
13. El Estado ha venido implementando un cuerpo de leyes regresivas en materia de derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y derechos de acceso a la información y participación en los asuntos públicos, de forma inconstitucional y no justificable dentro de una sociedad democrática. A través de esta legislación se criminaliza y amenaza a organizaciones, defensores y defensoras, con sanciones e ilegalización por el origen de su financiamiento; se les estigmatiza, discrimina, separa y excluye de las instancias públicas por motivos de adhesión a los fines del Estado o de carácter ideológico; y se les somete a medidas restrictivas para ejercer su labor y funcionar de manera autónoma, incluyendo actuar bajo jurisdicción militar.
14. Por protestar, líderes sindicales y activistas de derechos humanos han sido detenidos y sometidos a juicio usando la Ley de Seguridad de la Nación (LOSN) promulgada en el 2002, que declara Zonas de Seguridad instalaciones militares y públicas, industrias básicas y estratégicas, servicios esenciales y áreas adyacentes a cualquier vía de comunicación de primer orden. Esta ley penaliza actividades en las zonas que puedan perturbar o afectar la organización y funcionamiento de instalaciones o la vida económica y social del país. De acuerdo con un estudio realizado por la ONG Control Ciudadano, 30% del territorio nacional podría estar considerado como zona de seguridad. La primera fue decretada en territorio indígena y ha permitido criminalizar y judicializar actividades de organizaciones y defensores de los pueblos que lo habitan.
15. Las acciones de represión y detenciones arbitrarias contra manifestantes ocurridas en los años 2013 y 2014 se han fundamentado en reformas al Código Penal venezolano, leyes que regulan los medios de comunicación de televisión, radio, prensa y electrónicos , y otras leyes, resoluciones y sentencias , que penalizan el derecho a la libertad de opinión y a la manifestación pacífica. Hasta ahora, el Estado continúa sosteniendo en sus informes y declaraciones oficiales que estas protestas fueron acciones violentas contra el Estado y no manifestaciones pacíficas, justificando así el uso de fuerzas militares y el derecho penal para impedir la protesta pública y la libertad de opinión, incluyendo las emitidas por redes sociales.
16. En 2006, la Asamblea Nacional dejó aprobada en primera discusión un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que implica el control discrecional de todos los fondos internacionales y la supervisión de las organizaciones que los reciben por parte del Ejecutivo nacional e incluso de agentes no estatales. Aunque su aprobación se detuvo por ser incompatible con normas nacionales e internacionales, diputados del partido de gobierno han expresado en varias oportunidades su intención de aprobarla. En su programa del 6 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional también propuso que fuera aprobada.
17. De igual modo, la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional presentó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (Lodspan), que fue promulgada, la cual prohíbe recibir financiamiento internacional a organizaciones que tengan como fines la promoción y defensa del derecho a la participación política, por considerar que ello puede “…atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas”. La ley también penaliza “…la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes”. En 2013, la Asamblea Nacional instaló la Comisión especial para investigar el financiamiento de las oficinas u organizaciones con fines políticos y grupos que actúan con el propósito de desestabilizar y generar conmociones sociales y un golpe de Estado para atentar contra el hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
18. La mayoría de las organizaciones autónomas (de base, locales o nacionales) que defienden derechos económicos, sociales y culturales han sido excluidas de participar en las políticas públicas, a no ser que se conviertan o coordinen sus actividades con organizaciones del Poder Popular (OPP). La base normativa de estas organizaciones son las Leyes Orgánicas del Poder Popular (LOPP) promulgadas en 2012, cuyo fundamento es el proyecto de Reforma Constitucional rechazado en referendo del 2007 y los Planes de Desarrollo de la Nación o Socialistas. Estas leyes violan más de 100 artículos constitucionales, y pese a esto, existen casi 70 leyes orgánicas nuevas con base en ellas. El Poder Popular reúne a un grupo de organizaciones (comunas, consejos comunales y otras) que ejercen funciones del Estado y forman parte de éste; son certificadas por sus organismos y las únicas reconocidas para participar en los asuntos de gobierno.
19. Varias organizaciones han sido amenazadas con la aplicación de sanciones administrativas o penales con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, promulgada en 2012 y la cual tiene carácter penal. Esta ley tipifica de manera ambigua los delitos de “terrorismo”, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, y establece el control, supervisión, fiscalización y vigilancia, incluyendo la investigación policial y judicial sin previo aviso y bajo identidad encubierta, de toda operación financiera “inusual o sospechosa”, aun cuando tenga una justificación económica visible y provenga de fuentes lícitas, según juzgue la institución supervisora o el Ejecutivo nacional.
20. En 2014 se promulgó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, cuyo objetivo es el registro obligatorio de todas las personas naturales y jurídicas (asociaciones y empresas privadas), para alistarse -en el caso de las personas- y el cumplimiento de servicio civil – en el caso de asociaciones y empresas-, bajo jurisdicción y reglamentación militar. No figuran como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia, como se dispone en la Constitución. El servicio civil, que en la Constitución posee el mismo rango que el militar, queda subordinado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Una vez registradas, las personas jurídicas deben entregar periódicamente información acerca de sus miembros y actividades, y exigir al personal su registro.
Cuerpos de seguridad
21. En 2010, se crearon el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), ambos órganos del Ministerio de Interior y Justicia, con fines de inteligencia nacional y contrainteligencia para la detección y neutralización de amenazas externas e internas, reales o potenciales, contra la seguridad de la nación. En 2013, se dictó el Reglamento del Sebin en el que este organismo cuenta con una Dirección de Contrainteligencia para planificar, ejecutar y controlar estrategias dirigidas a descubrir y neutralizar amenazas internas, y una Dirección de Inteligencia que registra, analiza y difunde información en el ámbito internacional. En su memoria y cuenta de 2013, el Sebin reportó haber contribuido a “resguardar el hilo constitucional, coadyuvando con la paz social y las garantías políticas–económica para el avance de la instauración del nuevo modelo político, tal como se observó el desarrollo de las elecciones presidenciales del 7-O y las elecciones regionales del 16-D, coartando el manejo mediático nacional e internacional tendiente a alterar el orden instituido (…)”.
