Julio 16, 2015.-Antes solían ser predominantemente cubanos, muchos de ellos inmigrantes recién llegados de la isla que arrastraban las secuelas psicológicas del régimen comunista cubano.
Pero desde hace un poco más de un año, el Centro para Sobrevivientes de la Tortura de la Florida (FCST) comenzó a registrar un significativo cambio entre las personas que se acercaban por primera vez en busca de ayuda: la mayoría provenía de Venezuela.
Y es que entre la nueva oleada de venezolanos que está llegando se encuentran algunas víctimas de la feroz represión del régimen de Nicolás Maduro durante las protestas del año pasado que aún no logran dejar atrás sus trágicas experiencias.
“Desde los levantamientos de febrero del 2014, hemos pasado de proveer nuestros servicios primariamente de cubanos a venezolanos”, dijo Sylvia Acevedo, directora del FCST, un programa del Gulf Coast Jewish Family and Community Services que brinda servicios a víctimas de tortura política.
Entre los venezolanos “el trauma es muy grande. […] tienen mucho miedo a tener que regresar a su país [y] temen por los familiares que han dejado atrás”, añadió Sabine Balmir-Derenoncourt, coordinadora del programa en Miami del FCST.
Según las cifras del centro, los venezolanos ahora suman más de un 50 por ciento de las personas que están recibiendo ayuda. Muchos de ellos son de jóvenes con educación universitaria.
Presionado por una serie de protestas estudiantiles registradas a lo largo de Venezuela, el régimen de Maduro dio rienda suelta a una ola represiva en la primera mitad del año que terminó dejando al menos 43 muertos, cerca de 900 heridos y miles de detenidos.
Decenas de casos de tortura también fueron denunciados, así como el uso por parte del régimen de bandas paramilitares leales, conocidas en el país como colectivos, a cuyos integrantes se les atribuye muchas de las muertes y de las lesiones con armas de fuego.
Pero la furia del régimen también se volcó sobre integrantes de las agrupaciones de derechos humanos que salieron en defensa de los manifestantes.
Tal es el caso de Giovanna Medina, quien huyó a Estados Unidos en mayo del 2014, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la acusara de conspirar para derrocar al gobierno.
La joven abogaba, especializada en derechos humanos, formaba parte de una organización internacional llamada Global Shapers, que reúne a líderes juveniles de entre 20 y 30 años que realizan labores sociales en diferentes países.
La madre y la hermana de la joven abogada también lograron salir del país, pero su padrastro falleció de un infarto en Venezuela, dejando a Medina con la duda de si se debió al miedo y al estrés provocado por la situación de la familia.
“La culpa que sentí fue mucha”, confesó Medina, quien agradece el apoyo que ha recibido en el FCST.
“Pero ahora entiendo que no puedo cambiar eso, y en vez de sentirme mal por las actividades que había realizado, me llegué a sentir orgullosa, y continúo trabajando a favor de los derechos humanos aquí en Miami”.
Medina, al igual que la mayoría de los clientes venezolanos del FCST, el cual tiene oficinas en Miami y Tampa, solicitó el asilo político en Estados Unidos.
El FCST, patrocinado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y por las Naciones Unidas, conecta a víctimas de la tortura con una red de proveedores que incluye psiquiatras, trabajadores sociales, intérpretes, abogados y médicos, entre otros.
Si un cliente necesita evidencias médico forense, el centro los refiere a la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, la cual provee ese servicio a los peticionarios de asilo de manera gratuita.
La petición de asilo es un proceso costoso que toma mucho tiempo y no ofrece garantías de ser aprobado, explicó la coordinadora. Mientras tanto, las personas que lo solicitan no tienen ningún soporte económico, lo cual crea inestabilidad y tensión en el núcleo familiar.
Los peticionarios de asilo tienen que esperar 150 días después de presentar su solicitud a un permiso de trabajo. Además, llegan a Estados Unidos sin documentación o como turistas, y no tienen acceso a ningún beneficio.
Según Balmir-Derenoncourt, el 70 por ciento de los clientes del FCST procedentes de Venezuela llega a los Estados Unidos con dinero suficiente solo para sostenerse un promedio de tres meses.
Entre los clientes venezolanos del centro, “hay quienes han estado presos, hay casos de secuestro, de niños desaparecidos en buses escolares, y la persecución y las amenazas son constantes”, dijo Balmir-Derenoncourt.
“Hemos tenido casos de violaciones, sobre todo dentro de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales o transgénero),” añadió.
Según la coordinadora del centro, la petición de asilo “es muy estresante, y aumenta el proceso traumático para los peticionarios, porque tienen que demostrar que han sido torturados y tienen que revivir esa experiencia y someter pruebas”.
Patricia Andrade, directora de Venezuela Awareness, una organización comunitaria que ayuda a los venezolanos y ha referido clientes al FCTS, dijo que los daños emocionales entre los asilados políticos no son nada nuevo, pero que debido a “la persecución atroz y generalizada del 2014” el número de casos ha aumentado exponencialmente.
Según la activista, a menudo ha visto casos de venezolanos recién llegados que “viven bajo un terror constante de que algo muy malo les va a pasar”.
“Son personas que no tienen paz interior”, dijo Andrade.