22. En 2013, el Cesna fue sustituido por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), adscrito a la Presidencia de la República, para informar sobre potenciales amenazas a los intereses nacionales y aspectos estratégicos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores, a fin de neutralizar y derrotar planes desestabilizadores en contra de la nación. En 2014, se dictó su reglamento, en el que se crea una dirección para analizar los impactos de la información en web y redes sociales en el desarrollo y estabilidad política y social del país. Adicionalmente, en 2014, el presidente Maduro creó la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) con la función de coordinar, analizar y recabar información y acciones de todos los órganos de seguridad ciudadana e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas.
Agentes no estatales
23. Las organizaciones de derechos humanos del país han registrado la participación de grupos de civiles paraestatales (entendiendo por estos a personas no uniformadas que actúan bajo órdenes de o en coordinación con alguno de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado) en la dispersión de protestas, ataques a población civil en zonas residenciales , agresión y detención de manifestantes y labores de control del orden público, incluyendo vigilancia, seguimiento e información de actividades calificadas como violentas, terroristas y conspirativas, que ha coincidido con declaraciones de altos funcionarios avalando su participación en determinados hechos. Su capacidad de despliegue en varias ciudades del país, en diferentes momentos, y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, es un indicador importante del crecimiento de estas agrupaciones. No se conoce que algún integrante de estos grupos armados haya sido sancionado por su responsabilidad por abusos contra la vida y la integridad física durante las manifestaciones del 2014.
24. En las manifestaciones del año 2014 surgieron los patriotas cooperantes, figuras que no tienen fundamento en las leyes internas y que actúan como supuestos informantes anónimos que forman parte de una política represiva de Estado, denunciada en reiteradas oportunidades por distintos grupos de abogados y abogadas. La acción de estos informantes anónimos, además de prestarse para la criminalización de actividades legítimas, abarca desde órdenes de vigilancia y seguimiento encubierto hasta acusaciones, detenciones arbitrarias y juicios ilegales, con base en supuestas pruebas suministradas por ellos, sin conocerse nunca su verdadera identidad ni las pruebas según las cuales se acusa.
25. Las OPP también deben cumplir funciones de control social y de denuncia de todo acto que vaya contra los intereses colectivos y del Estado, así como informar a integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, con quienes deben funcionar articuladamente. La milicia está conformada por un cuerpo de combatientes civiles para la defensa de la nación, creada en la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el 2009. Además, el Ejecutivo nacional ha hecho llamados constantes a las OPP para sumarse a la defensa integral de la nación y forman parte desde el 2014 del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), como mecanismo de trabajo para llevar adelante políticas de seguridad ciudadana contra el terrorismo, el paramilitarismo, el sicariato y todo factor que amenace la seguridad interna.
IV. Patrones de ataque de los que son objeto defensores y defensoras
Estigmatización y descrédito
26. Las campañas de descrédito contra defensores en Venezuela, de la que se hace eco el Sistema Nacional de Medios Públicos, ha sido sistemática y abarca áreas diversas de defensa de derechos humanos. En ellas son frecuentes las etiquetas negativas de “escuálidos”, “corruptos”, “apátridas”, “lacayos del imperio”, dirigidas también en algunos casos contra representantes de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. Su difusión promueve una cultura institucional y social hostil hacia los defensores, que no sólo les afecta a ellos sino que perjudica a las víctimas, personas beneficiarias y comunidades, quienes temen o se desaniman de hacer denuncias o vincularse con defensores para no ser igualmente blando de estas conductas.
27. El 16 de diciembre de 2008, luego de la presentación del Informe Anual de Provea, donde se denunció una situación concreta respecto del derecho a la salud, el ministro de Interior y Justicia de entonces, Tarek El-Aissami, declaró en rueda de prensa: “a los ojos del pueblo el informe de Provea es una ridiculez (…) merecen que les caigan a zapatazos por mentirosos”. Esto generó incluso que en el diario de más amplia circulación en Venezuela, Últimas Noticias, su editor, Eleazar Díaz Rangel, escribiera un artículo denominado “Los numeritos de Provea”, cuestionando contenidos del informe: “Pareciera que no están conscientes en (Provea) de lo difícil que es formarse un prestigio que haga confiable y creíble su palabra, y que todo eso puede derrumbarse en instantes”. Meses más tarde, el mismo ex presidente Chávez, en un discurso sobre la situación de salud, corroboró lo que había presentado Provea en su informe.
28. El 13 de julio de 2010, Carlos Correa, director de Espacio Público, comenzó a ser objeto de una campaña de ataques personales y de descalificación pública, cuando un integrante del Movimiento Periodismo Necesario solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela por recibir fondos internacionales “con fines de desestabilización”. Al día siguiente, el ex presidente Hugo Chávez solicitó una investigación sobre el financiamiento internacional de la organización, expresando que había que “…investigarlo a fondo: los millones y millones de dólares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos de ONG, eventos, premios y no sé cuántas cosas más”. El 26 de julio, en el programa La Hojilla del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Mario Silva, su presentador, señaló a Carlos Correa y a Espacio Público como “agentes financiados por Estados Unidos”. El mismo canal de televisión editó un video y trasmitió una caricatura animada mediante la cual se le hicieron señalamientos difamatorios y se le sometió al escarnio público y moral. Espacio Público documentó la frecuencia de estas transmisiones: en un solo día, el video fue mostrado 28 veces. Además, se dio a conocer la dirección de su casa y se divulgaron muchos artículos de descalificación y descrédito.
29. Otro caso emblemático es el del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a cuyo coordinador, Humberto Prado, se le ha amenazado incluso con la apertura de procesos penales. Los ataques se intensifican cuando la organización ha presentado en Venezuela el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad o al regresar al país luego de participar en las audiencias de la CIDH o de cooperar con órganos de tratados de las Naciones Unidas. Desde 2006, Humberto Prado ha enfrentado campañas de descrédito, hostigamiento, amenazas y criminalización. Ante estos hechos, la Corte IDH acordó medidas provisionales a favor de Humberto Prado, mediante las cuales se solicitó al gobierno venezolano la adopción de medidas para proteger su vida e integridad personal.
30. En artículo publicado en prensa nacional, Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad (UVL), denunció que durante el desarrollo del III Festival de la Voz Penitenciaria el 15-09-15 en la ciudad de Caracas, ante la pregunta de los representantes de medios de comunicación sobre los problemas de alimentación que ocurren en los recintos penitenciarios y que habían sido denunciados por Una Ventana a la Libertad, la ministra de Servicios Penitenciaros, Iris Varela, afirmó “resulta que yo por allí tengo un vídeo, precisamente las personas que le entregaron el videíto a un señor de una tal ONG… Vamos a tomar acciones legales. No podemos seguir permitiendo de brazos cruzados que sigan atacando un esfuerzo enorme que ha hecho el ministerio para transformar la realidad penitenciaria que se vive en el país”. A las amenazas de la ministra Varela se unieron aliados y empleados de la institución que ella dirige, quienes a través de las redes sociales cono twitter se dedicaron a proferir insultos, montajes de fotos y acusaciones. Esta no ha sido la primera vez que UVL es objeto de descalificaciones por parte de la ministra, quien ha usado contra dicha organización los calificativos de “agentes de la CIA”, “tarifados del gobierno de los Estados Unidos”, “mercenarios”.
31. A raíz de la participación de Codevida, Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida, en las audiencias de la CIDH y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, miembros de la coalición han sido objeto de descalificaciones y hostigamiento a través de las redes sociales por parte de funcionarios, incluyendo al Ministro de Salud, Henry Ventura, y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro. El ministro de Salud negó una solicitud de audiencia por la cooperación de Codevida con instancias internacionales de derechos humanos y, el presidente del IVSS tampoco respondió a solicitudes de reunión. Sin embargo, luego de una protesta realizada el 27 de agosto de 2015, frente a la Farmacia de Productos de Alto costo del IVSS, en la ciudad de Caracas, a causa de fallas en la entrega de tratamientos para más de 13.000 personas trasplantadas y con cáncer, el IVSS respondió a las demandas de respuesta con un video institucional para desmentir las denuncias, así como con una campaña de tuits emitidos por dependencias del IVSS de distintas regiones del país. A partir de la protesta y de las respuestas públicas por parte de miembros de Codevida a las descalificaciones del señor Rotondaro, finalmente aceptó reunirse personalmente con representantes de la coalición.
32. También defensores y defensoras de los derechos de las personas Lgbti son objeto de estas campañas, en las que participan principalmente personas del colectivo Lgbti partidarias del gobierno. Luego de que una defensora y un defensor fueran descalificados por el presidente de la Asamblea Nacional en su programa “Con el mazo dando”, por su participación en audiencias de la CIDH, activistas Lgbti pro-gobierno se refirieron a ellos en el canal del Estado como: “…derecha golpista”.
33. Del mismo modo, víctimas y otros activistas que podrían sumarse a la defensa de derechos humanos se privan de compartir espacios tanto con las organizaciones independientes como con las oficialistas, por miedo a que los estigmas les afecte. En el estado Barinas, las personas no solo temen denunciar situaciones de violación de derechos humanos, sino incluso asociarse o pertenecer organizaciones que los promueva y defienda. Una representante estatal del Comité de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados, expresó que “es tanto el miedo, que la gente no se atreve ni siquiera denunciar, menos a ser defensor de esos derechos. En el estado Mérida, miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA DD HH), organización creada en el marco de las protestas del año 2014, han sido señalados como “brazo armado de la derecha” por el gobernador del estado. Producto de esta campaña, las primeras actividades de promoción del ULA DD HH en plazas públicas fueron atacadas por miembros del partido de gobierno. Los ataques han inhibido el acercamiento a la organización y dificultado su trabajo en defensa de derechos humanos. Las descalificaciones incluyen la diseminación de rumores que siembran dudas acerca de la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos. En el caso de ULA DD HH, se les ha señalado como “funcionarios de inteligencia militar, infiltrados dentro de la Universidad de Los Andes para vigilar”, obligándolos a suspender actividades por el riesgo físico a los que los exponen estos rumores. En el caso de Provea, dado que las campañas han estado dirigidas a etiquetarla como una organización con fines políticos, que recibe órdenes de Estados Unidos y que esas órdenes son transmitidas a los pueblos indígenas; las comunidades indígenas no quieren tener relación para no ser calificadas como de derecha o golpistas.
Discriminación y exclusión
34. La adhesión a funciones del Estado y al proyecto político-ideológico del gobierno constituyen causa de un patrón de discriminación y exclusión de las organizaciones autónomas que defienden derechos humanos, y particularmente de las que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, a las que se descalifica como “pro-imperialistas”, “de derecha” y “enemigos o amenazas internas que operan junto con factores externos”. Este patrón se reproduce en casi todos los espacios de políticas públicas, a los que ahora solo pueden acceder las OPP, tanto en ámbitos temáticos (cultura, alimentación, salud, educación, ambiente), como en los relacionados con grupos de población y de asociaciones (mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, sindicatos, cooperativas).
35. En la cultura, a los ateneístas y organizaciones culturales se les suspendió en el año 2009 el apoyo económico que otorgaba el ministerio competente. A la mayoría les retiraron sus sedes en instalaciones públicas a través de acciones de desalojo forzoso en las que participaron grupos de civiles pro gobierno, como sucedió en los casos de los ateneos de Caracas, Valencia, Valera y Maracaibo. Algunas de estas organizaciones fueron incluso despojadas de terrenos, edificios y patrimonio propio. El exministro para la Cultura, Héctor Soto, emitió una resolución donde canceló el subsidio otorgado al Grupo Actoral 80 y a otras dos compañías de teatro, con más de 20 años de labor, dictando que “no se financiará a colectivos individuales cuya conductas perniciosas afecten la estabilidad psicológica y emocional colectiva de la población, haciendo uso de lenguaje ofensivo, descalificado, mintiendo y manipulando a través de campañas mediáticas dispuestas para tales fines”. Asimismo, el Consejo Nacional de la Cultura (Conac), adscrito al Ministerio de la Cultura, desalojó a 7 grupos de teatro y danza con 10 años de trayectoria, del Teatro de Alberto de Paz y Mateos.
36. En la educación, a 20.000 asociaciones de padres y representantes (APR), y a organizaciones que defienden los derechos humanos en el ámbito escolar, se viola la libertad de asociación al impedirles que puedan ejercer su labor en las escuelas de educación primaria, públicas y privadas, debido a la Resolución 058 del Ministerio de Educación con la cual se crearon nuevas figuras de OPP denominadas Consejos Educativos. Por ello, actualmente se impide a las APR el registro o actualización de sus documentos. A la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) se le prohíbe entrar a escuelas públicas y a las asambleas o reuniones con padres y representantes de estas escuelas para defender el derecho a la educación y la libertad de asociación. En varios estados del país, las direcciones de las zonas educativas han exhortado a directores de escuelas públicas o privadas no permitir que las APR se reúnan a discutir temas relacionados con la calidad educativa o el derecho a la asociación. Varios defensores y defensoras han sido amenazados con la expulsión de sus hijos de las escuelas, por la labor que hacen. A organizaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes también se ha restringido o prohibido el acceso a escuelas públicas para dar charlas o talleres. Como refieren defensores de estas organizaciones: “está prohibida nuestra presencia en las escuelas, por órdenes del Ministerio de Educación. Si entramos, puede ser por invitación personal de algún maestro o maestra que te conozca, pero, si saben que estas allí, pueden pedir que salgas. Nos piden una invitación formal o un permiso, que por supuesto nunca llegan”. Similar situación existe en la educación secundaria. La Resolución 058 creó la figura de los consejos estudiantiles, los cuales deben seguir instrucciones del Estado relativas a la elección de sus representantes y actividades.
37. En la salud, a defensores y defensoras de organizaciones que defienden el derecho de las personas a la atención y a tratamientos se les obstaculiza o impide el ingreso a hospitales y centros ambulatorios públicos, los cuales se encuentran custodiados por miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, con el objeto de resguardar su seguridad. A las organizaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes se les ha hecho cada vez más difícil el acceso a hospitales públicos que atienden a esta población. Desde hace varios años, se encuentra restringido el acceso y circulación dentro del Hospital J.M. de Los Ríos, hospital de niños de referencia nacional, ubicado en la ciudad de Caracas. Ello ha dificultado obtener información y documentar denuncias sobre las graves fallas de este centro que hacen los familiares de los niños y adolescentes allí recluidos, e incluso poder reunirse con personal de salud. Relata un defensor que mientras intentaba documentar unos casos, miembros de la milicia le reclamaron y lo siguieron dentro del hospital: “cuando salí del hospital, tenía a la milicia atrás. Nos metimos en un banco por media hora para que dejaran de seguirnos. Denunciamos este incidente a la Defensoría del Pueblo, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta”.
38. En las cárceles, a defensores y defensores se les prohíbe realizar su labor de documentación dentro de los recintos. En 2011, a raíz de una protesta por el retardo procesal en las cárceles Yare I y Yare II del estado Miranda, la ministra Iris Varela calificó a las ONG de derechos humanos como agentes de la CIA y admitió que estaba prohibida su entrada a las cárceles, acusándolas de difundir información falsa a través de las redes sociales y de aliarse con las mafias carcelarias para crear situaciones de conflicto interno. Parte de sus palabras fueron: “…la manera de obligarlos a que respeten es prohibiéndoles la entrada a los recintos penitenciarios. Ellos no pueden venir a hablar aquí del sistema penitenciario, ninguna de esas llamadas ONG financiadas por la CIA…”. Defensores y defensoras solo pueden acceder a recintos penitenciarios como abogados particulares o por medio de familiares de las personas privadas de libertad. Al no poder identificarse como defensores de derechos humanos, sino como visitantes o familiares, corren un riesgo adicional dada la situación de violencia en las cárceles venezolanas: “la requisa es obligatoria, sobre todo la requisa a la que someten a las mujeres, incluyendo a las defensoras. A la visita se le obliga ir con ropa blanca, se le uniforma”.
39. En los asuntos indígenas, a raíz de la creación de las OPP los movimientos han sido cooptados por el gobierno y son pocos los que todavía se mantienen independientes. Esto ha ocasionado que las comunidades estén divididas y que las definidas a favor del gobierno se inhiban de hacer exigencias, para no perder otros derechos. Entre octubre de 2013 y febrero de 2014, la organización Laboratorio de Paz realizó una investigación sobre el derecho a la asociación en el movimiento indígena , en la que entrevistas con indígenas, especialistas y activistas indígenas arrojaron dos consensos: uno de signo positivo relacionado con un marco normativo favorable a los derechos indígenas y el otro de carácter negativo, sobre la falta de materialización de estos derechos y el debilitamiento y fractura de las asociaciones tradicionales indígenas por la influencia de las OPP, particularmente los consejos comunales y las comunas. Una de las personas entrevistadas para esta investigación “advirtió una paradoja: ‘han desmejorado, pero tienen más políticos en cargos de representación’, ilustrando el hecho de que, a pesar de que hay dirigentes indígenas en cargos visibles de poder estatal y regional, incluyendo la actividad de un ministerio propio, la situación de las comunidades no ha variado significativamente”.
40. En la infancia y adolescencia, la reforma de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) en el 2007 transfirió a las OPP la facultad que tenían las organizaciones autónomas para participar en la elección de los representantes a los consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescente. A los defensores y defensoras se niega información y no existe interlocución con las organizaciones que se encuentran a cargo de la mayor parte de los servicios de atención de la infancia y adolescencia en Venezuela, con apoyo de financiamiento público. Las organizaciones de la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna), han denunciado en Informes al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que son objeto de amenazas y presiones de diversa índole por parte del Estado, tales como suspender los fondos que reciben y negar u obstaculizar registros y permisos; y se les descalifica como “apátridas” por presentar informes al comité.
41. En el ámbito de las personas Lgbti, la creación de organizaciones no independientes, identificadas con el partido de gobierno, ha debilitado la exigencia de sus derechos. Advierte un activista: “Si un grupo está reclamando que asesinaron a una persona del colectivo, otro dice que es mentira, que esa persona era un o una delincuente y que eso estaba justificado”. El acceso a organismos del Estado -al Ministerio de las Comunas, al Ministerio de la Juventud, al Gobierno del Distrito Capital- se ha restringido a organizaciones autónomas. Cuando se intenta solicitar permisos para actividades públicas de promoción, se da preferencia a los grupos y activistas identificados con el gobierno, mientras se descalifica a las organizaciones autónomas. A Venezuela Diversa se le señala como una “organización de derecha”, vinculada con los sectores más radicales de la oposición venezolana: “esto supone un obstáculo para nosotros, porque la misión de Venezuela Diversa es articular con el Estado por ser el responsable de las políticas públicas en materia de derechos Lgbti”. Acción Solidaria (Acsol) fue invitada formalmente a realizar una actividad formativa sobre la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH y sus Familias a funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador, cuyo alcalde, Jorge Rodríguez, es uno de los principales dirigentes del partido de gobierno. Días antes, la invitación fue retirada porque AcSol es considerada una organización no afín al gobierno.
42. En el ámbito internacional, ninguno de los informes del Estado venezolano entregados en los últimos años a los órganos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, ha contado con una consulta abierta, plural y democrática de la sociedad venezolana; y tanto los informes que presentan estos órganos como el uso que los defensores les dan, son objeto de descalificación por parte del Estado venezolano. Esta conducta fue la que llevó a proponer la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos como objetivo del Plan de la Patria 2013-2019: “deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación imperial” y “denunciar los tratados multilaterales que limiten la soberanía nacional por los intereses de las potencias neocoloniales (Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc.)…”.
Criminalización e intento de ilegalización
43. La criminalización en los discursos contra los defensores ha sido constante, equiparando la labor de defensa con conductas delictivas a través de señalamientos tales como “traición a la patria, agentes de intereses foráneos, desestabilizadores, generadores de zozobra”, y amenazas de imputación, juicios y sanciones penales por causa de estos supuestos delitos. De hecho, estos discursos ha sido fuente de leyes, normas y sentencias, e incluso de comisiones especiales de investigación, abriendo la posibilidad de llegar a la judicialización e ilegalización de organizaciones con base en actos de conspiración o instigación de graves delitos.
44. En 2010, en un recurso de nulidad del referendo de enmienda constitucional de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que la organización demandante (Asociación Civil Súmate) carecía de legitimidad para actuar en juicio sobre asuntos de política interna por defender “intereses extranjeros” y recibir fondos internacionales con “la intención de emplearse en perjuicio de la República”, situación que la sala consideró un eventual delito de Traición a la Patria, previsto en el artículo 140 del Código Penal Venezolano. Ese mismo año, militantes y diputados del partido de gobierno, con apoyo del presidente Chávez, solicitaron al Ministerio Público abrir investigación por el delito de “traición a la patria” a 34 organizaciones de la sociedad civil por “recibir fondos internacionales con fines desestabilizadores”.
45. En 2012, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional amenazó con investigar a la ONG Transparencia Venezuela y la alianza Monitor Legislativo, integrada por organizaciones, profesores universitarios y comunicadores sociales de Venezuela, después de que publicaran el trabajo “Ranking sobre el Desempeño Parlamentario”, en el que se evaluó a todos los diputados de la Asamblea. Al respecto, Pedro Carreño, presidente de la comisión y segundo vicepresidente de la AN, afirmó que: “Transparencia Venezuela es un apéndice de Transparencia Internacional, que recibe financiamiento del exterior. Para justificar ese financiamiento, todos los años elabora un informe que es empleado como un mecanismo de satanización, de intromisión en los asuntos internos de los pueblos, cuyas políticas no son acordes con las potencias occidentales (…) La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación y la Constitución no permiten financiamientos de esta naturaleza. Hemos decidido abrir una investigación, la propuesta fue aprobada por unanimidad (…), a partir de este momento la Comisión de Contraloría se abocará a investigar el origen del financiamiento (…).
46. Organizaciones de defensa de derechos humanos no han podido realizar actividades con algunos de sus pares indígenas, por la criminalización de la que han sido objeto por recibir financiamiento de la cooperación internacional. En 2006, una organización de apoyo para el reconocimiento de tierras indígenas, recibió financiamiento de una ONG Internacional del Reino Unido para hacer la demarcación del territorio en el rio Caura. Cuando iban a entregar los títulos, en el año 2006, finalmente no pudieron hacerlo porque presuntamente algunas comunidades convencieron al ex presidente Hugo Chávez de que la demarcación se había hecho con financiamiento de una organización extranjera. A los investigadores se les estigmatizó como supuestos “agentes del Gobierno británico”.
47. Durante las evaluaciones de Venezuela ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2 y 3 de junio) y el Comité de Derechos Humanos (29 y 30 de junio), el presidente de la República Nicolás Maduro, se refirió en cadena de radio y televisión del 04-06-15 a los defensores de derechos humanos expresando: “Estos bandidos van a hablar mal del país y ganan miles de dólares”. En entrevista con el periodista y ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, en el programa José Vicente Hoy, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz -quien presidió la delegación del Estado en el examen del Pacto de Derechos Civiles y Políticos- al referirse a defensores y organizaciones que presentaron informes alternativos, señaló que “forman parte de ese grupo minoritario, conservador, que está forjando a nivel nacional e internacional, con mucho poder, se vienen movilizando en esa matriz de opinión con base a la tesis del Estado fallido para justificar cualquier ataque contra el Estado venezolano. Estamos hablando de apátridas”.
Vigilancia y seguimiento
48. El programa de televisión “Con el mazo dando”, mencionado varias veces en este informe, merece destacarse por ser parte de un patrón nuevo, más agresivo y de mayor gravedad que implica la vigilancia y seguimiento de determinados sectores de la sociedad venezolana, de manera combinada con funciones de seguridad del Estado. En este programa, aunque persiste la conducta de estigmatizar, intimidar y criminalizar a ciertos grupos, su conductor, el diputado Cabello, imputa, acusa y amenaza sin ningún tipo de control institucional, usando la figura de los patriotas cooperantes en calidad de supuestos informantes anónimos que reportan itinerarios de reuniones y viajes, contenidos de conversaciones privadas e incluso información detallada de actividades de las personas a las que se señala, incluyendo fotografías. En varias emisiones, el diputado Cabello ha sugerido que las ONG de derechos humanos se encontrarían realizando actos conspirativos y que, de llegar a comprobarse, tendrían sanciones penales, razón por la cual están bajo la vigilancia permanente de los patriotas cooperantes. La detención de varios tuiteros, sin procedimiento formal alguno, se ha producido al día siguiente de ser acusados por Cabello.
49. IPYS Venezuela ha encontrado en los registros que se hacen de este programa, que las ONG representan el tercer sector más señalado desde su lanzamiento en el 2014, la mayoría dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos. En los primeros 8 meses de 2015, 59 activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron víctimas de estas acusaciones, entre ellas Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal Venezolano, Provea, Espacio Público, Control Ciudadano, Cofavic, Observatorio Venezolano de Prisiones, Una Ventana para la Libertad, Transparencia Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la UCAB y el mismo Ipys. También han sido nombradas Human Rights Foundation, la CorteIDH, la CIDH y la ONU. Los defensores más nombrados han sido: Marco Antonio Ponce, Alfredo Romero, Marino Alvarado, Carlos Correa, Rafael Uzcátegui, Rocío San Miguel, Ligia Bolívar, Carlos Nieto Palma, Liliana Ortega, Feliciano Reyna, Rocío Guijarro, Rodrigo Diamanti y Mercedes de Freitas.
50. Durante el programa del 18 de marzo de 2015, el diputado Cabello leyó el texto enviado por un supuesto patriota cooperante apodado “Patriota avioncito”, en el que informaba que “El sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo, salía hacia la ciudad de Washington, vía Miami, un grupo de defensores y defensoras, y regresarían el 22 de marzo a las 2:30 de la tarde. Señaló Diosdado Cabello: “Estos son los mismos con los que se reúne la Embajada de los Estados Unidos, exactamente, que ellos los agarran aquí, le dan la inducción y después los mandan para Estados Unidos”; y mostró a la cámara una fotografía, señalando a varias personas en fila, una de ellas, Marco Ponce, con su cara enmarcada dentro de un círculo rojo, sobre la que expresó: “aquí van, haciendo la cola, por esta cola no protestan, aquí está, vía el imperio, a recibir órdenes”.
51. Previamente, en el marco del 154 período de audiencias de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, celebradas los días 16 y 17 de marzo de 2015, los comisionados exhortaron varias veces al Estado venezolano a garantizar la seguridad y protección de defensores y defensoras de Venezuela presentes en las sesiones. El 20-03-15 emitieron un comunicado público en el que manifestaron su preocupación por los señalamientos del diputado Diosdado Cabello durante el programa del 18 de marzo , y anteriormente, el 11 de febrero , contra defensores y defensoras que solicitaron audiencias . El 21-03-15, la CIDH otorgó medida cautelar a favor de Marco Antonio Ponce, por ser considerado uno de los defensores en mayor riesgo. En este contexto, la mayoría del grupo de defensores y defensoras que asistió a dichas audiencias fue objeto de actos de vigilancia y hostigamiento cuando regresaba al país, desde que arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y durante los controles de seguridad de inmigración e impuestos que realizaron las autoridades venezolanas, hasta su salida y retiro del aeropuerto. Pese a los exhortos de la CIDH, en el programa del miércoles 23 de marzo, el diputado Cabello continuó con la campaña de acusaciones graves contra defensores, con base en los informes de los patriotas cooperantes.
52. El ex coordinador de Provea, Marino Alvarado, ha sido uno de los defensores más atacados en los últimos meses, al acusarlo de recibir sumas de dinero en divisas para realizar labores de desestabilización democrática y tener relaciones con organizaciones paramilitares colombianas, como producto de las denuncias públicas de Provea respecto de los abusos cometidos en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo, en el que se ha promovido una campaña de xenofobia hacia la población colombiana. Las acusaciones falsas de Cabello, colocan en serio riesgo a este defensor y a todos los miembros de Provea. En un comunicado emitido el 21-07-15, la juventud de la Unión Patriótica Venezolana (UPV), partido pro gobierno que además involucra a grupos de civiles armados, expresó: “Provea se pronuncia solo para defender os derechos humanos de bandas paramilitares o grupos de antisociales (…) no defiende derechos humanos, es una organización ligada a factores políticos de derecha (…) ha formado parte de distintas delegaciones que se han dedicado a difamar a la revolución en el exterior difundiendo mentidas y tergiversaciones…”.
53. A pesar del comunicado conjunto de los relatores especiales de la ONU, Michel Forst, Maina Kiai y David Kaye, y los relatores de la CIDH, José de Jesús Orozco y Edison, publicado el 22-07-15, el diputado Cabello, no solo no detuvo o moderó sus expresiones, sino que abiertamente señaló que continuaría con esta práctica, indicando que tanto los miembros de los comités y los relatores especiales, así como los defensores y defensoras, pretendían hacer que se sacara del aire el programa. El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, manifestó también su rechazo al comunicado. En lugar de referirse a las obligaciones del Estado venezolano con los derechos humanos, descalificó a los relatores, haciéndolos parte de una supuesta campaña contra Diosdado Cabello, y acusándolos de intentar limitar su libertad de expresión.
Agresiones, detenciones y asesinatos
54. Defensores y defensoras de derechos humanos han sido también blanco de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de actores estatales y no estatales, así como de amenazas por teléfono y medios electrónicos, secuestros y robos. En el caso de éstos últimos, si bien pueden asociarse con actos de delincuencia común como producto del contexto de inseguridad y violencia en el que se encuentra el país, su frecuencia, objetos robados y coincidencia con señalamientos en contra de los defensores y defensoras afectados, no permiten descartar que guarden alguna relación con otras formas de ataque de las que han sido objeto.
55. En el contexto de la reforma de la ley de telecomunicaciones, representantes de la organización Espacio Público, junto con un grupo de académicos, acudieron a la Asamblea Nacional a solicitar un derecho de palabra, pues se pretendía incorporar elementos regresivos en materia de libertad de expresión. Allí fue agredido Carlos Correa, director de Espacio Público, y días después su oficina fue objeto de dos robos seguidos de equipos.
56. El 12-02-14, Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, fue víctima de secuestro por parte de civiles armados pro-oficialismo cuando regresaba a su casa luego de trabajar todo el día en el monitoreo de los hechos de violencia que ocurrieron ese día. Luego de fuertes amenazas contra él y su familia en caso de que denunciara, fue dejado en libertad. Sin embargo, desde ese mismo día debió mudarse. Luego del ataque, acudió a la Defensoría del Pueblo para formalizar la denuncia y se le solicitó a la defensora del Pueblo de aquel momento, Gabriela Ramírez, instar al Ministerio Publico a realizar una investigación. Se designó a un defensor delegado, quien acompañó a Inti Rodríguez al Ministerio Público para también hacer la denuncia formal. Solo fue citado una vez, a los 3 meses, sin que ni siquiera se hiciera prueba forense, a pesar de que, entre otros hechos, denunció que había sido objeto de una golpiza.
57. A Humberto Prado, coordinador del Observatorio de Prisiones, OVP, se le ha amenazado por vía telefónica, advirtiéndole que conocen sus movimientos y que tienen información sobre su esposa y sus hijos, su universidad y su escuela. El 27-05-10, 6 individuos en motos sin placas, vestidos con chaquetas, cascos y guantes negros, y sin identificación alguna, se presentaron en su zona de residencia intentando averiguar la dirección exacta de su apartamento. Ha acudido al Ministerio Publico a denunciar los ataques, pero el ente revierte la carga de la prueba, para que sea Humberto Prado quien demuestre los hechos, es decir, el Ministerio Público no realiza las investigaciones pertinentes.
58. Los miembros de la organización Venezuela Diversa han sido víctimas de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y agresiones físicas por parte de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional. La anterior defensora del Pueblo promovió una mesa de diálogo con los funcionarios, pero después, según señala la organización, el trato violento contra sus miembros se incrementó. En julio de 2014, dos integrantes de Venezuela Diversa recibieron amenazas de muerte por parte de dos sujetos armados, luego de ir a visitar a un familiar. Les robaron los celulares y advirtieron que si seguían hablando de lo que pasaba “con los maricos de la Libertador”, avenida en la que las mujeres trans hacen trabajo sexual, iban a matarlos. Hicieron la denuncia en el Ministerio Publico, y pasado año y medio no han obtenido repuesta.
59. La organización Foro Penal ha denunciado públicamente que varios de sus miembros también han sido víctimas de ataques. Su director ejecutivo, Alfredo Romero, en febrero de 2015, fue bloqueado por otro vehículo y apuntado con armas de fuego, luego de dejar en su casa a otra abogada de la organización. El hecho ocurrió minutos después de que fuera nombrado en el programa “Con el mazo dando”. El jefe voluntario de prensa del Foro Penal, Horacio Giusti, fue atacado con golpes en la cara, por sujetos que le decían que debía callar, luego de haberle dejado notas escritas intimidatorias en su casa. La CIDH dictó medidas cautelares a favor de Alfredo Romero y otros 3 miembros de la organización, víctimas de ataques y persecuciones. Además, han solicitado medidas a favor de otros dos miembros, también víctimas de ataques.
60. Luego de cuatro programas seguidos de “Con el Mazo Dando”, en los que el diputado Cabello hizo acusaciones contra Marino Alvarado, él y su hijo de 9 años, fueron víctimas de secuestro, robo y agresión dentro de su apartamento el 01-10-15, por 3 sujetos armados. Si bien no podría establecerse vínculo directo entre este hecho y la campaña de criminalización en su contra por parte del diputado Cabello, la evidencia parece indicar que los sujetos habrían estado esperando por él, pues habían entrado en el edificio tiempo antes y no habían agredido a nadie más. Cuando Marino Alvarado hizo responsable al Sr. Cabello por su integridad física y la de su familia, esto respondió en su programa del 6 de octubre: “…el que tiene malas juntas es usted, porque usted anda con paramilitares en Colombia, se va para Colombia y anda allá con paramilitares lo ponen preso y entrega una cedula con el número de cedula de una mujer. Usted sabe que es verdad, entonces no me esté echando la culpa a mí de sus malas juntas, de sus amigos, yo no tengo amigos como usted (…) que andan chantajeando gente o juntándose con paramilitares”.
61. Marcelo Crovato, abogado y miembro del Foro Penal Venezolano, fue detenido arbitrariamente en abril de 2014, en la ciudad de Caracas, mientras ejercía la defensa legal de unas personas a quienes le estaban allanando su domicilio por supuesta colaboración con manifestantes. Fue imputado de varios delitos y trasladado a la cárcel común de Yare III, en donde estuvo privado de libertad durante varios meses con presos comunes y en situaciones precarias, luego de lo cual le fue otorgada una medida de casa por cárcel por su delicada situación de salud. Su proceso judicial aún se encuentra en desarrollo y se mantiene con la medida de prisión en su domicilio.
62. Eliecer Jiménez, abogado defensor de derechos humanos, fue detenido el 19-02-14 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, mientras ejercía la defensa legal de 3 jóvenes que habían sido detenidos en ese momento por encontrarse protestando. Fue detenido junto con sus defendidos y trasladado a un destacamento militar del estado, en donde, como lo denunció formalmente, fue obligado a arrodillarse mientras esposado recibía golpes y patadas por parte de los funcionarios. Al día siguiente de su aprehensión fue trasladado a una sede de la Policía Nacional Bolivariana en donde, como denunció, fue desnudado completamente. El 21 de febrero fue imputado de los delitos de instigación pública, obstaculización de vías y resistencia a la autoridad, e impuesto de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas en el tribunal cada 30 días, situación que se mantiene vigente.
63. Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG de Derechos Humanos Un Mundo Sin Mordaza, fue detenido arbitrariamente en mayo de 2014 por funcionarios del Sebin, quienes le mantuvieron privado de libertad y aislado por dos días, luego de lo cual fue imputado de varios delitos penales, e impuesto de medidas restrictivas que actualmente se mantienen vigentes. Su proceso penal sigue abierto actualmente.
64. Carlos Rosales, quien fuera Presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas (AVHC), fue abordado por 4 funcionarios uniformados del Sebin en su clínica, ubicada en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, el 06-02-15, quienes le pidieron los acompañara a una entrevista. Fue interrogado por 5 horas en la sede de este cuerpo en Valencia, sin acceso a comunicaciones ni a sus abogados y familiares. Durante el interrogatorio se le hizo saber que se encontraba en calidad de detenido, debido a las declaraciones que había hecho ese mismo día por la mañana en el canal privado Globovisión. Las declaraciones, en las que se habló de la situación crítica de la atención sanitaria, causaron preocupación y la decisión de detenerlo, según explicaron los funcionarios. Fue puesto en libertad finalmente, luego de una intensa movilización de organizaciones que lo solicitaron.
65. Rosmit Mantilla, activista por los derechos de las personas Lgbti y miembro de la organización Proinclusión, fue detenido arbitrariamente el 02-05-14. Ha estado privado de libertad durante un año y cinco meses, durante los cuales solo ha tenido lugar una audiencia de presentación preliminar realizada el 30-01-15, después de haber sido diferida 11 veces, según han denunciado sus abogados. Se le imputan delitos producto de información de un patriota cooperante. Si bien su privación de libertad no está directamente relacionada con su activismo por los derechos de las personas Lgbti, es un defensor de estos derechos y su privación de libertad ha significado una severa limitación para su organización.
66. En otros estados del país, defensores y defensoras de Aragua, Barinas y Lara, señalan haber sido víctimas de seguimiento, persecución y amenazas de muerte, por parte de órganos de seguridad del Estado, así como por civiles armados. El caso de Víctor Martínez, en el estado Lara, ha sido denunciado reiteradamente: su hijo Mijail, también defensor de derechos humanos, fue asesinado en el año 2011, y él ha sido víctima de tres intentos de asesinato. Un defensor del estado Bolívar y su colega fueron detenidos por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, por un presunto caso de extorsión, y estuvo 4 días esposado, privado de libertad: “dormía esposado, comía esposado, me bañaba esposado”. Para salvaguardar su integridad física y la de su familia, debió reducir el número de denuncias que formulaba, y hasta hoy no ha habido ningún tipo de acto conclusivo.
67. La militarización de territorios indígenas ha generado numerosas violaciones a derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira, solo en esa zona, ha registrado hasta ahora 38 personas heridas, 19 torturadas, 1 secuestrada, 1 desaparecida y casi 500 personas privadas de libertad, así como allanamientos ilegales de las viviendas de las familias indígenas. Miembros del Comité han sido amenazados por militares pero, a pesar de haber denunciado estos hechos, no han obtenido respuesta. Provea ha documentado amenazas contra líderes indígenas que luchan por el derecho al territorio, que es el que les permite el desarrollo de sus demás derechos; son acusados y amenazados con sicariato. En la Sierra de Perijá, a una lideresa le han asesinado 4 hijos.
V. Recomendaciones
Siendo inaceptable que en una sociedad democrática, los defensores y defensoras de derechos humanos sean descalificados, intimidados y sometidos a represalias por su labor, en la que son afectadas víctimas en su necesidad de justicia ante abusos de poder y violación de sus derechos, y considerando los pedidos y reclamos realizados por Comisionados y Relatores de la CIDH en diversos informes y comunicados, y también por Relatores de las Naciones Unidas, Comité contra la Tortura (CAT), Comité de Derechos Humanos (CCPR) y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cescr) en sus respectivos Informes de Observaciones Finales, como resultado de las revisiones de Venezuela en los años 2014 y 2015 sobre el cumplimiento de los Pactos del sistema universal; quienes presentamos este informe solicitamos a los honorables miembros de la CIDH se exhorte al Estado venezolano adoptar las siguientes recomendaciones:
1. Poner fin de manera inmediata a todo tipo de declaración o acto de difamación, descalificación, intimidación, hostigamiento y persecución por parte de agentes estatales o agrupaciones no estatales vinculados a organismos o autoridades del Estado, de la que estén siendo objeto defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, dando una clara y visible señal de que garantiza su labor sin riesgos ni restricciones;
2. Llevar a cabo una investigación pronta, independiente, exhaustiva, imparcial y concluyente en torno a los hechos arriba denunciados relativos a actos de descalificación, intimidación y represalias, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley acordes con la gravedad de sus actos;
3. Garantizar una eficaz protección a la integridad física y psicológica, y a los derechos de todos los defensores de derechos humanos de Venezuela que sean objeto de descalificaciones, amenazas o ataques por causa de su trabajo; así como reconocer públicamente el papel esencial y la legitimidad de la labor que desempeñan los defensores y organizaciones de derechos humanos, y la protección que les garantiza el Estado al libre ejercicio de sus funciones, que conlleva investigar, documentar e informar, así como asistir a toda persona por actos de restricción o violación de derechos.
4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (artículo 1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (artículo 12.2).
Suscriben el presente informe:
Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH), Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Laboratorio de Paz, Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB), Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Transparencia Venezuela, Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida y a la Salud (Codevida), Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Federación Nacional de Asociaciones de Padres y Representantes (Fenasopadres), Asamblea de Educación, Venezuela Diversa, Unión Afirmativa (Unaf) y Acción Solidaria (AcSol)
Denuncias sobre acosos y ataques contra defensores
de DD HH en Venezuela
Audiencia Pública del 156 Período
de Sesiones de la CIDH
